El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta que prohíban el uso de sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional, tras la nueva difusión de las imágenes de la muerte de Ilias Tahiri en el centro de reforma de Tierras de Oria de Almería. “La práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”, ha apuntado la institución en un comunicado.
El joven Ilias Tahiri falleció después de haber sido inmovilizado con sujeciones mecánicas en un centro de reforma de menores de Almería. Como muestran las imágenes publicadas por eldiario.es el pasado noviembre y el vídeo completo difundido por El País la semana pasada, hasta seis agentes se subieron sobre el cuerpo del adolescente sin presencia médica.
Las primeras recomendaciones de Fernández Marugán se dirigen al Ministerio de Justicia, al que exige la derogación del apartado del Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas, con el objetivo de “acabar con estas prácticas como medio de contención” en estos espacios. Según defiende, “es necesaria una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas”.
El Defensor del Pueblo también apunta a la Junta de Andalucía y a la Ciudad Autónoma de Melilla, dado que en ambas regiones ha habido casos de fallecidos en centro de menores tras el uso de las sujeciones mecánicas. En este sentido, Fernández Marguán pide que ambos gobiernos dicten las “instrucciones oportunas” para acabar con el uso de esta medida contra “las personas que se encuentran bajo custodia en los centros de su jurisdicción”.
En 2017, el Defensor publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que pedía que se evitaran las reducciones “a través de acciones potencialmente lesivas para internos e internas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado y formado para ello”.
Según recuerda la institución, desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica. “No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”, ha afirmado Fernández Marugán. “Lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la mayoría de edad”.
El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia: “Hay técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”, defiende. Su posición coincide con el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que, en su informe emitido en 2017 consideró que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual”.