Bruselas calculará cuántas personas puede acoger cada país

La Comisión Europea ha establecido la hoja de ruta para que la UE tenga en marcha a mediados de 2026 el pacto de migración y asilo que se aprobó en abril. Los estados miembros deberán adecuar sus reglas y condiciones al nuevo marco legal, un complejo entramado de diez expedientes legislativos que afectan a procedimientos administrativos, funcionamiento de las fronteras y un largo etcétera. En ese largo camino, hay varias fechas marcadas en rojo y una de las primeras es el 12 de agosto de 2024, que es la que se da el gobierno comunitario para notificar cuántas personas puede acoger cada país.

La concesión del asilo fue uno de los grandes temas de discusión entre los 27 y el Parlamento Europeo durante las duras negociaciones del pacto migratorio, que es uno de los asuntos más divisivos en la UE. Será Bruselas, por tanto, quien determine las cuotas, es decir, quien establezca el número de refugiados que cada país miembro debería acoger. Sin embargo, la nueva legislación establece la denominada 'flexibilidad a la carta' que permite a los países pagar por rechazar refugiados. En concreto, 20.000 euros por cada persona rechazada. La intención es que haya una capacidad de acogida de 30.000 personas.

“Antes de agosto de 2024 (dos meses después de la entrada en vigor del Reglamento sobre el procedimiento de asilo), la Comisión adoptará el acto de ejecución en el que se calculará la capacidad adecuada que cada Estado miembro deberá poner en marcha durante tres años”, recoge el documento difundido por la Comisión Europea que consiste en un calendario pormenorizado de los deberes que tienen tanto las instituciones europeas como nacionales para cumplir con el nuevo marco legal.

La gran fecha de la que estarán pendientes los gobiernos de los 27 es el 12 de diciembre de este año, que es el límite que les da la Comisión Europea para presentar sus planes de actuación para la aplicación del nuevo marco legal.

“Cada Estado miembro tiene diferentes retos que afrontar y se encuentra en diferentes puntos de partida. Por lo tanto, el Plan Nacional de Aplicación de cada Estado miembro debe describir en primer lugar la situación actual, incluido el contexto nacional, el marco legislativo y las prácticas administrativas vigentes, la organización y las estructuras existentes, las capacidades existentes y los retos relacionados con las circunstancias geográficas”, señala la Comisión Europea en una comunicación que se discutirá mañana mismo con los ministros de Interior de la UE que se reúnen en Luxemburgo.

Durante el debate electoral de la pasada semana, la candidata del PP, Dolors Montserrat, echó en cara al Gobierno que no haya aplicado ya el pacto migratorio, a pesar de que ningún estado miembro ha tenido la capacidad de hacerlo todavía y de que el plazo que tiene el conjunto de la UE es mediados de 2026.

El plan para la implementación del acuerdo migratorio que ha aprobado el Colegio de Comisarios este miércoles llega apenas un mes después de que los gobiernos de la UE le dieran el visto bueno definitivo a un pacto que ha tardado años en alcanzarse y que se fue endureciendo a medida que la extrema derecha ganaba terreno en el continente. Las negociaciones se intensificaron en el último semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la UE, precisamente para dejarlo cerrado antes de que acabara la legislatura.

No obstante, ya hay dudas sobre el propio acuerdo que Polonia y Hungría han amenazado con incumplir mientras que quince países europeos lanzaron una ofensiva para endurecer aún más las condiciones de la concesión de asilo al plantear el denominado 'modelo Ruanda' que impuso Reino Unidos y que consiste en la expulsión de los solicitantes de asilo a centros en terceros países fuera de la UE mientras aguardan la resolución de sus solicitudes.