Entre el incesante goteo de inmigrantes que llegaron por la costa sur las organizaciones que trabajan con inmigrantes detectaron por primera vez en 2005 presencia de bebés alrededor de los 0 y 5 años que llegaban en brazos de madres que resultaban no ser tales. La mayoría de ellos, en patera.
Al drama de la inmigración se sumaba la tragedia de que las víctimas eran las más vulnerables entre los vulnerables. Muchos de aquellos menores cumplían y, siguen cumpliendo, la función de una suerte de ‘salvoconducto hacia al paraíso’ y no eran hijos del adulto que los traía en brazos o de la mano.
No fue hasta 2008 la primera vez que el Defensor del Pueblo reflejó en su Informe Anual la presencia de bebés con padres falsos en los centros para inmigrantes del sur de España.
La fiscalía les denominó “bebés ancla” porque el verdadero motivo de su dramático protagonismo migratorio, consistía en que servirían para aumentar las posibilidades de permanecer en España de manera legal a aquellas personas a las que acompañaban.
La respuesta desde España a este drama dentro del drama, no fue rápida. Pero, lo cierto es que, desde 2008, los trabajadores sociales encargados del primer contacto humanitario con los emigrantes ilegales que alcanzan la frontera sur de Europa hacen saltar las alertas cada vez que encuentran una madre que no conoce la talla de ropa del niño que porta en sus brazos, que no recuerda cuando le salió el primer diente o que no es capaz de precisar el tiempo que hace que le dejó de dar el pecho.
Gestión delicada
Para el gobierno y las ONG, esta es una de las situaciones humanas más delicadas que les toca gestionar. En medio del drama de la migración clandestina, con toda su carga de violencia contenida y discriminación abierta, es imprescindible detectar los casos de los menores cuyos acompañantes están atrapados en redes de mafias que les utilizan para aumentar las posibilidades de quedarse en el país.
Uno de los asuntos más delicados es que, al igual que hay adultos que se hacen pasar por padres, también hay personas que, sin ser padres, son tutores legítimos a los que sus progenitores han confiado la delicada y arriesgada misión de ayudarles a que cambien de país, con la esperanza de que mejore sus expectativas de vida.
Por reparto de competencias, la responsabilidad sobre estos menores que llegan desprotegidos corresponde al Ejecutivo central; y no a los gobiernos de las autonomías.
Pero, ¿qué medidas se están tomando desde Madrid para rescatar de la situación de vulnerabilidad a estos menores desprotegidos y no identificados?
Para la mayoría de trabajadores e instituciones que se ocupan del fenómeno de la inmigración el término “bebé ancla” no refleja la complejidad de esta escalofriante realidad y “puede llevar a la criminalización de las personas acompañantes cuando los supuestos que se presentan son extremadamente complejos”. Es la opinión de Milagros Núñez, responsable del programa de atención de Cruz Roja a inmigrantes.
“No estamos hablando de personas de mala fe que utilizan al niño para poder quedarse en España sino de mafias que trafican con seres humanos y utilizan tanto al menor como al aparente madre para sus fines”, explica Elena Maleno, investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos. “A veces incluso nacen dentro de esas redes de trata”.
Maleno fue la encargada de recabar y reflejar en el informe del Defensor del Pueblo de 2012 (y en su actualización de 2013) algunas de estas historias, siempre con las identidades veladas para evitar poner en una situación todavía más vulnerable a sus protagonistas.
“Queen, de nacionalidad nigeriana, había sido ingresada en un centro de acogida junto a tres menores de edad, tras ser interceptada intentando acceder a territorio nacional en una patera. La Defensora del Pueblo fue informada de que existían indicios de que Queen pudiera ser víctima de trata”. ¿Por qué?
El caso de Queen
“Se había constatado que mantenía contactos telefónicos continuos con personas que la instaban a abandonar el centro”, se lee en el Informe. Además, los servicios sociales mostraron su preocupación respecto a la situación de los menores. “Por una parte no había quedado acreditado el vínculo de filiación y Queen no mostraba ningún apego hacia ellos, especialmente hacia el mayor de los tres que presentaba problemas psicológicos y de salud que requerían tratamiento específico y seguimiento”, continúa.
“Los servicios sociales comunitarios de la localidad donde se ubica el centro de acogida realizaron una entrevista a Queen tras la que concluyeron que, como quiera que la interesada manifestaba su deseo de abandonar la localidad y no facilitaba datos acerca del lugar en el que iba a fijar su residencia, no resultaba posible la intervención de estos servicios, cuya labor se circunscribe a esa localidad”, justifica el informe.
Pese a haberse detectado esta anomalía Queen abandonó el centro junto con los tres niños sin que los servicios de protección ni la Fiscalía General del Estado hayan sido capaces de seguirles el rastro, según reconoce el propio informe.
El fiscal general de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, describe la existencia de estas mafias que instrumentalizan a los niños y a las mujeres con las que llegan. “Es una tragedia la que viven tanto las presuntas madres como los niños”, asegura.
El Informe del Defensor del Pueblo da fe con ejemplos concretos de la denuncia expresada por Sánchez-Covisa. Relata la historia de otra nigeriana, Doris, a la que un hombre le propuso pagarle el viaje desde Marruecos a cambio de que uno de sus dos bebés lo llevara otra mujer. Al llegar a España, las dos inmigrantes fueron separadas, cada una con un niño, y enviadas a centros de acogida distintos. La mafia se resistía a devolver a Doris su otro bebé, hasta que al final denunció el caso y pudo reunirse con él.
¿Qué futuro le espera a los niños en España?
Seis años más tarde de que el fenómeno apareciera en sus propios documentos, el Gobierno reaccionó con la elaboración del Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados. Sin embargo, a falta de la firma y aprobación de los ministerios implicados, la medida aun no ha entrado en vigor.
Ninguna fuente oficial fue capaz de explicar si existe un protocolo intermedio o con que criterios se actúa, de lo que se deduce que en la solución depende más de la voluntad de los funcionarios que se enfrentan a estos casos que de la existencia de un procedimiento formalizado que vele por la protección de los menores.
Pese a tanta dilación, Elena Maleno está convencida de que la conciencia de las instituciones del Estado en esta delicada situación “ha avanzado considerablemente” desde 2008. “Ahora se hacen pruebas de ADN a cada niño y cada padre para certificar que los menores son, realmente, hijos de quienes dicen ser sus progenitores”. “Al menos en el centro de la Cruz Roja de Motril y en el CETI de Melilla hacen estas pruebas ya de manera sistemática”.
Eldiario.es trató de ponerse en contacto con el director de ese centro pero no obtuvo respuesta oficial ni detalle alguno sobre protocolo que aplica.
El fiscal General de Extranjería, Sánchez-Covisa es menos optimista. Asegura que las pruebas de ADN se hacen desde hace dos años, aunque no de manera protocolaria y sistematizada. “Desde que se llevan a cabo test de paternidad muchas menos mujeres dicen que son la madre de un menor que no es su hijo”. “Saben que comienza a haber vigilancia y las mafias utilizan otras estrategias. Hace dos años empezaron a hacerse pruebas de ADN a partir de la saliva y ya encontramos menos casos”, comenta.
Sin cifras oficiales
¿Son los casos de menores víctimas de trata una cantidad significativa en relación al total de los menores que llegan a nuestras costas? El informe anual del Defensor del Pueblo habla de “un bajo número de víctimas identificadas” pero no precisa cuántas fueron.
“Yo creo que el número es significativo, pero no hay que verlo tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos” afirma Elena Meleno. “Las historias que hay detrás de este fenómeno son escalofriantes. A veces los niños nacen dentro de las propias redes de trata. Otras, como pasa con los menores congoleños o cameruneses, se utilizan a los niños para explotación sexual. En otras los niños son utilizados para extorsionar a las madres. A veces alguien le dice a la familia que les lleva al niño junto con un familiar que está en Francia y luego ese niño aparece registrado como hijo de la persona que se lo llevó”.
¿Son las pruebas de ADN una solución? Según las conclusiones del Defensor del Pueblo, no se puede garantizar que la persona que acompaña al niño no es un “tutor” designado por los padres. Propone que se declare al menor en situación de riesgo para determinar el vínculo con el adulto que lo acompaña. Sin embargo, no todos los actores sociales creen que las pruebas de ADN sean la mejor solución.
Padrinazgo
José Palazón, presidente de la Asociación Prodeín (Pro Derechos de la Infancia) asegura que las pruebas de ADN suponen la enésima humillación para los inmigrantes. “Muchos de ellos llegan de países subsaharianos donde el padrinazgo es otra forma de tutela”.
El fiscal de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, está de acuerdo en que “no se puede despreciar la cultura de pueblos subsaharianos que, en muchos casos desconocemos, y en las que hay personas que se hacen cargo de menores con la misma dedicación que si fueran sus padres”. Recomienda, no obstante, poner en cuarentena los casos en los que se detecta una formula de ‘padrinazgo’. “El problema es poliédrico”, asegura.
José Antonio Lorente es el responsable de la Fundación DNA ProKids, vinculada a la Universidad de Granada, que funciona en Melilla desde 2012. En 2013, con la multiplicación de este tipo de situaciones, ProKids firmó un convenio entre la Dirección del Menor del Gobierno de Melilla. El objetivo, que fueran especialistas quienes actuaran en los casos de posibles ‘padres falsos’ que se detectaran en los CETI de esa Comunidad. “En este último año hemos tratado unos 40 casos, de los que han resultado unos siete en los que no se pudo acreditar el parentesco. En el resto si”, dice Lorente. La Guardia Civil, por su parte, efectuó en verano de 2013 otras 11 pruebas: ocho análisis demostraron que los padres eran falsos.
“Es obvio que la identificación genética no lo significa todo, pero el tráfico de menores es un hecho evidente”, sentencia José Antonio Lorente. “Lo que hay que hacer es valorar el dato de ADN como uno más en la investigación, dándole el valor que tiene en el conjunto”.