La ayuda al desarrollo sube al 0,22% de la RNB pero sigue sin notar la recuperación de la que presume el Gobierno
Tras una década de recortes que han supuesto una pérdida de más del 70% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la cooperación española sigue, a juicio de las ONG, sin recibir una partida presupuestaria suficiente que le permita remontar y notar la recuperación económica de la que presume el Gobierno de Rajoy. La AOD española alcanzará en 2018 los 2.601,8 millones de euros, el 0,22% de la Renta Nacional Bruta (RNB) prevista para este año, según el informe presentado por el Ejecutivo en las Cortes una semana después de entregar su proyecto de presupuestos.
Esta cantidad supone un repunte de 151 millones de euros respecto a lo presupuestado el año pasado, 2.450 millones, un 0,21% de la RNB. “Seguimos contando con un presupuesto modesto, pero es un incremento positivo”, ha reconocido el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Fernando García Casas, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este jueves, en la que ha detallado las diferentes partidas destinadas a esta política en los nuevos PGE.
Sin embargo, las cifras de AOD aún se sitúan lejos de lo que las organizaciones sociales han reclamado al Ejecutivo para que la debilitada cooperación española pueda sobreponerse: destinar el 0,3% en este ejercicio con el objetivo de llegar a la meta del 0,4% al final de la legislatura, en 2020, tal y como se comprometieron todos los grupos parlamentarios en una proposición no de ley aprobada a finales del año pasado. Al ritmo propuesto, esta cifra se haría realidad en 2033, según el análisis de la Coordinadora de ONGD, que agrupa a más de 400 entidades.
“Es muy decepcionante. Es la constatación de la falta de voluntad de recuperar la política de cooperación. Nos dijeron que esto era un bache, y en cuanto se iniciara la senda de crecimiento, se iban a recuperar los recursos. No están cumpliendo con su palabra. La recuperación no está llegando a políticas esenciales que hemos perdido con la crisis”, sostiene Carlos García, responsable de incidencia de la Coordinadora.
“Sin recursos suficientes” para el nuevo Plan Director
Con lo presupuestado, que incluye las dotaciones de varios ministerios a nivel estatal y la cooperación autonómica y local, también quedan lejanos los niveles previos a la crisis económica, recuerda la red de organizaciones. En 2011, la ayuda al desarrollo alcanzó los 4.277 millones, un 40% más que lo previsto en los nuevos presupuestos. “En general, el incremento de recursos es algo esperado en un contexto de crecimiento, pero que es a todas luces insuficiente para recuperar lo perdido e insuflar dinamismo al recién aprobado Plan Director”, sostiene la Coordinadora de ONGD en su análisis.
Así, estas cifras de ayuda al desarrollo llegan en un momento en el que el Gobierno estrena Plan Director de Cooperación, la hoja de ruta que marca estas políticas en los próximos cuatro años. Lo aprobó sin contar con el respaldo de expertos, sociedad civil y partidos de la oposición, que señalaron “graves carencias” en el documento. La principal: la falta de un marco presupuestario para ejecutarlo, una crítica que ha reconocido García Casas en su intervención este martes. El foco, tras conocer el monto destinado a la ayuda al desarrollo, vuelve a ponerse una vez más en la falta de recursos “necesarios” para ponerlo en marcha.
“El plan nace vacío, sin recursos suficientes. Durante la discusión nunca hubo un compromiso político con el presupuesto. Estamos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días, porque los grupos políticos reclamaron un plan con recursos. Queremos recordárselo a los partidos, especialmente a Ciudadanos y al PNV, la voluntad política se ve cuando hablamos de presupuestos”, apunta el responsable de la Coordinadora.
Según el informe del Gobierno, el grueso de la dotación de la ayuda al desarrollo corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, un 46,72% –compuesto por contribuciones obligatorias a la Unión Europea– y no el Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado de dirigir de la política de cooperación. Las entidades sociales critican el “peso secundario” que se le da a este departamento.
En los nuevos PGE, el órgano especializado de Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), recibirá un 14,6% más de fondos que el año pasado. Sin embargo, parte de este presupuesto, 88 millones, proceden de la cooperación delegada con la UE, por lo que no computa como AOD. “Lo que se han resentido han sido los fondos propios. Compensar nuestra falta de voluntad política con fondos de Bruselas son paños calientes”, esgrime García.
A la cola de Europa
Por otro lado, de acuerdo con la red de ONG, estos datos de AOD siguen situando a España en la cola de los países del entorno. Desde 2012, la ayuda española finalmente ejecutada no ha superado el 0,2% de la RNB, la línea roja simbólica que exige la OCDE a los Estados para formar parte del club de donantes y que solo han incumplido España, Grecia y Portugal. La media de los países de la UE que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la organización es del 0,49%.
Asimismo, según el informe Aidwatch de Concord, la AOD española estuvo en 2016 a la cabeza de la ayuda “inflada” en Europa, es decir, la que no contribuye a generar desarrollo en los países socios, como operaciones de condonación de deuda externa. En España, las nuevas cifras de ayuda detalladas por el Ejecutivo incluyen el gasto para personas refugiadas, un 8,71% del monto total, 201,6 millones, en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).
“La dotación presupuestaria para ayuda a los refugiados es algo totalmente necesario y debería realizarse con fondos adicionales. Sin embargo, su consideración como Ayuda la Desarrollo es cuestionable ya que son fondos que permanecen en nuestro país y no contribuyen a la erradicación de la pobreza y la desigualdad los países más empobrecidos”, matiza la Coordinadora.
Esta dotación contrasta, recalcan las ONG, con lo presupuestado en 2018 para ayuda humanitaria, una de las partidas más castigadas por los recortes: 19 millones de euros, dos más que en 2017, frente a los 350 millones destinados en 2008 a países donde se producen las catástrofes y los conflictos.
