Un día en los tribunales portátiles que rechazan al 99,8% de refugiados en la frontera de EEUU con México

Debajo de una carpa de lona blanca, tras una alambrada espino y perros policías que ladran, Wendy Ramírez Penosa y sus dos hijos adolescentes se ponen de pie frente a una jueza de inmigración sentada a 48 kilómetros de ellos. Con lágrimas en los ojos, Wendy y sus hijos ruegan al tribunal que los pusiera a salvo.

“Me han amenazado con secuestrarme a los niños”, afirma Ramírez con un traductor, detallando la intimidación a la que ha estado sometida tanto en México como en Honduras, su país natal. “Me dijeron que me obligarán a trabajar en un burdel. No quiero que me envíen de regreso a México. Han asesinado a mi padre [en Honduras], por eso huimos”.

La escena tuvo lugar el lunes pasado por la tarde. Ramírez estaba defendiendo su caso en uno de los tribunales de inmigración que el Gobierno de Donald Trump ha montado recientemente en carpas a pocos metros de la frontera con México, en Brownsville, Texas. Estos tribunales improvisados, construidos el pasado septiembre, no están abiertos al público pero tienen un papel central en la política de protocolos migratorios conocida como 'Remain in Mexico' [Permanecer en México], impulsada por el presidente. Los activistas describen esta política como un intento por limitar el derecho al asilo en Estados Unidos, ya que envía a los migrantes de regreso a México mientras sus casos son analizados.

De los 56.000 casos que se han sometido a estos protocolos, solo 117 (el 0,2% del total) han derivado en un permiso de asilo para los solicitantes, según datos de un proyecto de seguimiento de la Universidad de Siracusa. El pasado martes, los congresistas demócratas iniciaron una investigación sobre el funcionamiento de esta política, que han descrito como “peligrosamente defectuosa”, han afirmado que “amenaza la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo, incluidas mujeres, familias y niños” y han reclamado “ponerle freno”.

La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que es el brazo del Departamento de Justicia que supervisa estos tribunales de inmigración, se negó a responder ciertas preguntas de The Guardian para este reportaje, alegando que no podía hacerlo por existir “procesos judiciales en curso”. También se remitieron numerosas cuestiones al Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), que no ha respondido a ninguna.

The Guardian es uno de los primeros medios de comunicación que han podido comprobar in situ los procedimientos en Brownsville, después de que los tribunales bajo carpas, aquí y otros en Laredo (Texas), fueran abiertos al público a finales de la semana pasada.

El tribunal en Brownsville, un complejo en expansión de diez carpas blancas, está construido en un aparcamiento junto a un paso fronterizo de la aduana estadounidense, al lado de un puente que cruza el Río Bravo, que divide a Estados Unidos de México. Los solicitantes de asilo son traídos en autobuses por agentes del DHS y puestos en fila sobre el suelo cubierto de césped artificial. Muchos cogen en sus brazos a bebés y niños pequeños. Más tarde, son llevados al interior de la carpa, bajo custodia. Tras analizar su caso, son enviados de vuelta a México, a menudo con sus pertenencias en bolsas de plástico transparentes.

Juicios por videoconferencia

Dentro de una tienda denominada Sala C, la jueza Barbara Cigarroa aparece en una gran pantalla de televisión, por videoconferencia. La magistrada, concentrada en el monitor, está sentada en un tribunal de inmigración en la ciudad de Puerto Isabel, al este de Texas. Por los altavoces se puede oír la voz del abogado del Gobierno, pero ninguno de los 23 solicitantes de asilo que se encuentran en la sesión de esa tarde puede ver el rostro del funcionario.

“Lamento oír eso”, dice Cigarrroa a Ramírez tras escuchar sus miedos. La jueza le recomienda que consiga a un abogado para que la ayude en su petición de protección internacional. Pero, igual que la gran mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, Ramírez no tiene dinero para pagar un letrado. De los 5.596 casos presentados en este tribunal en Brownsville, solo 81 personas estaban acompañadas por un abogado, según los registros públicos.

“Preferiría que usted me envíe a mí a Honduras, pero que deje a mis hijos entrar a EEUU”, responde Ramírez. “No me importa que me maten a mí si mis hijos están bien”. La jueza ha acordado una nueva audiencia de su caso para el 10 de marzo y ha dado órdenes al DHS para que entrevisten a la familia sobre su temor por regresar a México.

Activistas señalan que alrededor de un tercio de los solicitantes de asilo que se presentan en estos tribunales expresan su miedo a regresar a México, donde son comunes la extorsión y las amenazas de los carteles de la droga en la frontera. Pero para aquellos que no tienen abogado, es impensable que los saquen del programa 'Permanecer en México' y les den asilo en EEUU, por muchos temores que expresen, asegura Andrew Udelsman, abogado del Proyecto por los Derechos Civiles en Texas, que está haciendo un seguimiento del tribunal de Brownsville.

“El objetivo de la política 'Permanecer en México' es disuadir a la gente de solicitar asilo, hacerlo lo más complicado, difícil y peligroso posible”, señala Udelsman. “Este ha sido el siguiente paso después de la política de separación de familias para disuadir a los migrantes de venir a este país”

Opacidad

El Departamento de Justicia y el DHS han rechazado hacer declaraciones sobre el caso de Ramírez y no detallan la cifra de solicitantes de asilo del programa 'Permanecer en México' que han manifestado miedo de regresar. The Guardian tampoco ha podido verificar si Ramírez, y al menos otros seis solicitantes de asilo que han expresado su temor ante la posibilidad de regresar a México han sido finalmente enviados a México tras su audiencia el pasado lunes.

Aunque estos tribunales montados en tiendas están ahora técnicamente abiertos al público, la forma en que funcionan sigue siendo un misterio.

Durante su visita, The Guardian no pudo moverse entre las salas de los tribunales, sino que fue escoltado por un único pasillo público por guardias de seguridad. Previamente, los periodistas del medio británico tuvieron que esperar, bajo la mirada de los agentes, en una sala diferente, lejos de cualquier otro miembro del público. El lunes, a Udelsman no se le permitió entrar a las instalaciones porque había traído lápiz y papel, elementos que un miembro armado del DHS consideró que eran un riesgo para la seguridad.

A The Guardian sí le permitieron ingresar con material de papelería, pero le impidieron ver la lista de casos del tribunal, de forma que el número y la ortografía de los nombres no pudieron ser verificados. Solo están abiertas al público las audiencias iniciales, conocidas como Calendarios Maestros, mientras que las 'audiencias sobre el fondo', en las que se decide la resolución del caso, siguen siendo inaccesibles.

Desde que se puso en práctica esta política, unos 2.500 solicitantes de asilo han montado un campamento al otro lado del Río Bravo, en el pueblo mexicano de Matamoros. Los cientos de carpas albergan principalmente a ciudadanos centroamericanos que esperan su audiencia en los tribunales de la frontera. La ayuda que ha llegado aquí ha sido escasa, y no hay presencia de ningún funcionario, ni mexicano ni estadounidense. En cambio, voluntarios y ONG han levantado escuelas improvisadas, centros de asesoramiento legal, servicios de sanidad y una clínica médica para ayudar a los migrantes. En muchas de estas instalaciones trabajan los propios solicitantes de asilo.

Dairon Rojas, un solicitante de asilo cubano de 28 años, trabaja como médico general mientras espera la audiencia de su caso establecida para el 27 de febrero. Explica que hay cuestiones de sanidad pendientes de resolver, relacionadas con el contagio de infecciones bacterianas debido al espacio reducido en el que viven.

“A veces no tenemos todo lo que necesita un paciente: análisis de sangre, radiografías. No podemos hacer nada de eso aquí”, asegura. Los casos complicados, dice, son derivados a las autoridades de sanidad mexicanas. Pero Rojas también está pendiente de su propio caso. “No puedes imaginarte el estrés. Lo único que quiero es vivir y trabajar en Estados Unidos”, zanja.

Traducido por Lucía Balducci