“Cualquiera que sea declarado culpable de incitar al odio contra las fuerzas de seguridad de Bahréin ingresará automáticamente en prisión.” Así anunciaba el Parlamento bahreiní el 19 de marzo la aprobación de una serie de enmiendas al código penal que supondrían mayores castigos contra quienes “inciten al odio” contra la Policía, la Agencia de Seguridad Nacional, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Defensa. El proyecto de ley ha sido acogido con satisfacción desde las instituciones. Activistas, grupos de sociedad civil y defensores de derechos humanos advierten de que estamos ante un paso más en el proceso de criminalización de manifestantes pacíficos que ofrece un cheque en blanco a las autoridades.
Desde que miles de manifestantes ocuparon las calles del país en febrero de 2011 para pedir el fin de la discriminación de la minoría sunnita sobre la mayoría chiita, sumándose al levantamiento ciudadano del resto de la región, la escalada de la monarquía de los Khalifa contra cualquier forma de oposición ha ido en aumento. Sólo entre febrero y marzo de ese año murieron al menos 35 personas, entre ellos cinco oficiales de policía, y se produjeron cientos de heridos y miles de detenciones.
Más de dos años después, la presión sobre manifestantes y defensores de derechos humanos se ha vuelto asfixiante. Entre las detenciones que más revuelo han causado está la de Nabeel Rajab, fundador del Centro para los Derechos Humanos de Bahréin y reconocido defensor de la necesidad de reformas democráticas en el país. En julio de 2012 Rajab fue detenido como represalia por un mensaje en twitter, una condena inicialmente de tres meses que fue prolongada a tres años cuando se le acusó de convocar “reuniones ilegales”. Actualmente se encuentra en régimen de aislamiento, mientras aumenta la campaña por su liberación, con organizaciones como Amnistía Internacional y Frontline Defenders exigiendo su puesta en libertad incondicional.
Otros activistas llevan más de dos años detenidos o desaparecidos. Es el caso de Ali Abdulemam, fundador de Bahrain Online, el sitio web más visitado del país, que fue liberado en febrero de 2011 y desapareció de nuevo poco después.
Son quizás los casos más mediáticos junto con el de la familia Al-Khawaja, conocida en Bahréin por su activismo pro-democracia desde hace más de una década. Abdul-Hadi Al-Khawaja, detenido en varias ocasiones y condenado en 2012 a cadena perpetua, permaneció 110 días en huelga de hambre en protesta contra la discriminación que sufre en el país la mayoría de la población. En represalia por su activismo, distintos miembros de su familia han sufrido acoso, detención y tortura. Dos de sus yernos fueron detenidos y sometidos a graves torturas, su mujer, Khadija al-Mousawi, fue despedida de su trabajo, a su hija Batool se le ha denegado el permiso de trabajo en el sector médico y su hija Zainab Al-Khawaja, uno de los rostros más visibles de las reivindicaciones de igualdad en Bahréin, ha sido arrestada en varias ocasiones, golpeada y ha recibido un disparo en la pierna.
Conocida en twitter como AngryArabiya, Zainab inició en abril de 2011 una huelga de hambre en solidaridad con su padre, su marido, su cuñado y el resto de presos de conciencia. Poco antes le dedicó a su padre este vídeo:
Al preguntarle si no temía por su hija, que entonces acababa de cumplir un año, Zainab respondió: “Sé que tengo una hija, pero la muerte es preferible a vivir bajo este régimen. Mi padre siempre nos enseñó que morir con dignidad es mejor que vivir como esclavos.” En sus comunicaciones públicas, Zainab ha criticado duramente a la administración Obama por apoyar la dictadura en su país. Su detención en abril de 2012 fue calificada por Amnistía Internacional como “motivada únicamente por su ejercicio de su libertad de expresión, asociación y asamblea”.
Su hermana Maryam al-Khawaja, que con sólo 25 años dirige el Centro para los Derechos Humanos de Bahréin desde la detención de Nabeel Rajab y es una de las voces bahreiníes con mayor eco mediático, sufre acoso y amenazas constantes.
El trabajo de la familia Al-Khawaja ha sido reconocido por distintos organismos internacionales y grupos de derechos humanos. En enero de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condendó “el acoso continuado de personas por ejercer sus derechos de expresión y opinión en Bahréin” y denunció la ausencia de garantías en el juicio a activistas políticos. Sin embargo, el reconocimiento por parte del Consejo no ha ido acompañado de medidas de presión sobre las autoridades del país, uno de los principales aliados de Occidente y base de la Quinta Flota de Estados Unidos.
En una de sus últimas apariciones públicas, Maryam al-Khawaja advertía de las consecuencias de tolerar una presión continuada contra los defensores de los derechos humanos: “Si haces que las protestas pacíficas resulten imposibles, conseguirás que la violencia sea inevitable”.