Sin cobertura telefónica, sin cobertura social: las trabajadoras sociales piden a las compañías que no corten el móvil a las personas vulnerables

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las carencias del sistema económico y las brechas entre clases. A medida que avanza la pandemia, las distancias entre quienes tienen acceso a una vida digna y los colectivos más vulnerables se hacen más evidentes.

Las trabajadoras sociales son un colectivo testigo de estas brechas y han visto su actividad acelerada durante el confinamiento. Como el resto de equipos de servicios sociales, han tenido que adaptar su trabajo de seguimiento a la vía telefónica. Y en este punto han encontrado ciertos problemas. Desde hace días, Raquel Fuster, trabajadora social sanitaria y vocal del Colegio de Trabajo Social de Valencia, observa una situación extraña. Varios pacientes por los que vela no responden a sus llamadas y una grabación advierte de que el teléfono tiene restringidas las llamadas. A otras compañeras les ha sucedido lo mismo.

El motivo: que las personas a las que realizan el seguimiento no pueden costearse un contrato con una compañía de teléfono y utilizan tarjetas de prepago. Las salidas restringidas y la compleja situación económica, que se ha agravado para muchos este último mes, han dejado sin saldo telefónico a varias personas. Y esta situación, si se sostiene en el tiempo, provoca que la compañía corte la línea móvil.

El móvil es la única forma de pedir auxilio para los colectivos más vulnerables. Muchos no tienen ordenador, ni internet, ni vivienda estable, ni otra forma de tramitar sus ayudas si no es a través de trabajadores sociales. Raquel Fuster define su trabajo como “hacer de puente entre las personas y los servicios sociales y sanitarios”. Si se interrumpe la comunicación, puede derivar en graves consecuencias para la salud de las personas afectadas.

En estos momentos, esta trabajadora atiende a unas 15 personas diarias. Entre ellas, una mujer con tres costillas rotas, que reside en una vivienda sin contrato de alquiler y apenas puede moverse de la cama; un hombre mayor que ejerce de cuidador de su pareja, con una enfermedad mental; un anciano cuyo único ingreso es una pensión no contributiva y requiere tratamiento de diálisis o pacientes oncológicos que no encuentran mascarillas. “Tengo que saber si se han levantado de la cama, si han comido, si tienen su medicación”, expresa Raquel.

El mismo día que se realiza la entrevista recibe la llamada de una persona sin hogar que acaba de salir de urgencias y se ha encontrado con la oficina de servicios sociales cerrada [las medidas del estado de alarma provocaron un cambio en la atención, que se sigue realizando a través de otros medios]. Es la cuarta vez en un corto periodo de tiempo que acude a urgencias. “La situación social está muy relacionada con la salud”, señala.

“Su perfil es de riesgo a nivel social. Viven en barrios vulnerables, con ingresos económicos precarios, generalmente con estudios incompletos. Es un perfil mucho más vulnerable”, explica esta trabajadora. Y es por esa situación de extrema vulnerabilidad por la que solicitan a las compañías que no corten la comunicación en estos momentos. Sin teléfono, no pueden acceder a los recursos; quedan fuera del sistema de protección.

La plataforma de consumidores Facua emitió un comunicado la semana pasada en el que instaba a las principales operadoras a reactivar las tarjetas prepago que han agotado sus cargas. Movistar y Vodafone expresaban en sus redes sociales, requeridos por trabajadores sociales, que han emitido la orden de prolongar la validez de las líneas sin recarga 30 días más. La comunicación, de momento, no ha llegado a todos los afectados.