Los tres jueces encargados de la vigilancia del CIE de Madrid han exigido al director del centro -competencia de la Dirección General de Policía- la instalación “urgente” de cámaras de seguridad “en todos los espacios” del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. La resolución llega después de la denuncia de varios internos que aseguran haber sufrido malos tratos en ángulos muertos del centro tras la protesta en la azotea.
Después de escuchar las quejas de varios internos, los magistrados Ramiro García de Dios, Inmaculada Iglesias Sánchez y Pedro Merchante Somalo -encargados de los juzgados de instrucción 6, 19 y 20 de Madrid- , han acordado requerir al director del CIE la gestión de las medidas necesarias para cubrir con cámaras todos los puntos del centro, ya que algunos internos declararon que las agresiones se producían en las escaleras, donde según las ONG con acceso a estos centros, no hay cámaras de seguridad.
Los jueces piden la instalación de cámaras en todas las zonas excepto en aquellas consideradas “reservadas o íntimas”, como los baños y los dormitorios, donde algunos de los internos también aseguraron haber sido agredidos.
El Ministerio del Interior ha respondido que el CIE cuenta ya con cámaras de seguridad que grabaron los incidentes ocurridos en estas instalaciones el día de la protesta, según informa Europa Press. Las ONG que han denunciado en los juzgados de Madrid los supuestos malos tratos acontecidos tras el motín afirman que en “las escaleras, el acceso a los locutorios y la zona de la lavandería” no cuentan con sistemas de vídeovigilancia.
El pasado 18 de octubre, 39 internos permanecieron durante once horas en la azotea del CIE de Madrid para exigir su libertad. Después de desistir y regresar al interior del centro, varios internos denunciaron haber recibido agresiones por parte de la policía a modo de represalias, como adelantó eldiario.es.
Las ONG SOS Racismo y Coordinadora de Barrios presentaron una denuncia en los juzgados con la intención de que se investiguen judicialmente los malos tratos alegados por los internos.
Según Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios, una de las diligencias solicitadas por ambas organizaciones es precisamente la entrega por parte de la Dirección General de Policía de las grabaciones realizadas por las cámaras de vigilancia en los puntos que sí cuentan con este servicio. También han pedido un listado de las zonas que se encuentran ajenas al sistema de vídeovigilancia, más allá de las escaleras, el acceso a los locutorios y la zona de las lavandería - las ONG aseguran tener la certeza de la inexistencia de cámaras en estos espacios-.
Además, el mismo día del amotinamiento, cuando los migrantes permanecían recluidos en sus habitaciones sin poder tener ningún contacto con el exterior, ambas organizaciones solicitaron la visita de la jueza de control en funciones, Inmaculada Iglesias Sánchez.
La magistrada no visitó el centro hasta el 24 de octubre, donde tomó declaración a varios internos. Según afirma a eldiario.es Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios y letrada de uno de los migrantes que relató los hechos ante la jueza, varios internos denunciaron no sentirse seguros mientras relataban las supuestas represalias policiales debido a la cercanía de los agentes durante el encuentro con Iglesias Sánchez.
Por esta razón y ante las dificultades para acceder a intérpretes, algunos de los migrantes encerrados en el CIE fueron trasladados a los juzgados de instrucción número 19 de Madrid para realizar su declaración sin la presencia policial, según confirmaron a eldiario.es fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.