Bruselas, 27 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que los migrantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) puedan desplazarse por diferentes Estados miembros del club comunitario sin sufrir penalizaciones durante los cinco años que deben pasar en los Veintisiete antes de obtener el permiso de residencia de larga duración.
De esa forma, se pretende facilitar que esas personas obtengan la residencia de larga duración, ya que en la actualidad, si se desplazan de un país a otro dentro de la UE, el periodo de cinco años se empieza a contar desde cero cuando llegan al nuevo Estado miembro, sin tener en cuenta el tiempo anterior en otro país de la UE.
Con la nueva normativa, el periodo de cinco años se podrá acumular en diferentes Estados miembros y un migrante extracomunitario conseguiría la residencia de larga duración si ha vivido tres años en Francia y dos en Alemania, por ejemplo.
Los periodos de residencia bajo protección temporal y nacional, así como el tiempo pasado como estudiante también se deberán contabilizar.
La revisión de la directiva de residentes de larga duración también contempla “un derecho mejorado a la reunificación familiar sin condiciones de integración, con pleno acceso al trabajo para los miembros de la familia”, mientras que los hijos de residentes de larga duración nacidos en la UE podrán adquirir el estatus de residente de larga duración “de inmediato”, indicó Bruselas en un comunicado.
Quien tenga permiso de residencia de larga duración podrá pasar dos años fuera de la UE sin perder dicho permiso al volver a la UE.
La CE plantea, además, que los Estados miembros “deben establecer mecanismos de control para supervisar la residencia real de los inversores y garantizar que no se abuse de esta condición”.
La iniciativa se incluye en un paquete sobre migración legal que los comisarios europeos aprobaron en su reunión de este miércoles.
El paquete, igualmente, propone revisar la directiva de permiso único para “simplificar aún más el procedimiento de solicitud de un permiso combinado de trabajo y residencia y mejorar las salvaguardias para la igualdad de trato y la protección contra la explotación laboral”.
Así, los Estados miembros estarán obligados a aceptar solicitudes presentadas tanto en el país de destino como en un país tercero no perteneciente a la UE y el plazo de 4 meses para emitir una decisión también debe cubrir la expedición del visado de entrada requerido y el tiempo necesario para realizar una prueba de mercado laboral.
La reforma también plantea el derecho del titular del permiso a cambiar de empleador mientras el permiso único sea válido y que el permiso no sea retirado si el migrante está desempleado durante “al menos tres meses”.
Del mismo modo, se proponen nuevas disposiciones sobre sanciones a los empleadores en caso de violaciones de las condiciones de trabajo, la libertad de asociación y el acceso a los beneficios de la seguridad social.
SELECCIÓN DE CAPACIDADES PARA UCRANIANOS
Por otro lado, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la llegada de refugiados a los Veintisiete desde la antigua república soviética, la CE prevé activar en verano una plataforma que ayudará a “emparejar” las capacidades y cualificaciones de quienes han huido de la guerra “con las necesidades de empleadores potenciales a nivel local o en otro Estado miembro de la UE”.
La plataforma para ucranianos será una prueba antes de activar el mismo mecanismo para el resto de migrantes procedentes de países no pertenecientes a la UE a mediados de 2023.
El objetivo es que se puedan hacer coincidir las necesidades de los mercados laborales en los Estados miembros de la UE con las capacidades de los migrantes legales que llegan a los Veintisiete.
“Por primera vez, pasamos de alojar a seleccionar las capacidades que nos faltan en Europa”, declaró en una rueda de prensa el vicepresidente de la CE encargado de Migración, Margaritis Schinas.
Bruselas también pretende reforzar la cooperación con países terceros con la puesta en marcha de “asociaciones para el talento”, anunciadas el año pasado.
Son acuerdos con los que se busca abordar la escasez de cualificaciones en la UE, así como reforzar las asociaciones en materia de migración con terceros países. Según Bruselas, cada pacto de este tipo se ajustará a “las necesidades e intereses de los Estados miembros y los países socios”.
En cualquier caso, señaló que se podría poner el acento sobre los sectores de las tecnologías de la información y comunicación, ciencia, ingeniería, salud y cuidados de larga duración.
La Comisión tiene la intención de concluir los primeros acuerdos de este tipo con Marruecos, Túnez y Egipto a finales de este año, lo que permitiría movilizar financiación. También estudia la posibilidad de cerrar pactos con Pakistán, Bangladés, Senegal y Nigeria.
Para el medio y largo plazo, la Comisión aspira a atraer migrantes legales en sectores donde hay escasez de mano de obra en la UE, como los cuidados de larga duración.