Los desplazados yazidíes se resisten a abandonar los campamentos iraquíes y regresar a sus hogares en ruinas

El Gobierno iraquí ha sido acusado de volver a generar temor entre los supervivientes de la masacre de Sinyar casi una década después de la mortífera campaña del Estado Islámico, que forzó a decenas de miles de miembros de esta comunidad a huir de sus casas en el norte de Irak.

En enero de este año, el Consejo de Ministr queos iraquí estableció que el 30 de julio sería la fecha límite para cerrar 23 campamentos de desplazados en el Kurdistán iraquí, adonde huyeron los yazidíes y otros ciudadanos perseguidos por el Estado Islámico, como los cristianos. Actualmente, estos campamentos son el hogar de unas 155.000 personas desplazadas –en su mayoría yazidíes– a las que masacraron, secuestraron y forzaron a la esclavitud sexual durante el punto álgido de la violencia en el norte de Irak que tuvo lugar en 2014.

El Ministerio de Migraciones y Desplazamientos ha ofrecido 4 millones de dinares iraquíes (2.860 euros) a cada familia para sufragar los gastos de reasentamiento a la vez que también ha lanzado un programa de creación de empleo. Pero estos planes han suscitado preocupación entre quienes viven en los campos, así como al representante de la agencia de la ONU para los refugiados en Irak, Jean-Nicolas Beuze, y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch.

En una rueda de prensa, Beuze aseguró que el cierre inminente “está llevando a muchos a sentirse presionados para que vuelvan a casa, en lugar de tomar una decisión voluntaria e informada”.

Regresar a Sinyar

Por el momento, Bagdad ya ha cerrado todos los campamentos de desplazados en su territorio y la mayoría de la gente tiene que regresar a sus hogares o vivir en asentamientos informales. Pero en la región autónoma del Kurdistán (norte), la mayoría de los desplazados internos proceden de Sinyar, una pequeña región que permanece en gran parte en ruinas.

Aunque el Estado Islámico fue expulsado de la zona en 2017, varias personas afectadas por estas medidas han contado a The Guardian que no es seguro volver a casa y que el dinero que les ofrecen no es suficiente: “Si el Gobierno nos saca de este lugar, no tendremos adónde ir”, dice Sare Ravo Murad Peshow, de 60 años y residente en el campamento de Shariya, cerca de la ciudad de Duhok. “No puedo volver a un sitio en el que mataron a cinco de mis hijos”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), actualmente es posible que más de 2.700 yazidíes que siguen desaparecidos estén muertos o secuestrados por los terroristas. Por otra parte, en el campamento de Shariya viven aproximadamente 12.255 personas y muchas de ellas lo ven como un santuario. “No tenemos trabajo, ni una tienda o un coche. Solo nos ayuda dios y los que hacen buenas acciones”, dice Peshow, cuyo hijo y cuatro nietos fueron capturados por el Estado Islámico en Sinyar. Sólo uno de sus nietos regresó.

Peshow y su marido, al igual que la mayoría de la gente que vive en Shariya, dependen de paquetes de alimentos del Ministerio de Migraciones y Desplazamientos que se entregan cada dos o tres meses y de la ayuda de otros habitantes del campamento. Por ahora, siguen a la espera de saber si la indemnización del Gobierno –que está disponible para los de Sinyar cuya casa fue dañada por los extremistas– ha sido aprobada.

Sin seguridad ni servicios básicos

Otro habitante del campamento es Tajsin Hussen Osman Rasho, de 39 años y quien asegura que “algunas personas no tienen tierra sobre la que construir. Los 4 millones de dinares que se nos ofrece no son suficientes ni para reconstruir una habitación”. “Allí no hay trabajo, no hay electricidad, y cuando la hay, es muy poca. No hay agua potable. La gente no puede criar a su familia sin dinero ni asistencia social. No llevaré a mis hijos allí”, agrega.

Rasho, que trabaja de manitas en Duhok, dice que su familia de seis miembros tiene dificultades para llegar a fin de mes y depende de los paquetes de alimentos del Gobierno. También está a la espera de una respuesta a su solicitud para recibir una compensación.

El hombre huyó con su mujer, Tawaf Jodeda Osman, y sus hijos un día antes de que el Estado Islámico irrumpiera en Sinyar, después de que unos amigos en el sur le llamaran para alertarle de la amenaza. Ahora teme que la pequeña región montañosa siga siendo insegura. Con varios grupos armados todavía activos, incluidas las Fuerzas de Movilización Popular, apoyadas por Irán, y las milicias kurdas alineadas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), esta zona también es una ruta de tránsito clave para el contrabando de armas entre Irak, Turquía, Líbano y Siria.

Joni Shebo Ali Aamer, de 60 años, conserva fotografías de su casa en un pueblo del distrito de Sinyar. El grupo Estado Islámico la hizo saltar por los aires. “Si el Gobierno reconstruyera la zona y trajera electricidad y agua, volveríamos. Pero lo han destruido todo y no tenemos adónde ir”, lamenta.

Por su parte, Pir Dian Yafar, director del Departamento de Migraciones, Desplazamientos y Crisis del Gobierno regional del Kurdistán, cree que Bagdad no cumplirá con su fecha límite del 30 de julio y que cada familia debería recibir al menos 10 millones de dinares “para arreglar su casa y poder vivir en ella”. “Los desplazados internos no acuden a registrar su nombre para irse”, asegura Yafar. “No podemos forzar el cierre [de los campamentos] y decirle a la gente que vuelva a su lugar [de origen]”.

Por su parte, el portavoz de Ministerio de Migraciones y Desplazamientos, Ali Abbas, dice que el Gobierno iraquí no quiere que la gente dependa de la ayuda. “El Ministerio continúa su trabajo para cerrar los campamentos antes del día anunciado”, afirma. Y añade que el paquete económico que ofrecen pretende servir para “restituir casas pequeñas y comprar bienes permanentes”.

Traducido por María Torrens Tillack y actualizado por elDiario.es