Los presupuestos de cultura más altos de la historia se olvidan del patrimonio sin protección

Los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez para 2022 son los más generosos de la historia para la cultura, pero no para toda: la conservación y restauración de bienes culturales dejará de recibir 23.135.000 euros y quedará en 21.166.000 euros, es decir un 8,6% menos. Como indica Fernando Carrera, expresidente de la Asociación Profesional de Conservadores y Restauradores (ACRE), “la inversión en patrimonio no ha dejado de recortarse desde 2008 de manera escandalosa, que también se haga con los mejores presupuestos culturales es muy simbólico de la importancia que se le da a este sector”. La vicepresidenta de ACRE es Pilar Vidal y resume el recorte de una manera sencilla: “Así no se conserva el patrimonio. Es un error y un horror porque el patrimonio genera riqueza”.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, ha mantenido reuniones a lo largo del verano con todos los sectores de las industrias culturales, pero no con los agente del patrimonio cultural. El sector se considera “aislado” y sin representación en el Ministerio de Cultura. Además, el ministro ha dado por “muerta” la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que había puesto en marcha el exministro José Manuel Rodríguez Uribes y no hay fecha para la presentación de un nuevo anteproyecto.

Desde el Ministerio aseguran que el presupuesto en conservación y restauración se ha incrementado en 51 millones de euros gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. De esta partida hay que apartar los más de diez millones que van destinados a la reforma de Tabacalera y los 40 restantes se repartirán solo entre los Bienes de Interés Cultural (BIC) de todas las Comunidades Autónomas.

Es decir, los bienes que no cuenten con la máxima protección que les otorga la ley no formarán parte de estas ayudas. Según el Anuario de Cultura 2020, los BIC inmuebles son 17.199 y los bienes muebles, 23.400. Sin embargo, muy pocos serán los privilegiados con los fondos europeos si tenemos en cuenta que la reparación de la cubierta de la Catedral de Toledo supondrá un millón de euros.

Pocos de los casi 1.200 bienes incluidos en la Lista Roja del Patrimonio que denuncia Hispania Nostra podrán acogerse a esta partida. Estos hitos arquitectónicos, en su mayoría en la España Vaciada, seguirán dependiendo del mecenazgo que consigan sus vecinos para mantenerlos en pie, como ha sucedido en Quintanilla de Riofresno (Burgos), donde su alcalde logró rescatar el retablo mayor del pueblo gracias a las aportaciones particulares.

Recortar el pasado

“Los fondos priorizan los Bienes de Interés Cultural pero son insuficientes para un país como el nuestro con más de 30.000 bienes inscritos. Tampoco vemos medidas para valorizar el patrimonio de la España Vaciada. No nos convencen. Es desesperante, un sinsabor, como arar en tierra seca. Es una estocada inexplicable al patrimonio. Este sector parece que no les interesa, no le ven influencia social y presencia. El problema es que esto se va a replicar en los presupuestos de las Comunidades Autónomas”, indica Jordi Tresserras, el presidente de ICOMOS España, organismo asesor de la Unesco.

Los Presupuestos Generales del Estado recortan las inversiones del 1% cultural (fondos aportados por el Estado derivados de los contratos de obras públicas): en 2021 fueron 16,2 millones de euros y para 2022 calculan 14,2 millones de euros. Habrá dos millones de euros menos para conservar y restaurar los bienes históricos y artísticos que no están registrados. A pesar de esto, los Presupuestos recuerdan que el artículo 46 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y a promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.

La notable reducción de inversión no impide que los Presupuestos marquen como objetivo del capítulo en Conservación y Restauración para 2022 “un mayor esfuerzo inversor para apoyar la protección del patrimonio cultural mediante su conservación, restauración, formación, investigación y difusión”. También advierten que con el periodo del estado de alarma de la COVID-19 “muchas intervenciones y actuaciones se han retrasado y tendrán que extenderse al año 2023, para finalizar aquellas intervenciones empezadas y el inicio de otras pendientes hasta la fecha”. Todo ello se hará mermando la inversión pública en todas esas intervenciones.

Por si fuera poco, se advierte sobre “la necesidad de una actualización para la mejora como instrumentos de gestión, actuación y generación de conocimiento” de los Planes Nacionales. Es una petición que se remonta a 2019, a raíz de la alarma internacional causada por el incendio de la catedral de Notre-Dame de París. Entonces se descubrió que los Planes Nacionales de Catedrales no estaban actualizados y que era un propósito de urgencia reformarlos y dotar de mayor ayuda este capítulo. Dos años después los planes siguen esperando la actualización y no hay incremento en la partida económica.

Sin noticia del Patrimonio Inmaterial

En los objetivos del capítulo de Conservación y Restauración se comprueba el descenso del número de actuaciones presupuestadas, pasando de 33 a 20 intervenciones en bienes culturales propiedad del Estado. Las investigaciones también se recortan y de 30 pasan a 24. Las únicas actuaciones que crecen son las que se realizarán en arquitectura religiosa: de 14 a 18. Y en abadías, monasterios y conventos lo mismo: de 11 a 14. Las ayudas a actuaciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial han desaparecido.

Hay un desvío considerable en las ayudas a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que pasa de 575.000 euros a 75.000 euros, es decir, un 87% menos. El dinero que antes se destinaba al inmaterial ahora se invertirá en la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la Vega Baja en el Ayuntamiento de Toledo, donde el Ministerio va a invertir 500.000 euros. Y 100.000 euros para el Ayuntamiento de Sestao para la restauración del Alto Horno. Incluyen dos transferencias de capital por valor de 20.000 euros a la Fundación Docomomo Ibérico para proyectos sobre la conservación de la arquitectura y el urbanismo moderno y otros 20.000 euros para la Fundación Santa María de Albarracín para proyectos de conservación y formación en áreas de la España Vaciada.

No hay cambio climático

No hay mención al patrimonio como herramienta de lucha contra el cambio climático entre las lineas de actuación de 2022 ni en el capítulo de Conservación ni en el de Protección. A pesar de los objetivos que está marcando la comisión de Cultura de la Unión Europea en este sentido, el Ministerio de Cultura no ha incorporado esta emergencia entre sus planes. Los estudios difundidos desde la UE señalan que los edificios históricos representan una fuente importante de carbono, energía y recursos naturales incorporados. Su reutilización puede contribuir a reducir las emisiones asociadas con la construcción de edificios.

“El cambio climático sigue siendo la mayor amenaza para nuestro pasado, presente y futuro. La escala de este desafío puede parecer abrumadora, pero estoy más convencido que nunca de que nuestro patrimonio cultural es clave para la solución”, explica Will Megarry, responsable de ICOMOS en este ámbito. Ana Galán es delegada de ACRE en European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation (ECCO) y asegura que se necesita “mayor coherencia entre las normas que España sigue y ratifica en Europa, con una inversión acorde a las necesidades de conservación”.

“Apenas a una semana de la celebración de los Días Europeos de la Conservación-Restauración de 2021 con la participación de 22 países y más de 200 entidades públicas y privadas europeas en las que hemos visibilizado la necesidad de proteger nuestros bienes culturales, este retroceso en las inversiones supone, como mínimo, un desconcierto y marca un descompás respecto a nuestros colegas europeos”, sostiene Ana Galán.

La protección, congelada

El capítulo de Protección del Patrimonio Histórico crece de 8,7 millones de euros a 11,5 millones de euros, es decir, 2,8 millones más. Sin embargo, 2,3 millones de euros irán destinados a cubrir los capítulos uno y dos, es decir, a la administración de los gastos del personal funcionario y los gastos corrientes de las administraciones. Los capítulos cuatro, seis y siete (de transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de capital) apenas crece medio millón de euros. En 2022 habrá más dinero para mantener la administración y la gestión que para las ayudas a la protección, que se quedan en 7 millones de euros.

La incorporación a esta partida más llamativa son los 35.000 euros destinados a la Fundación del Toro de Lidia “para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la Tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital”. En la partida aprobada para 2021, con José Manuel Rodríguez Uribes al frente del Ministerio de Cultura, no figuraba ninguna ayuda a dicha fundación. De hecho, entre los objetivos que se marca el equipo de Iceta en Protección del Patrimonio figura el siguiente: “Favorecer el conocimiento de la tauromaquia como elemento representativo de la cultura española”.

Entra el Toro de Lidia y sale el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que no recibirá ninguna transferencia de capital. Y además del Toro reciben transferencias la Fundación del Centro Nacional del Vidrio (350.000 euros), la Fundación Real Fábrica de Tapices (510.000 euros), el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (210.000 euros), la Asociación Campaners de Albaida para crear un inventario del toque manual de campanas (que deja su partida en la mitad de 2021, 20.000 euros), a Hispania Nostra (que aumenta su ayuda hasta los 45.000 euros) y nuevas entradas como la Alianza de Paisajes Culturales (25.000 euros), la Asociación Los Pueblos más bonitos de España (30.000 euros) y la Fundación Patrimonio Marítimo Vasco (30.000 euros).