“Si no hay una política de retornos, tampoco habrá base para la política de refugiados”. El mensaje formulado en cada una de las reuniones europeas sobre la respuesta a la crisis humanitaria se ha materializado en un paquete de medidas para acelerar las repatriaciones de miles de migrantes. Mientras los discursos se centraban en la necesidad de reforzar las deportaciones para evitar un supuesto “efecto llamada”, poco dijeron acerca de las otras “deficiencias” reconocidas por la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa y diferentes ONG y colectivos sociales: las vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas repatriadas a la fuerza y la falta de organismos independientes de control.
En España, por ejemplo, las denuncias apuntan al uso desproporcionado de la fuerza en los vuelos de deportación, el empleo de sedaciones forzosas sin atender exclusivamente a un criterio médico, la falta de garantías jurídicas en las repatriaciones exprés -aquellas ejecutadas en las 72 horas posteriores a su detención-, o a las malas condiciones de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), cuya finalidad es la expulsión de las personas retenidas. La falta de un control independiente permanente en el caso de los vuelos de deportación deriva en la imposibilidad de comprobar el respeto de los derechos humanos en su interior.
Este jueves los ministros de Interior europeos se comprometieron a cumplir el 'Plan de Acción de la Unión Europea sobre Retorno' con el objetivo de “reforzar” los mecanismos de deportación de migrantes en situación irregular.
Las medidas más destacadas por la Comisión y los estados miembros se basan en la búsqueda de más acuerdos de readmisión -a través de incentivos y presiones- con los principales países de origen de estas personas, la creación de una oficina específica de la agencia europea de Fronteras (Frontex) dedicada exclusivamente a las repatriaciones, y la mejora de los sistemas de información europeos para detectar y detener a los futuros expulsados.
Versión del repatriado y versión policial
El plan de retorno menciona de forma breve el deber de cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos y cita la adopción del 'Manual de retorno“, que ”provee las pautas, las mejores prácticas y recomendaciones para llevar a cabo devolver de una manera eficaz y humana en el pleno respeto de derechos y garantías fundamentales“.
El borrador de este manual incluye medidas como la garantía de un control eficaz del proceso de deportación a través de un organismo independiente que, sin embargo, en buena parte de los estados no se cumple, lo que impide conocer si se respetan los escasos límites impuestos por la legislación europea a, por ejemplo, el uso de la fuerza en el interior de los vuelos de deportación, el empleo de sedaciones forzosas o los sistemas empleados en la detención de los repatriados.
“Si no todos, la mayoría de los estados europeos no cuentan con un sistema eficaz de control independiente en cada uno de los vuelos de deportación”, afirma Barak Kalir, profesor de la Universidad de Amsterdam, quien está investigando las deportaciones en España, Grecia, Holanda, Ecuador e Israel.
“Por ejemplo, en Holanda, mientras la Policía nos dice que los agentes son muy educados con los repatriados y cumplen de forma estricta los derechos humanos, otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rigth Wach denuncian hechos muy graves. Si el deportado denuncia agresiones y tiene incluso pruebas de ello, la Policía puede decir que fue proporcional a la resistencia de este en el vuelo”, explica Kalir.
“Sin un control independiente, es imposible saber quién dice la verdad. Siempre tendremos las dos versiones”, añade el profesor.
La falta de control permanente en España
El organismo responsable del control del sistema de deportaciones en España es la Defensoría del Pueblo, que no tiene asignada una tarea de vigilancia permanente sino que se limita a inspecciones puntuales, según fuentes de la institución.
La institución representada por Soledad Becerril, a través del Mecanismo Nacional contra la Tortura, controla estos vuelos de forma puntual, a través de esporádicos exámenes sorpresa en los que un representante se sube en uno de los traslados. En el año 2013 se realizaron cerca de 150 vuelos de repatriación, de los cuales solo uno contó con la presencia del organismo. En 2014 supervisaron cuatro viajes.
La Comisión Europea concluyó en 2014 a través de un análisis del cumplimiento de la legislación europea de retorno que a la hora de aplicarla “siguen existiendo deficiencias como determinados aspectos de las condiciones de detención o la falta de independencia de los sistemas de supervisión de los retornos forzosos”. Además, añadía “en muchos Estados miembros hay margen de mejora a través de un uso más sistemático de las alternativas a la privación de libertad y el fomento de la salida voluntaria”.
Debate sobre las “condiciones dignas”
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), que también propuso el refuerzo de los mecanismos de retorno de las personas que “no necesiten protección internacional”, recuerda que siempre debe hacerse en “condiciones dignas”. Con ello se refiere a “todo el proceso”, es decir, desde el acceso al asilo, el estudio exhaustivo de su solicitud y de su situación personal de vulnerabilidad, hasta la ejecución de la propia expulsión, indican fuentes de Acnur.
La posición de las organizaciones sociales que componen la plataforma 'Stop Deportaciones' choca con la propuesta lanzada por Acnur. El colectivo se opone al refuerzo del sistema de deportaciones europeo sin matices y rechaza el argumento empleado por la Unión Europea para impulsar el nuevo plan en plena crisis de refugiados.
“Su fundamento es que para que unos se puedan quedar, otros se tienen que ir. La protección internacional es obligación de los estados. No se puede, a cambio de proteger a unas personas, desproteger a otras, sean refugiados o migrantes”, señala una portavoz del colectivo.
“La dignidad es contraria a la base de las propias deportaciones”, añade. “Significa la ruptura de una vida construida tras su proyecto migratorio. Las medidas incluidas en el Protocolo de deportación español son todas humillantes. Consisten en amordazarte, sedarte, golpearte... Todo esto no permite que se cumplan las condiciones de dignidad”, concluyen desde el colectivo.