El financiador del PP Enrique Ortiz pacta su confesión en el amaño del plan general de Alicante para rebajar la pena de cárcel de 8 a 2 años

El empresario y financiador ilegal del PP valenciano ha pactado con la Fiscalía y las demás acusaciones confesar que el plan general de ordenación urbana de Alicante se amañó para beneficiarle. A cambio, el Ministerio Público rebajará su petición de pena de ocho a dos años de cárcel, lo que le podría evitar como ya pasó en el caso Gürtel su entrada en prisión.

El promotor alicantino se enfrentaría pues a un año y medio de prisión y una multa de 356.528 euros por el cohecho a políticos y funcionarios, así como otros seis meses más y 526.261 euros de multa por tráfico de influencias. Ortiz, quien continúa ganando dinero con sus contratatas con la administración alicantina y la Generalitat valenciana, acepta el pago de 713.000 euros.

Al acuerdo se han sumado otros acusados como su hermano Virgilio y deja en una situación insostenible a la que fuera alcaldesa de Alicante por el PP Sonia Castedo y a su antecesor Luis Díaz Aperi, quienes siempre han negado los hechos. Se trata del segundo acuerdo que cierran acusados en la causa del plan general. El primero fue el empresario Ramón Salvador tras admitir que pagó 116.000 euros al bufete del hermano de la alcaldesa para que se le recalificaran unos terrenos