El futuro del Aeropuerto de Castellón, pendiente de una decisión del Gobierno
El aeropuerto de Castellón inaugura el año entre negociaciones para lograr la gestión directa de la infraestructura por parte de la sociedad pública Aerocas –la cual debería producirse el 30 de noviembre-. Se avanza así en la hoja de ruta anunciada el verano pasado por el gobierno de la Generalitat, presidida por Ximo Puig, y que supondrá el relevo de la Administración a la actual concesionaria. Durante el actual periodo de transición, todas las decisiones se toman de manera consensuada con una comisión mixta integrada por Aerocas y la concesionaria Edeis.
Este periodo continuará hasta finales de 2019, momento en el que la sociedad francesa deje de operar las instalaciones y la Generalitat Valenciana pase a gestionar completamente la actividad de la base aérea. A partir de ese momento, los esfuerzos de la Generalitat podrían ir encaminados a conseguir la integración del aeropuerto en la red pública, a través de la gestión por parte de Aena -la sociedad que gestiona la red de aeropuertos públicos de España-.
En este sentido, desde el Gobierno central han manifestado que esta posibilidad solo podría materializarse a través de un concurso público para la adjudicación de la gestión y que la participación de Aena en dicho concurso mantendría siempre el principio de buena administración o eficiente utilización de fondos públicos. A esto hay que sumar los esfuerzos de la Generalitat Valenciana por conseguir que Fomento materialice la declaración de obligación de servicio público (OSP) de la línea aérea Castelló-Madrid durante el primer semestre de este año.
Pendientes de Madrid
Ximo Puig sabe que el actual Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a escucharle y por ello trabaja para conseguir integrar el aeropuerto en la red pública o que se declare la ruta aérea Madrid-Castellón como servicio público –lo cual supondría un fuerte impulso para las instalaciones-. Desde Generalitat se ha remitido al Ministerio de Fomento un informe reforzando y justificando la petición de la OSP.
Sin embargo, desde Fomento sigue sin haber confirmación oficial y los presupuestos presentados este año no reflejan una asignación a tal propósito, a pesar de que Ximo Puig consiguiera obtener –en su reunión de octubre con el presidente del Gobierno en la Moncloa- el compromiso de Sánchez para traer a Castelló la OSP. No obstante, el propio Ximo Puig reconocía a principios de mes la necesidad de “vencer obstáculos” en dicha negociación, aunque espera que este año pueda tener lugar una declaración que resultaría fundamental para el desarrollo del aeropuerto.
La necesidad de la declaración de servicio público
Los argumentos esgrimidos por el Consell para la aprobación de la OSP se centran en la necesidad de vertebración del territorio y en dar una respuesta al desequilibrio territorial y económico en la provincia de Castellón. La ruta serviría, además, para fomentar el desarrollo del sector cerámico –uno de los más importantes a nivel provincial- y el del sector turístico.
Por contra, pesan muchos factores como la existencia de servicios ferroviarios de alta velocidad que ya cubren la ruta prevista, así como el volumen de pasajeros del aeropuerto –que pese a ser poco y haberse reducido el último año, sigue rebasando el baremo establecido desde Europa-. Desde la Generalitat argumentan que, pese a disponer de AVE, la frecuencia del mismo y la falta de cobertura en todo el territorio –con toda la mitad norte de la provincia desguarnecida- justifican la concesión de la ruta aérea de servicio público.
Desde Presidencia se hace hincapié en la existencia de la voluntad política del Gobierno central para sacar la OSP adelante y la suficiencia de los argumentos esgrimidos en el informe presentado a Fomento. Una vez obtenida se aplicaría la misma fórmula que ya usan en otras comunidades autónomas de España en las que ya se ha implementado este tipo de rutas.
