Amnistía Internacional denuncia las condiciones de los centros de cuarentena en El Salvador, Paraguay y Venezuela: sin comida, sin agua y sin información

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado “inadecuados” y “sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos”. Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', la organización denuncia “condiciones insalubres y a veces inhumanas”.

“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en “habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados” que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas “en entornos antihigiénicos y no preparados” a veces “sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad”.

El ejemplo “más inquietante de campaña de estigma y discriminación” llega de Venezuela, según el informe. “Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país”. Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de “armas biológicas” enviadas para infectar a la población venezolana.

A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. “Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo”, sostiene el informe.

“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen”, dice Guevara Rosas.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño tenía a más de 16.780 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras múltiples recursos judiciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que las autoridades carecían de fundamento jurídico para recluir a personas en estos centros como forma de castigo.

Entre marzo y mayo, se presentaron ante el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 1.300 quejas relacionadas con las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un “centro de contención”. El ministro llegó a afirmar que allí estarían “lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus”.

“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dice Ana Cristina a Amnistía Internacional tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

En Paraguay, por su parte, se establecieron 84 centros de cuarentena, la mayoría de ellos en almacenes y otros edificios públicos, como escuelas. “A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría paraguayos y paraguayas que trabajaban en el sector informal en la vecina Brasil que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por la COVID-19 y que habían regresado al país”, sostiene el informe.

Una de esas personas fue Daniel, ciudadano paraguayo de 21 años que trabajaba en São Paulo, Brasil, en una fábrica de costura y que perdió su empleo con la pandemia. A principios de abril, viajó hasta la frontera con Paraguay con su pareja y su hijo de año y medio. Tras pasar una cuarentena de 46 días –su familia, de 15–, pudo marcharse. Aunque cuenta que no está en contra de las cuarentenas obligatorias y que incluso iría a trabajar como voluntario a un centro en el futuro, cree que las condiciones de los centros y, sobre todo, la comunicación y el acceso a la información, deben mejorar. 

En este sentido, la entidad ha constatado que las personas trasladadas a estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer allí ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Para la elaboración del informe, de 46 páginas, Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, ha realizado 14 entrevistas telefónicas y se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes de los tres países, sin obtener respuesta de Venezuela ni El Salvador.