Los casos de corrupción del PP ocupan a más de la mitad de los juzgados de instrucción de Valencia
Los casos de corrupción del PP valenciano tienen ocupados a 11 de los 21 juzgados de Instrucción de la ciudad de Valencia, la mitad de todos los que investigan los delitos de relevancia penal en el partido judicial de la capital.
El estallido de los dos últimos escándalos, que implican al Gobierno de Francisco Camps sobre los sobrecostes en la Fórmula 1 y afectan al alquiler de 7.000 urinarios con dinero público para la visita del Papa, se ha producido en los juzgados número 17 y número 5.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que enviar tres jueces de refuerzo a los juzgados de Instrucción de Valencia número 18 –que investiga el caso Taula–, el número 15 –que indaga en un fraude en el Palau de les Arts y en el contrato público de las resonancias– y el número 21, cuya jueza precisamente este jueves ha finalizado la instrucción y ha abierto juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y otras 23 personas por el saqueo de los fondos públicos de ayuda a la cooperación valenciana.
El CGPJ también ha creado una unidad de apoyo específica para los juzgados que investigan la corrupción que ayuda en sus instrucciones. Por ejemplo, tuvo que actuar en el caso IVAM ante el retraso a la hora de nombrar un perito para la causa sobre el fraude en la gestión del museo de arte moderno valenciano, según explicaron fuentes judiciales. Esta oficina intenta agilizar los trámites en peticiones a otras instituciones implicadas también en la investigación.
Los juzgados del partido judicial de Valencia son los más saturados por las causas relacionadas y con imputados del PP porque las instituciones se encuentran ubicadas en la capital. Pero a día de hoy se siguen procesos e investigaciones contra el PP valenciano en la Audiencia Nacional, la Audiencia de Valencia, la Audiencia de Alicante y juzgados de Instrucción de Alicante, Orihuela, Paterna, Sagunto, Xàtiva, Llíria, Elche o Castellón. Además, no solo se libran investigaciones sobre el PP de Camps, sino sobre miembros de los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana (Caso Brugal) y Alberto Fabra (Fórmula 1 y caso Serafín Castellano).
Así, el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investiga un presunto caso de cohecho del vicealcalde de Valencia –mano derecha de Rita Barberá–, el caso IVAM y el caso de las negociaciones para la llegada de la Fórmula 1 a Valencia, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
El titular del juzgado de Instrucción número 3 trata de averiguar si en los años de gestión popular la Conselleria de Educación pagó liberados de la patronal de los colegios concertados. Los acusados habrían cobrado del erario público pero trabajado en realidad en la organización de las escuelas concertadas.
El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia instruye la causa contra el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, por presuntamente haber restaurado libros de particulares con dinero público. En el número 6, el juez instructor investiga los contratos de la Conselleria de Sanidad con el lugarteniente de Rafael Blasco entre los años 2004 y 2007.
En el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia se investiga una trama organizada en el Hospital General de Valencia que habría desviado presuntamente fondos de contratos públicos. Están imputados el exgerente Sergio Blasco, varios miembros de su familia y empresarios del sector sanitario.
Finalmente, en el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia se investiga al exdelegado del Gobierno de Mariano Rajoy Serafín Castellano por presuntamente amañar contratos con la empresa de construcción de un amigo cuyas esposas comparten patrimonio. Y el número 20 de Instrucción realiza pesquisas sobre la empresa Trasgos, que organizó la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2011.
