Condenan a Calatrava por negligencia en el Palacio de Congresos de Oviedo
La litigiosidad de los proyectos del Santiago Calatrava es de sobra conocida y no solo en terreno nacional. Los titulares mundiales le han calificado como uno de los arquitectos más polémicos del panorama internacional y le tratan sin la clemencia de la justicia española. Corriere del Veneto calificó su trayectoria como una “imbarazzante serie di errori” (embarazosa serie de errores), en relación al puente en el Gran Canal de Venecia, y el New York Times le dedicó un editorial poco amable titulado “A star architect leaves some clients fuming” (Un arquitecto estrella deja a algunos clientes echando humo).
Uno de estos clientes descontentos a los que se refería el rotativo estadounidense era la promotora Jovellanos XXI, encargada de la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo. Cansada de las negligencias del técnico, la promotora recurrió a la Audiencia Provincial de la capital asturiana para abrir un nuevo episodio de controversia arquitectónica. La sentencia resultante condenaba a Calatrava a indemnizar con más de 10 millones de euros a la empresa privada y, a su vez, obligaba a Jovellanos XXI a pagar más de 7 millones al arquitecto por los honorarios que le debían.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha restado ambas cantidades y ha resuelto que Calatrava debe reembolsar 2,96 millones de euros por los defectos en la construcción y unos sobrecostes que se le atribuyen al acusado.
La sentencia le considera responsable de los daños porque era el encargado de la dirección de la obra y de su ejecución y, como tal, era “responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificación a pie de obra con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo”.
En segundo lugar, afirma que “la contratación de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcción de una obra singular o emblemática en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente más económicas”, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidades en caso de incumplimiento. Así, concluye que si el arquitecto realizó con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los daños derivados de su “negligencia” en la ejecución en virtud del contrato existente entre ambas partes.
Un proyecto maldito
Las obras de Oviedo estuvieron sembradas de controversia desde el primer momento. La localización entre varios bloques de edificios, pactada entre Jovellanos XXI y el gobierno local del PP, puso en jaque a los vecinos ovetenses. Además, se sumaron varias averías, el derrumbe de un graderío y el rechazo de algunos por un diseño típicamente calatravista. Todas estas razones llevaron al consistorio de Oviedo a reclamar la gestión y concesión del Palacio de Congresos alegando que el contrato de concesión de la empresa privada incluía “infracciones gravísimas”.
El desencadenante, sin embargo, fue la imposibilidad de fijar una cubierta móvil en el complejo y que era condición sine qua non en el acuerdo de la construcción. La sentencia reconoce que la visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las señas de identidad del mismo. En este sentido, destaca que hubo una “falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil con la necesaria seguridad y frecuencia”, y eso “incluso antes de producirse la fisura”.
Calatrava aceptó “una solución constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un daño a la promotora perfectamente evaluable”, subraya el alto tribunal.
El fallo de hoy se produce un día más tarde de que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo obligara al Ayuntamiento de la capital asturiana a pagar más de 25 millones de euros a la sociedad Jovellanos XXI en concepto de liquidación del contrato del palacio de Congresos. El consistorio quedó entonces exento de abonar gran parte de los 90 millones de euros que le reclamaba la promotora después de que el gobierno municipal de Oviedo resolviera unilateralmente el contrato en 2014.
