La migración es uno de los grandes conflictos en el seno de la UE. El pacto de migración y asilo lleva dando vueltas en Bruselas casi tres años sin que los 27 sean capaces de ponerse de acuerdo mientras las posiciones antimigración, como las de Giorgia Meloni en Italia, van ganando fuerza. Y mientras en los despachos se negocia y se produce un intercambio de reproches entre Bruselas y Meloni, las personas que buscan una vida mejor se lanzan al mar jugándose la vida, como sucedió en las costas de Calabria este fin de semana, donde murieron más de 60 personas. La tragedia ha conducido a recriminaciones cruzadas: Bruselas señala al Gobierno italiano mientras desde Roma reclaman al gobierno comunitario más ayudas a los países de origen para evitar la migración.
“Debemos trabajar todos juntos para defender el principio de que en Europa se entra solo legalmente y, por lo tanto, en condiciones de seguridad total”, señala la primera ministra italiana en una carta enviada a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel: “Rechazo la idea de que no puede hacerse nada y de que Europa deba resignarse y ocuparse solo de quienes consiguen acercarse a nuestras costas y a nuestras propias fronteras tras haber encomendado su vida y la de sus hijos a traficantes sin escrúpulos”.
Básicamente lo que reclama la ultraderechista de Hermanos de Italia es que los estados miembros tengan la capacidad de fijar “libremente” cuotas de “inmigración legal” y que Bruselas incremente las ayudas a los países de origen para que ejerzan un mayor control de los flujos migratorios.
A Meloni le contestó durante la presentación de un libro el comisario de su país, Paolo Gentiloni, que le afeó que pretenda que todo lo resuelva la UE, según recoge la agencia de noticias Ansa.
Antes del envío de la misiva de Meloni y apenas 24 horas después de la tragedia, los portavoces de la Comisión Europea lanzaban balones fuera remitiéndose a la necesidad de aprobar el pacto migratorio que se le resiste a los 27 desde hace varios años y al plan de acción del Mediterráneo que Bruselas propuso en noviembre. Ese texto, impulsado en pleno incremento de los movimientos en esa ruta –90.000 personas fueron detectadas en 2022, un 50% más que el año anterior–, apunta a la necesidad de una mayor coordinación en la vigilancia y salvamento en el Mediterráneo, pero no contempla misiones de rescate.
Y es que esa es una labor, recuerdan en la Comisión, que corresponde a los estados miembros en un momento en el que Meloni ha impulsado un decreto con el que persigue a las ONG que se dedican al salvamento en el Mediterráneo. Y ahí uno de los reproches de Bruselas, donde recuerdan que son los países los que tienen “la obligación legal de rescatar y asegurar la seguridad en el mar”. Y otra recriminación: “Los actos de búsqueda y rescate a menudo ocurren sin interacción de los actores involucrados y hay espacio y necesidad de compromiso mutuo”.
Del fin de Mare Nostrum a las misiones de la UE
Lo cierto es que la UE acabó con las misiones que se dedicaban al rescate en el Mediterráneo. La más genuina fue Mare Nostrum, que puso en marcha Italia en 2013 tras la tragedia de Lampedusa en la que murieron más de 300 personas. En el año que estuvo activa las autoridades italianas rescataron a 156.362 migrantes, pero la negativa de los 27 a apoyar financieramente esa operación –cuyo coste era de unos 114 millones anuales– llevó al Gobierno italiano a ponerle fin. El vacío dejado por la misión italiana empujó a las ONG a fletar sus propios buques para hacer frente a las incesantes muertes.
A partir de ahí, se desdibujó el objetivo de las misiones de la UE en el Mediterráneo. La primera fue Tritón, llevada a cabo por Frontex aunque dirigida por Italia, con el objetivo de vigilar las fronteras y controlar las redes de tráfico y no el de salvar vidas. En 2015 nació la EUNAVFOR Med Sofía, una misión militar de la UE para el control del Mediterráneo. En 2019, el Gobierno de Mateo Salvini la bloqueó y forzó que se quedara sin barcos, pese a ser una operación marítima. En 2020, IRINI la sustituyó, aunque en este caso lo que persigue es que se cumpla el embargo de armas de la ONU a Libia.
Las ONG exigen operaciones de salvamento a la UE
“Durante todo el proceso de estos años, con estas operaciones, se ha visto cómo el rescate de personas en peligro ha ido quedándose atrás, con menor importancia. Ya no es siquiera un objetivo. Evidentemente, cualquier barco tiene que hacer un rescate de cualquier persona que está en peligro o pueda estarlo, pero ya no es el rescate el objetivo sino la vigilancia de fronteras”, denuncia Anabel Montes, responsable del equipo de salvamento de Médicos Sin Fronteras a bordo del ‘Geo Barents’ Augusta (Sicilia), que explica que antes las misiones europeas llegaban más al sur, hasta la zona de rescate libia, a unas doce millas de la costa, mientras que ahora se han alejado.
“Exigimos que la UE y los estados miembros tomen responsabilidad y cumplan la obligación de coordinar un mecanismo eficiente y proactivo de búsqueda y rescate que esté dirigido por sus propios estados”, expresa Montes: “Y hasta que esto tenga lugar, que haya una cooperación con las organizaciones humanitarias”. “También pedimos que, de una vez por todas, se termine este intento de frenar de cualquier modo a los barcos de las ONG y que se pare la criminalización de la asistencia humanitaria de personas migrantes y refugiadas”, declara a elDiario.es.
Es una reclamación compartida por todas las organizaciones humanitarias. “Es intolerable que la única vía de acceso a Europa sea el mar. La ausencia de una misión europea de búsqueda y rescate es un crimen que se repite cada día”, dicen desde Sea Watch. “El dolor y el horror que todos sentimos por estas trágicas muertes deben ser canalizados a la acción por parte de los gobiernos europeos, quienes deben garantizar que haya rutas seguras y legales para que las personas lleguen a la UE”, expresó Eve Geddie, de Amnistía Internacional, tras la tragedia de Calabria.
Los 62 fallecidos este fin de semana se suman a un terrible listado. Desde 2021 hasta el 24 de octubre de 2022, se documentaron por lo menos 2.836 personas fallecidas o desaparecidas en la ruta del Mediterráneo Central, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas más de 29.000 muertes en ese mar desde 2014.