La abogada de los menores devueltos desde Ceuta: “El juez dice que, antes que migrantes, son niños”

El pasado 13 de agosto, Paloma García de Viedma, abogada de Fundación Raíces, estaba de vacaciones cuando uno de sus chats de Whatsapp empezó a echar humo. Era el grupo creado en mayo por abogadas y activistas de distintas ONG con el objetivo de organizarse para apoyar a las miles de personas llegadas a Ceuta a nado durante la crisis diplomática con Marruecos. Desde el terreno, varias compañeras alertaban de que los menores migrantes empezarían a ser devueltos a su país ese mismo día. Empezaba la batalla para frenar las devoluciones.

Trabajadoras y voluntarias de distintos colectivos –Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen– comenzaron a contactar in extremis con los menores de los centros de acogida y preparar los recursos para solicitar medidas de urgencia que paralizasen las devoluciones. Unas corrían a la frontera para avisar de que habían iniciado un procedimiento, mientras otras acudían al juzgado para registrar los recursos o respondían a las preguntas de la prensa para denunciar lo ocurrido. Pocos días después, el juzgado de Ceuta les dio los primeros espaldarazos y dictó, como medida cautelar, la paralización temporal de las expulsiones recurridas.

Este jueves, llegaron las sentencias. El juez ha ordenado a la delegación del Gobierno en Ceuta el retorno a España de 12 menores denunciantes. El operativo de devolución, concluye, fue ilegal y puso en “riesgo relevante” a los retornados. No es la primera vez que un menor no acompañado expulsado a Marruecos vuelve al país por orden de un juez, pero el proceso se augura largo. Paloma García de Viedma, letrada de la fundación Raíces desde 2018 y quien ha trabajado en el caso junto a la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, explica las claves de la resolución judicial, y el camino recorrido para llegar hasta aquí.

¿Qué suponen para los derechos de la infancia migrante estas sentencias? 

Las sentencias recuerdan a la administración pública que, antes que migrantes, son niños, y que deben protegerles y velar por su interés superior antes de actuar movidos por el interés de proteger las fronteras.

Lo más valioso de esta sentencia es que destaca la obligación que tenía la administración de haber valorado si los niños iban a estar protegidos en su país de origen o no. “La repatriación no puede ser un fin en sí mismo”, dice. No se puede repatriar menores por repatriar, sino porque allí van a estar protegidos. Es la perspectiva de infancia.

El juzgado ordena al Gobierno retornar a España a los menores devueltos, aunque aún cabe recurso. Pero no es la primera vez que un juez ordena la vuelta de niños extranjeros no acompañados expulsados sin procedimiento a su país. ¿Cuáles son los precedentes? 

Entre los años 2004 y 2009 se produjeron cientos de repatriaciones de niños sin garantías. Algunos de esos supuestos se judicializaron, consiguiendo en 2009 que el Tribunal Constitucional reconociese que los procedimientos de repatriación debían sujetarse a una serie de garantías para los niños, las mismas que en agosto de 2021 no fueron respetadas.

Alguno de esos niños repatriados pudo volver a España por orden de un juez, con el apoyo de Fundación Raíces. ¿Cómo se realizó entonces el procedimiento? ¿Qué dificultades se encontraron entonces? 

Puedo contarte el caso de Bilal el Meghraui, que fue el primer niño que consiguió que un juez ordenase su regreso. Aquella sentencia fue recurrida por la administración, y hasta que se desestimó la apelación y la orden fue firme no se pudieron iniciar los trámites. La administración no cumplió voluntariamente y hubo que ejecutar la sentencia. Fue necesario realizar muchas gestiones con las administraciones y las autoridades consulares hasta que, por fin, se consiguió que se le diera un visado y una autorización de residencia con carácter retroactivo. Para entonces, habían pasado más de tres años desde la primera resolución judicial y Bilal ya era mayor de edad.

¿Siguen en contacto con los 12 menores denunciantes? ¿Conocen ya la sentencia?

Estamos en contacto con los chavales una vez fueron repatriados sin garantías en agosto. Hemos conocido sus diferentes situaciones personales y familiares. En estos momentos hay que ser muy prudentes. Los tiempos sociales en los que viven los chicos son diferentes a nuestros tiempos de adultos. Hemos vivido una situación similar, cuando el juzgado ordenó que Bilal El Meghraui volviera tras ser expulsado y sabemos que son procesos lentos, que cabe recurso a esta sentencia y que son necesarias muchas gestiones con las diferentes administraciones. Por todo esto, queremos comunicarnos con ellos y con sus familias de forma pausada, haciéndoles comprender la importancia de la sentencia y también el largo proceso que comienza ahora.

La sentencia hace referencia al retorno de los 12 menores denunciantes, pero fueron expulsados sin procedimiento un total de 55, ¿hay alguna vía para solicitar el retorno del resto o de que ellos lo soliciten? 

En este momento existe otro procedimiento en marcha, en el que demandan ocho de esos otros niños que fueron expulsados. En cuanto al resto de niños a los que se repatrió sin que tuvieran oportunidad de acceder a una defensa letrada ni de impugnar esa actuación de la administración en el plazo legal, realmente ahora tienen casi imposible el acceso al reconocimiento de sus derechos. No obstante, es algo que desde nuestro equipo de litigación estratégica se va a estudiar con detenimiento.

La sentencia deja claro que el procedimiento no fue legal y puso en riesgo a los menores. Más allá del retorno de los menores, ¿exigen responsabilidades políticas? ¿Qué debería cambiar para que acaben abusos como estos contra la infancia migrante en España? 

Nosotras exigimos el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos y, si eso se hace escrupulosamente, no debería existir abuso ni necesidad de pedir responsabilidades políticas. Hablar de responsabilidades políticas compete a otros actores.

Una vez que fueron paralizadas las expulsiones de menores de agosto, gracias a la actuación de Raíces y de otras ONG, el Gobierno central y el local anunciaron que mantenían su plan de devolverles en base a la Ley de Extranjería. ¿Por qué cree que no ha sido devuelto aún ninguno de los menores?

La Delegación del Gobierno, después de la medida cautelar que paralizó las repatriaciones sin garantías, empezó, esta vez sí, a realizar los trámites preceptivos previos a la incoación de cada procedimiento de repatriación individual. Es decir, por lo que sabemos, solicitó informes sobre los menores a los servicios de protección e informes sobre su situación familiar en Marruecos a las autoridades consulares. El proceso, por lo que sabemos, está paralizado por la falta de colaboración de las autoridades marroquíes.

Cuando comenzó el operativo de devoluciones de menores desde Ceuta, en pleno agosto, varias ONG lograron paralizarlas a los pocos días. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué recuerda de aquellos días? 

La vulneración de derechos se mostró tan evidente que enseguida hubo una gran reacción tanto de personas y entidades en el terreno como de entidades y letrados de distintos puntos de España, unos y otros dedicados al acompañamiento y a la defensa de la infancia migrante. Ya nos conocíamos y habíamos trabajado en red en otras ocasiones, y cada uno aportó los medios y experiencia que tenía desde los diferentes ámbitos. Recuerdo esos días como de mucho trabajo duro, con un esfuerzo de coordinación muy importante, y también de mucha solidaridad y seguridad en que el esfuerzo, en pleno agosto, merecía la pena.

¿Nos podría explicar en qué situación se encuentran algunos de los menores devueltos a los que afecta la sentencia?

Para protegerlos, no podemos responder a preguntas concretas sobre los menores, pero las historias de estos chicos tienen como elementos comunes las ganas de luchar por un futuro digno. Son niños de familias muy pobres, la mayoría de pueblos próximos a la frontera con Ceuta. Muchos no estaban escolarizados, otros sí. Venían a España con el objetivo de ayudar a su familia para salir adelante. Tenemos constatado que, después de ser devuelto, ninguna entidad se ha acercado a ellos para intentar apoyarles y mejorar las condiciones que les empujaron a migrar.

Y ¿cuál es la situación de los menores que lograron quedarse en Ceuta?

Hay muchos chavales que se han buscado la vida, algunos han cruzado a la península por sus propios medios y a otros les hemos perdido el rastro. Se han denunciado por las asociaciones casos de niños desaparecidos en el mar, y no nos consta que se les haya siquiera buscado. En Ceuta, siguen en centros en malas condiciones. Después de paralizar las devoluciones sin procedimiento, las autoridades pretendían ejecutar las expulsiones cumpliendo la ley, pero las autoridades marroquíes no están colaborando y la realidad es que no las están pudiendo llevar a cabo o se están retrasando demasiado. Los más pequeños están escolarizados, pero la mayoría recibe clases segregados del resto de alumnos. Los mayores de 16 años no están haciendo nada, no van a ninguna clase ni formación.

Estos menores llevan 10 meses en la ciudad. El Gobierno sigue atendiéndoles como si se tratase de una emergencia, pero debe responder con una solución duradera. Ceuta no tiene capacidad para acogerles de forma digna, es necesario impulsar su distribución a otras partes de España.