Siete detenidos en Sagunt en una investigación sobre la gestión del agua en época del PP

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policia han lanzado hoy una operación contra la corrupción en la gestión del agua en el Ayuntamiento de Sagunt en la época en la que el actual diputado por el PP en las Cortes Valencias, Alfredo Castelló, era alcalde.

El dirigente popular está actualmente aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La investigación, conocida como ‘Operación Flotador, está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. ’

Los delitos que se investigan son los de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en una cuantía de 24 millones de euros.

Esta investigación, que lleva dos años abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunt, gira en torno a la adjudicación irregular del ciclo de agua durante 25 años a la empresa Aguas de Valencia. Hay indicios de que se cometieron irregularidades en el concurso adjudicado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad mixta que se encargara de la gestión del agua.

Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunt (51%) y la entidad Aguas de Valencia SA(49%), la cual resultó adjudicataria de la licitación.

La cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros, cantidad que se corresponde con la valoración económica de la concesión del agua, obrante en el expediente del Concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunt y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua y cuya gestión corresponde a Aigües de Sagunt SA, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de Aguas de Valencia, y una ausencia de ingreso del importe restante de 11.500.000 euros hasta los 24 millones de euros antes citados.

Según aseguran fuentes jurídicas, Castelló era cuando se formó el contrato alcalde y es quien firma y formaliza el contrato de la gestión del ciclo integral del agua con diversas irregularidades. Además, aparece como miembro de la mesa de contratación y del Pleno de la Corporación Municipal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la adjudicación.

Este asunto se investiga desde octubre de 2016, cuando agentes de la UDEF se personó en la sede central del Ayuntamiento de Sagunto, en la Concejalía de Urbanismo de este municipio valenciano y en dos sedes de Aguas de Valencia para requerir expedientes relacionados con la ‘Operación Flotador’.