Las voluntarias de Maakum llevaban varios días en alerta. Unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Ceuta deslizaban que algo podía ocurrir pronto con los menores marroquíes llegados a la ciudad durante la crisis diplomática con Marruecos del pasado mayo. El viernes 13 de agosto, ellas fueron las primeras en confirmar las sospechas. Sus móviles se llenaron de mensajes procedentes del centro de acogida de Santa Amelia. Empezaban las devoluciones.
Abogadas y voluntarias de distintas ONG, que empezaron a trabajar coordinadas desde las llegadas a Ceuta de mayo, se organizaron de nuevo desde diferentes puntos de España con un objetivo: paralizar unas repatriaciones que, advertían, no cumplían las garantías. Forman parte de Maakum, No Name Kitchen, Coordinadora de Barrios, Fundación Raíces, Andalucía Acoge, Elín, Gentium o Save The Children, entre otras; pero en estos meses han trabajado como una sola. Tres días después del inicio operativo de retorno, un juzgado ceutí les dio la razón. Las devoluciones eran paralizadas de forma temporal.
“Desde mayo nos estábamos coordinando varias organizaciones. Algunas que trabajan en el terreno, haciendo un trabajo de calle; otras que trabajan en Marruecos, que nos iban informando sobre la situación de las familias de algunos de los niños y niñas que estábamos identificando como más vulnerables; y otras, la mayoría que no estamos físicamente en Ceuta, pero que podemos ofrecer apoyo jurídico y defensa de los derechos de la infancia”, describe Lourdes Reyzabal, presidenta de Fundación Raíces. “Para todo ello, montamos varias reuniones, un chat de WhatsApp de coordinación general y una carpeta en Drive compartida por todas donde ir subiendo toda la documentación, escritos, repartos de tareas, asignaciones de casos... Y siempre nuestros ojos y nuestras manos para el contacto con los chavales eran las asociaciones locales”, añade.
Unos de esos ojos eran los de Joana Millán, de Maakum, un pequeño colectivo creado en 2018. Alrededor de las 13:00 horas del 13 de agosto, la educadora social se enteró de que algo extraño estaba ocurriendo en el polideportivo de Santa Amelia. “Nos empiezan a avisar de que estaban llegando policías nacionales y pidiendo que se separase a parte de los menores para que el resto de niños no viese la actuación”, explica desde Ceuta Millán, que es una de las fundadoras de la asociación. “Todo era muy raro. Se decía que sacarían a algunos niños para hacerles una PCR pero, cuando se preguntaba más, no había respuestas. Se empezó a evidenciar que iban a comenzar a devolver a los niños”, afirma.
Comenzaba entonces “una lucha contra reloj”. Mientras las activistas Maakum intentaban in extremis contactar con los adolescentes marroquíes que iban a ser expulsados, abogadas desde Madrid preparaban a la carrera escritos jurídicos para solicitar medidas de urgencia a los tribunales, el Defensor del Pueblo o la ONU. Una vez registrados, voluntarias locales corrían al juzgado y a la frontera para alertar de que habían iniciado un procedimiento e intentar evitar el retorno antes de que se estudiase el recurso.
“No pudimos acceder al polideportivo de Santa Amelia, pero sí contactar con los chavales por redes sociales para crear estrategias a nivel jurídico y que se les pudiesen designar letrados a los menores con el fin de impedir su devolución”, añade Millán, de 28 años, que explica que los dos primeros días fue imposible conseguir una respuesta a tiempo del juzgado “a pesar de enseñar a los policías que tenían abogadas”.
Inma González, abogada y técnica de integración social de Andalucía Acoge, describe esos primeros días como “caóticos y muy preocupantes”. “Hemos estado al pie del cañón junto a Maakum, No Name Kitchen y Elín intentando estar en contacto con los menores dentro y fuera del polideportivo, acudiendo a la frontera para ver qué sucedía exactamente y haciendo denuncias públicas”, explica la letrada.
Desde Madrid, la abogada Patricia Fernández Vicens supo del inicio de las deportaciones por las compañeras que estaban en el terreno. “La entrega a las autoridades marroquíes se hizo muy rápido. El primer día no nos dio tiempo a actuar. A la vista de que el sábado se repetía el mismo operativo, ya habíamos empezado a trabajar. Y gracias a las compañeras que estaban en Ceuta informamos a los niños de lo que ocurría y les explicamos que, si no querían marcharse, nos podían designar como abogadas”, explica la letrada de Coordinadora de Barrios, que lleva 20 años trabajando con la infancia migrante.
El sábado 14 de agosto, varios menores las designaron como abogadas, por lo que Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces pidieron ante el juzgado la primera paralización, con el objetivo de frenar los retornos del domingo. “Pero no llegamos a tiempo”, lamenta Fernández. Antes de tramitar el caso, los menores ya habían sido expulsados. “Por eso era fundamental el trabajo de las compañeras que estaban en Ceuta. Tenían que plantarse en la puerta del juzgado para explicar que era urgente, conseguir los contactos de los chavales...”.
Todo ese esfuerzo tuvo su resultado este lunes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta paralizó el retorno de nueve menores marroquíes que iban a ser devueltos entre el lunes y el martes. Según el auto, las devoluciones de niños y adolescentes sin procedimiento, como las que la jueza asegura que se estaban produciendo, incumplen la legislación. La paralización de este grupo de retornos derivó en la suspensión temporal de los retornos, que se mantiene hasta el momento.
Este viernes, la Abogacía del Estado ha respaldado ante el juzgado ceutí la legalidad de proceder al retorno de los menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat debido a la “situación excepcional” que vive la ciudad española tras la crisis migratoria de mayo. En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado ve defectos de forma en el recurso presentado por dos ONG en los juzgados de Ceuta que paralizó la repatriación de un grupo de menores.
La guipuzcoana Amaia Ochoa, filóloga de 25 años y estudiante de un máster de Migraciones, llegó a la ciudad a finales de julio y forma parte del equipo de cuatro voluntarias de No Name Kitchen desplegado actualmente en Ceuta, donde realizan, entre otras, una labor de “acompañamiento” y asesoramiento a los menores y adultos que se encuentran en situación de calle.
“En la calle hay mucha más tensión desde que comenzaron las devoluciones: siempre existe, porque los migrantes son conscientes de su situación y de que pasaría algo, pero no tan pronto”, describe el cambio percibido durante los últimos días. “También estamos viendo que las lecheras de la Policía Nacional están manteniendo una presencia mucho mayor en las zonas donde se encuentran los chavales, aunque los agentes a veces ni se bajan de los vehículos, pero están ahí no sé si para dar miedo o generar inseguridad”, añade.
Millán, que lleva meses en contacto directo con los menores llegados a Ceuta en mayo, describe cómo el proceso está afectando a los chavales. “Los menores nos decían que no podían dormir bien, que cualquier ruido que escuchaban creían que era la Policía viniendo a buscarles… Muchos de los que se han fugado de Santa Amelia o Piniers —dos centros de acogida provisionales— mantienen ese mismo estado de alerta a pesar de que en la calle no hay ningún equipo institucional trabajando con los menores más allá de asociaciones independientes con voluntarias en las que recae un papel que corresponde a la administración”, asegura.
La letrada de Coordinadora de Barrios recuerda con impotencia las asambleas que realizaron junto con los menores en el mes de junio. “Había niños que estaban en calle y tratamos de mediar para que ingresaran en los centros, porque confiábamos en los servicios de protección del menor. A tenor de lo que ha sucedido, me arrepiento en cierta manera”, sostiene Fernández, que recuerda especialmente el caso de un chaval cuya vuelta a su país suponía “un gran riesgo”. “Me llamó su hermana, que estaba en la península, me dijo que si regresaba, su padre le mataría. Contaba que el niño vivía una situación de explotación laboral en su país”, relata.
“Ha sido una lucha contra reloj, con muchos frentes abiertos, en medio de la incertidumbre y la desesperación de los propios menores, que siempre habían recibido la información de que España es un Estado de Derecho”, resume Millán, que también habla con algunos de los menores retornados en la última semana. “Nos piden que les ayudemos a volver, pero no podemos decirles que sí, lo mismo que no queremos crearles falsas expectativas a los que están aquí. Hacemos todo lo posible para denunciar esta situación, una gran metedura de pata del Estado español”, afirma.
Defendiendo menores desde hace 20 años
No es la primera vez que Patricia Fernández y Lourdes Reyzábal apoyan a menores migrantes de una devolución a su país. La letrada de Coordinadora de Barrios recuerda a aquellos chavales de los que trató de evitar sus repatriaciones “sin garantías” en 2001 y 2006. “Seguimos en contacto con muchos de ellos. Esa es nuestra forma de trabajar, así vamos creando las redes que luego nos permiten actuar rápido ante situaciones como las vividas en Ceuta”, añade la letrada.
La abogada echa la mirada hacia atrás para hacer una reflexión: “Los intentos del Estado por hacer trampas en la protección de los menores extranjeros no acompañados son cíclicos”. Pero, matiza, el operativo de Interior y el Gobierno de Ceuta para retornar a los menores es uno de los más “graves” de los que ha sido testigo como letrada. “Hay un detalle que marca la gravedad de lo ocurrido: en este caso, no se trata de una vulneración de derechos humanos acontecida en un procedimiento administrativo, sino una operación diseñada para evitar que pudieran defenderse y para esquivar la ley. En 2001 y 2006, no había un pronunciamiento del Constitucional y no había un marco normativo detallado”, añade. Ahora sí lo hay, pero “no ha importado”.