El Gobierno valenciano se enfrenta a 1.300 millones en reclamaciones por planes urbanísticos mal tramitados por el PP

Como si de la espada de Damocles se tratara, la Generalitat Valenciana se enfrenta a reclamaciones patrimoniales por valor de 1.391 millones de euros, una amenaza que podría convertirse en un serio contratiempo para su ya de por sí maltrecha economía.

Esta cuantía corresponde a lo que promotores y particulares de suelos urbanizables y urbanos han reclamado hasta ahora al Consell en concepto de indemnización, tras anular la justicia hasta 89 planeamientos urbanísticos aprobados en la época de gobierno del PP, al carecer de los preceptivos informes vinculantes.

La Conselleria de Territorio y Vivienda ha informado de que estos planes urbanísticos se aprobaron sin el visto bueno de las confederaciones hidrográficas fueron tramitados obviando los informes evaluación ambiental.

Entre los planes fallidos destacan el PAI de Rabassa en Alicante por el que reclaman al Consell 43,1 millones de euros; el de l'Algar en Altea, por el que los promotores solicitan una indemnización de 30,8 millones; la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Puerto Mediterráneo, en Paterna, por la que reclaman 283,8 millones; la ZAL de Valencia, por la que piden 54,9 millones, o el PAI de Porxinos, en Riba-roja de Túria, por el que solicitan una compensación de 19,4 millones de euros.

La consellera de Territorio y Vivienda, María José Salvador, ha comentado que “las consecuencias son muy graves, la Generalitat se enfrenta a un descomunal número de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, algunas que ya han llegado a los tribunales y otras que lo harán los próximos años, situación que afectará gravemente a las exprimidas arcas públicas”.

Salvador ha subrayado que en el actual Consell “las tramitaciones se hacen con absoluto rigor y los informes técnicos se respetan, porque se han acabado los tiempos en que los proyectos se aprobaban sin los informes preceptivos, se obviaba la normativa o no se tenían en cuenta informes tècnicos”.

Medidas para evitar planes fantasma

Ante esta situación, la consellera asegura: “Es necesario levantar esta Comunidad y recuperar el prestigio perdido durante estos años; necesitamos valorar nuestro territorio tan castigado durante la burbuja immobiliaria”. Y añade que “el nuevo Consell ha adoptado ya varias medidas para evitar estos errores del anterior gobierno”.

Una de los más importantes es la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) que ya se encuentra en las Corts Valencianes para tramitación, debate y aprobación.

La modificación afecta a cerca de cien artículos del texto legislativo ante la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un urbanismo al servicio de las personas, del interés general y más sostenible.

El nuevo texto garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentando los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitando que los agentes urbanizadores puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable.

También se pretende dar los instrumentos necesarios a los ayuntamientos para que den solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que han tenido efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental.

Así, se dan alternativas e instrumentos jurídicos a los municipios para que decidan cómo actuar frente aquellos suelos que iniciaron la gestión urbanística y no la han finalizado, las denominadas “urbanizaciones fantasma”.