Alemania ordena la expulsión de 285 personas sin hogar procedentes de otros países de la UE
Las autoridades de Hamburgo han retirado el permiso de libre circulación en el país a 285 personas sin hogar procedentes de otros países de la Unión Europea en 2018, según una respuesta del Gobierno de la ciudad a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de Die Linke.
En su contestación, el Gobierno de Hamburgo reconoce que “cabe esperar que en el caso de las personas a quienes se le retiró el permiso” se tratara de personas “sin hogar”. De ellas, 21 fueron expulsadas a la fuerza. El resto, o bien se marchó de forma voluntaria o no pudo ser deportado por problemas de salud, por lo que permanece en el país de forma clandestina. La mayoría de los afectados poseían la nacionalidad polaca y rumana.
“Parece que se ha convertido en una rutina que, en especial a los sin techo del este de Europa” se les pida que demuestren su situación laboral o de búsqueda de empleo “y sea solicitado que se compruebe si el permiso de libre circulación procede en su caso”, explica a eldiario.es Cansu Özdemir, portavoz de política social en Hamburgo de Die Linke.
Özdemir sostiene que esto lleva a que abandonen los lugares donde se suelen reunir y que sea más difícil para los trabajadores sociales dar con ellos. Asegura que este grupo de personas es rechazado por no disponer de los documentos en regla en los albergues contra el frío, de forma que se ven obligadas a dormir al raso.
En esta ciudad del norte alemán, según destapaba la televisión pública NDR en su programa Panorama en 2017, no se permitía dormir en los albergues municipales a quien no pudiera acreditar que tenía derecho a permanecer en el país. Algo que, según ONG especializadas consultadas por eldiario.es y la formación de izquierdas, sigue ocurriendo.
Alemania ha atravesado una ola de frío que ha alcanzado los menos veinte grados en algunas regiones. Este invierno han fallecido 10 personas a causa de las bajas temperaturas en todo el país, según los últimos datos del grupo nacional de trabajo para la ayuda a personas sin techo aportados por su directora Werena Rosenke.
Desalojos de campamentos
A principios de enero, en Berlín, las autoridades desalojaron un campamento de personas en situación de calle cerca de la estación central de la capital. El ayuntamiento destruyó las tiendas donde dormían. El diario Tageszeitung Taz documentó el desalojo en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, en el que los agentes detienen a una mujer sin techo colocándole un trozo de tela que le cubre toda la cabeza, boca y nariz incluidas.
Para justificar la polémica medida, la Policía ha explicado que lo hacían “por los piojos” según el medio alemán, y que la mujer mostraba además un “comportamiento agresivo”. Pero gran parte del más de un millón de usuarios de la red social que ha compartido el vídeo lo ve con otros ojos, ya que la detenida estaba esposada con los brazos en la espalda y sentada en un banco antes de que los funcionarios le cubriesen la cabeza.
Las autoridades alemanas suelen desalojar campamentos de personas sin techo y es raro encontrar chabolas en las ciudades. Sin embargo, el número de personas sin hogar no ha dejado de aumentar. En el caso de Hamburgo, desde 2009, que fue la última vez que se llevó a cabo el recuento, casi se ha duplicado. El Consistorio de la ciudad calcula que unas 2.000 personas viven al raso, mientras que unas 4.800 no tienen casa pero se alojan de forma temporal en algún sitio. Un 70% de las personas sin techo procede del este de Europa, según datos del ayuntamiento.
En Berlín, la situación no es mejor y los albergues están tan llenos que han abierto una estación de metro y una discoteca para refugiar a estas personas sin hogar, protestaron a finales del mes pasado durante dos días frente al ayuntamiento, gobernado por una coalición de izquierdas.
Deportaciones de ciudadanos de la UE
La ley alemana regula que los ciudadanos europeos pueden entrar, permanecer y moverse por el país siempre que vayan a trabajar o estudiar, estén buscando trabajo, trabajen como autónomos o bien sean “receptores de servicios”.
Asimismo, la legislación establece que estos pueden permanecer en el país siempre que no supongan un compromiso para el orden público, la seguridad o la salud pública, en el caso de enfermedades infecciosas peligrosas. La decisión de la administración sobre la permanencia debe tener en cuenta el periodo de estancia, “la edad, el estado de salud, la situación familiar y económica, la integración social y cultural y los lazos con el país de origen”.
Además, la ley estipula que no se puede retirar el derecho de estancia “para fines económicos”. En un documento del servicio de información del Bundestag para los diputados fechado en noviembre de 2017, se explica que los ciudadanos de la UE tienen derecho a estar en el país siempre que puedan costearse la vida y tengan un seguro médico, más allá de una corta estancia de tres meses.
Lutz Achenbach, abogado especialista en derecho laboral, explica a eldiario.es que la legislación alemana “no entra en colisión con la europea”, ya que en los textos de la UE “se habla en todo momento de libertad de circulación de trabajadores”. El letrado esgrime que, por esta razón, Alemania se ampara en la falta de trabajo o de iniciativa para retirar los permisos de residencia. El país modificó en 2014 la ley para restringir el periodo en el que pueden permanecer los ciudadanos de la Unión sin tener que justificar su situación hasta los seis meses.
El proceso de retirada de los permisos comienza cuando la administración abre un expediente para comprobar la situación legal de la persona. Si esta no puede demostrar estar trabajando o buscando empleo, o bien no puede mantenerse por sí misma, el Estado le envía una carta en la que comunica a la persona que ha perdido su derecho a permanecer en el país y le da un plazo de generalmente un mes para abandonarlo.
Este medio ha tenido acceso a una carta que un joven español asegura que recibió de la administración. El chico llegó al país para trabajar con una empresa y vive en Dússeldorf. A los seis meses, la administración le preguntaba varios datos: dónde vivía, dónde trabajaba y otros datos sobre su situación personal. El joven indica que, al no responder a las cartas “por no saber alemán”, le enviaron una misiva invitándole a abandonar el país por haber perdido el derecho a la residencia al no demostrar los datos solicitados. En este caso concreto, se trató de un malentendido que el afectado pudo solventar a tiempo.
En ocasiones, la carta es simplemente colocada en el tablón de anuncios de la administración si la persona no tiene dirección postal. “Piden muchos documentos que son complicados de obtener por estas personas sin recursos, por ejemplo en Múnich piden un comprobante de que en su ciudad de origen también son sin techo para obtener una plaza en un albergue para personas sin techo”, explica la antropóloga Lisa Riedner.
Una vez retirado el derecho de estancia, si la persona no se marcha por sus propios medios, la terminan expulsando. Según exponen las ONG que brindan apoyo a las personas sin techo en el país, desde 2017 la ciudad de Hamburgo está aplicando esta política de mano dura más a rajatabla que otras ciudades alemanas.
Riedner, que participa en la red de apoyo “Europa en movimiento”, explica que, como ocurrió en el caso del joven, cuando la administración cree que hay un motivo para desconfiar de la solvencia de una persona, se inicia el mecanismo de comprobación de la situación personal. A juicio de la antropóloga, de este modo, “los ciudadanos de la Unión sin pasaporte alemán se están viendo privados de derechos sociales y siendo puestos bajo sospecha de forma generalizada”.
