El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar “con las largas esperas y condiciones que han de soportar” los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid.
Según informa Marugán en un comunicado, hasta el pasado 28 de mayo, estas personas podían solicitar la cita por teléfono, pero el Ministerio del Interior modificó el procedimiento y centralizó el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid (Comisaría de Aluche) que solo atiende a 99 personas al día.
Esta limitación de cupo obliga a muchas personas, entre ellas mujeres embarazadas, madres con niños o personas con alguna enfermedad y otras personas vulnerables, a esperar “sin éxito” a la intemperie durante varios días. Ante esta situación, el Defensor ha recordado que las demoras en el inicio del procedimiento provocan “graves perjuicios a los solicitantes de asilo ya que no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que quedan en situación de calle durante meses”.
Según la explicado la Institución, el nuevo procedimiento ha generado un importante número de quejas en las que se relatan las deficiencias en relación con la atención a los solicitantes y las condiciones en las que se desarrollan las entrevistas.
En opinión de la Institución, la delegación de funciones que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) realiza en la Policía Nacional para la gestión de las citas de protección internacional viene a agravar la situación que ya padecen los ciudadanos extranjeros “por la falta de una gestión eficaz del sistema de cita previa de extranjería”.
El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo de la “insostenible” situación y ha denunciado que el sistema de gestión de solicitudes de protección internacional español “se encuentra colapsado”. En su Informe Anual de 2017 ya advirtió de que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo.
En opinión de la institución que dirige Fernández Marugán, la lentitud en la adopción de medidas para solicitar refuerzo de personal ha provocado “graves disfunciones y con ello perjuicios a los solicitantes”. En su opinión, la complejidad de las demandas exige contar con suficientes funcionarios formados que puedan dedicar el tiempo necesario a los expedientes complejos.
En su estudio 'El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida (2016)', el Defensor del Pueblo abogaba por mejorar la coordinación entre órganos y centros directivos de distintos departamentos ministeriales para la gestión de las solicitudes de protección internacional y de acogida de los solicitantes y aconsejaba revisar su dependencia orgánica y funcional.