El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley del Cine que incluye la coletilla de “y de la Comunicación Audiovisual” para abarcar una realidad que va mucho más allá de las películas. “Son todos los mismos”, ha dicho encogiéndose de hombros el ministro de Cultura, Miquel Iceta, al presentar la norma este martes en la rueda de prensa.
Y la realidad es que la línea roja que separaba a los creadores de películas, series y documentales ya solo existía en una ley obsoleta que se aprobó en 2007. “El cine es solo una parte del ecosistema de creación artística e industrial audiovisual”, reconoce el anteproyecto, que estará gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y del que se pueden destacar varias claves.
No obstante, el Gobierno prevé que la ley entre en vigor el último trimestre de 2023, momento en el que ya se habrán celebrado unas elecciones generales que podrían cambiarlo todo.
1. Bienvenida a las series
“La serie de Amenábar, La fortuna, podría ser perfectamente una película”, ha dicho Iceta. La ley se abre así a otras obras audiovisuales “que no estén destinadas en primer término a ser exhibidas” en salas de cine. Las series, documentales y demás formatos podrán optar a las subvenciones por primera vez. También las plataformas. Un cambio que el gremio de productores ha celebrado, puesto que muchos de ellos colaboraban en proyectos para el streaming y la televisión.
El Gobierno no ha informado de cuánto aumentarán las subvenciones ahora que tienen más destinatarios. No hay números en el texto porque la ley solo establece “los criterios y las líneas de ayuda” y la cantidad se conocerá, como siempre, en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo que sí han declarado es que no se dedicarán solo a la producción, sino a la exhibición, internacionalización, desarrollo de proyectos, digitalización de salas, apoyo a salas independientes o de núcleos rurales, y conservación del patrimonio.
2. Las plataformas, al desnudo
Al incluir a las plataformas en la ley y en la línea de ayudas, el Gobierno reconoce que la cultura de consumo ha cambiado. Pero también que deben cambiar algunas prácticas que solo se permitían empresas como Netflix o HBO al mantener un secretismo total sobre el número de visionados y audiencia de sus productos. No será as en el caso de las producciones españolas, de las que tendrán que aportar toda la información si el Gobierno lo solicita, como hacen las salas de cine con las cifras de espectadores.
Esta petición de transparencia responde a “garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares”, según el anteproyecto. Esto ya ocurre, pero sin control del sector público: los creadores reciben una compensación económica en base al éxito de sus proyectos, pues las plataformas comunican las visualizaciones a las sociedades de gestión de derechos.
Lo que cambia con la ley es que el ICAA adquiere el compromiso de publicar estos datos periódicamente. Falta saber la postura de las plataformas ante este punto, ya que la confidencialidad ha sido siempre su principal as en la manga.
3. A vueltas con la definición de independiente
La otra gran apuesta de la nueva Ley del Cine es la creación propia, en lenguas oficiales y desarrollada en suelo español. Las ayudas a los productores independientes valorarán la realización novel, las obras de animación y las coproducciones internacionales. De esta forma se favorecerá su circulación y su rentabilidad. Pero, ¿qué significa independiente?
Este es el punto más controvertido de la norma. La definición de “independiente” que aparece en la Ley del Cine es más acertada, según las asociaciones de productores, que la de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, encabezada por el Ministerio de Economía y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Esta última es más laxa e incluye como “producción independiente” los “encargos” de un productor independiente, aunque su sede social esté fuera de España. Si se aprueba antes que la Ley del Cine, pondría en aprietos a ciertas empresas e incluso algunas podrían cerrar, advierten.
4. Más a lo español y en suelo español
La Ley del Cine asegura una mayor subvención a los proyectos que se rueden, se posproduzcan y se realicen en los laboratorios dentro de España. También premiará el uso de lenguas cooficiales con fondos o créditos específicos transferidos a las comunidades autónomas. Además, el Ministerio abrirá una nueva línea de ayudas para la distribución de cine español en el extranjero, como existe en Francia.
Asimismo, “se podrán conceder ayudas a distribuidoras independientes para largometrajes y cortometrajes que den a conocer ámbitos poco conocidos del audiovisual o que tengan difícil acceso al mercado; comunitarias e iberoamericanas”. La norma permite crear ayudas para las salas de exhibición, “preferiblemente aquellas que lleven a cabo una programación especializada en producción europea e iberoamericana, en versión original, que incluyan cortometrajes, o radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales”.
5. Requisitos para unas salas de cine que se ahogan
Todos los cines deberán respetar una cuota en su programación: incluir un 20% anual de películas de Estados miembros de la Unión Europea o iberoamericanas en cualquier versión“. Dentro de este apartado, obtendrán una doble puntuación los documentales, la animación, las cintas dirigidas por mujeres, las películas con subtítulos en lenguas cooficiales, o aquellas que tengan una recaudación baja que no supere los 200.000 euros, entre otros requisitos.
No es nada nuevo, porque resulta que la actual Ley del Cine establecía un porcentaje incluso mayor: del 25%. Los exhibidores recibieron dos líneas de ayudas –o subvenciones, como piden llamarlas, pues las tienen que justificar– en 2020 y 2021 para paliar la crisis de la COVID. En total, unos 20 millones de euros que suponen una tirita para los 200 millones de pérdidas que calcula el sector. Con el agua al cuello, no creen que esta ley mejore su situación, sino todo lo contrario.
Tampoco están del todo conformes con que el requisito del 20% sea una obligación y no un incentivo. Y no creen que esto ayude a que el cine español se haga un hueco en la cartelera. De hecho, en 2021 se han estrenado 250 películas de aquí y solo 10 han pasado del millón de euros de recaudación, de las cuales cuatro representan el 80% de todo lo que ha recaudado la producción española.
6. Un Consejo Estatal con funciones vagas
Para garantizar que se cumpla todo lo dispuesto en la ley, a la que todavía le quedan casi dos años por delante para ver la luz, proponen crear un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. Es decir, un organismo autónomo que facilite la colaboración público-privada y canalice las peticiones del sector para con las administraciones públicas. Los exhibidores ya se han quejado de la vaguedad de la definición de este Consejo y piden que se cree una Agencia de Cine independiente del Gobierno, como hay en Francia y Alemania.
7. Conservación del patrimonio cinematográfico
La ley también destinará ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, una misión que se realiza a través de Filmoteca Española y las filmotecas autonómicas. Por su parte, la Filmoteca Española será declarada Bien de Interés Cultural, lo cual atañe tanto a los edificios, uno de ellos el Cine Doré, como a su archivo.
¿Qué se considera patrimonio cinematográfico? Según la ley: las películas cinematográficas, las colecciones de noticiarios cinematográficos, el cine doméstico, el aficionado, el experimental, el educativo, el científico, el divulgativo, el institucional y el publicitario. No importa el soporte en el que se hayan realizado pero deben conservarse en el original. Al menos, el más fiel al original que exista. También los documentos y los objetos relacionados con la práctica cinematográfica entrarán dentro del patrimonio.
8. Calificación de las películas infantiles y X
Las películas tendrán un certificado de nacionalidad y una calificación. Para que una película se certifique como española por el ICAA, la productora tendrá que ser española o de otro Estado miembro de la UE establecido en España, con una serie de requisitos mínimos en la nacionalidad del elenco y el personal técnico.
La calificación de las películas, aunque es una práctica extraordinaria que no está regulada en otros ámbitos de la cultura, todavía se hace en el cine como una estrategia de protección a la infancia. La novedad de la ley es que introduce la “corregulación” en la que participará, además del ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual, las prestadoras de servicios de intercambio de videos a través de plataforma, las asociaciones de consumidores y usuarios, las empresas productoras, las distribuidoras y las exhibidoras. Asimismo, podrán participar las autoridades audiovisuales autonómicas competentes, así como otras posibles entidades interesadas.
La calificación se realiza únicamente a título informativo, no es obligatorio seguir esta recomendación salvo en el caso de las obras audiovisuales de carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia, que serán calificadas como películas X y que no podrán resultar accesibles para los menores.