La Generalitat abre un expediente a Ribera Salud por el traslado de sanitarios de Elche y Torrevieja a Madrid para un programa fallido de test masivos
Indignados, así dicen mostrarse los trabajadores y trabajadoras del Hospital del Vinalopó, el centro público de gestión privada de Elche, gestionado por el grupo Ribera Salud, tras saberse que parte de su personal está en Torrejón de Ardoz para participar en una iniciativa fallida de realizar test masivos de COVID-19 a la población de Torrejón de Ardoz en un momento en el que la ciudad ilicitana se encuentra en plena desescalada.
La iniciativa organizada por el ayuntamiento madrileño en colaboración con el conglomerado empresarial era compoletamente desconocida por el comité de empresa. Un total de 35 empleados de hospital ilicitano, y unos 25 del de Torrevieja, todos ellos pertenecientes a Ribera Salud, acabaron el pasado domingo Torrejón localidad, junto con otros 60 trabajadores que tiene la empresa en otros puntos del país.
Además de enfermeras, del Vinalopó se han marchado “varios trabajadores que forman parte del personal estructural de la empresa”, desvelan fuentes del comité. “Justo en el momento en que estamos desescalando y retomando la actividad ordinaria (quirófanos, exploraciones complementarias, consultas..), en el momento en que el personal estructural empieza a ser al 100% necesario, se marchan”, añaden sobre una operación que tachan de “puro marketing”.
Por su parte, la dirección, que no precisa el número de trabajadores que se han marchado, recalca que lo han hecho de forma voluntaria. Tampoco responde a una de las incógnitas que sobrevuelan: ¿Han contado estos trabajadores y trabajadores con un permiso especial para acudir a Madrid cuando el decreto del estado de alarma lo prohíbe entre comunidades?
Ante estas denuncias, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha abierto un expediente informativo a Ribera Salud para “solicitar información acerca del número de trabajadores que han desplazado al Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid”. También se ha solicitado información por parte de la Conselleria de Sanidad sobre sus categorías profesionales, durante cuánto tiempo se han desplazado y desde cuándo se han producido estos desplazamientos de personal sanitario y fecha prevista de reincorporación a sus centros.
Además, la Conselleria ha preguntado cómo se ha sustituido a estos profesionales con el objetivo de conocer los efectos que haya podido tener en la prestación asistencial a la población que atienden estos departamentos.
Compromís formulará este miércoles una pregunta parlamentaria en las Corts Valencianes a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre esta iniciativa, mientras que su portavoz adjunta, Aitana Mas, ha criticado este martes las consecuencias que podría acarrear para los usuarios de los hospitales de Elche y Torrevieja: “Los intereses de Ribera Salud no deberían afectar a la salud de nuestra población: hace falta saber si trabajadoras pagadas con dinero público a una empresa concertada son usadas para hacer test contra la COVID-19 por un ayuntamiento madrileño”.
Sobrecarga
El comité de empresa ha denunciado a su vez otra polémica que pesa sobre los trabajadores y trabajadoras, cuya sobrecarga laboral para afrontar el coronavirus les ha llevado a solicitar una comisión paritaria extraordinaria, rechazada por la empresa “por no ser tema de negociación de convenio”, aseguran.
Una sobrecarga que, según sus representantes, se traduce en que “no se ha reforzado ni con un solo contrato la Atención Primaria, desde donde se están haciendo seguimiento a todos los pacientes en aislamiento domiciliario: las PCR de estos pacientes y de todos los pre-quirúrgicos y el seguimiento a todos los contactos asintomáticos que genera cada caso sospechoso de COVID-19”. La situación se arrastra desde el 11 de mayo.
Estas mismas fuentes ya denunciaron en junio de 2018 que un centenar de facultativos se habían marchado en año y medio por la carga asistencial “brutal” que soportan y el incumplimiento reiterado de la jornada laboral.
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