Casi mil millones de euros destina la Comisión Europea a los países para “acciones relacionadas con el retorno de inmigrantes irregulares”. Es decir, para deportaciones.
Así se desprende de la respuesta del comisario de Migración, Dimitris Avramopouluos, a una pregunta formulada por la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol.
Albiol preguntaba por la cantidad empleada en garantizar la llegada legal y segura de personas; la informacioÌn desglosada por Estados miembros y por receptor final de los fondos y por los mecanismos para supervisar que las personas migrantes no son encarceladas, perseguidas o torturadas tras haber sido deportadas desde la UE.
Avramopouluos, que responde a algunas cuestiones con más concreción que a otras, afirma que “en el marco del Fondo de Asilo, MigracioÌn e IntegracioÌn, los Estados miembros disponen en sus programas nacionales, para el periodo 2014-2020, de 737 millones de euros para acciones que refuercen el Sistema Europeo ComuÌn de Asilo, incluida la prestacioÌn de servicios a los solicitantes de asilo y la recepcioÌn de los mismos. AdemaÌs, 53 millones de euros estaÌn destinados a apoyar la migracioÌn legal desde terceros paiÌses a los Estados miembros. Asimismo, se han asignado a los Estados miembros 872 millones de euros en fondos adicionales para apoyar el reasentamiento de los beneficiarios de proteccioÌn internacional procedentes de terceros paiÌses a los Estados miembros”.
Además, Avramopouluos explica que “en el marco del Fondo de Asilo, MigracioÌn e IntegracioÌn, se asignan 943 millones de euros como parte de los programas nacionales de los Estados miembros para acciones relacionadas con el retorno. Por lo que se refiere al nuÌmero de retornos en 2017, la cifra oficial de Eurostat es de 188 905 inmigrantes irregulares devueltos de manera efectiva a terceros paiÌses en 2017 por todos los Estados miembros de la UE. Esta cifra incluye tanto los retornos voluntarios como los forzosos.
“Las deportaciones son uno de los elementos centrales de las políticas xenófobas de la UE y esto queda claro cuando vemos que se gastan 70 millones de euros más en deportaciones que en programas de reasentamiento”, reflexiona Marina Albiol: “Su objetivo es reducir el número de migrantes a toda costa y para ello no dudan en realizar deportaciones forzosas, para las que a menudo se utiliza violencia o sedaciones. Devuelven a esas personas a la violencia y la miseria de la que huyeron, o incluso las deportan a terceros países, por los que hayan transitado en su camino hacia la UE, pero con los que no tengan ningún tipo de vínculo”.
De esos 943 millones de euros, España es el tercer país, con 116,1 millones, que más dinero recibe para deportaciones. El primero es Reino Unido –219,4 millones–, seguido de Grecia –132,8 millones–.
“Que el Estado español sea el tercer estado europeo que más fondos recibe para las deportaciones demuestra el papel de alumno aventajado que tiene en la aplicación de las políticas de la Europa Fortaleza”, prosigue Albiol: “El Gobierno de Sánchez ya ha demostrado con sus acciones que no va a promover ningún tipo de cambio en las políticas migratorias españolas, caracterizadas por las violaciones de derechos humanos en la frontera de Ceuta y Melilla y en los Centros de Internamiento”.
“Estas políticas –continúa Albiol– son además un enorme negocio para unas pocas empresas privadas que, como Air Europa, se lucran con esta industria criminal. Esos 116 millones de euros que de momento ha recibido el Estado español para realizar deportaciones es dinero del conjunto de contribuyentes que viven o trabajan en la Unión, también de personas migrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, las autoridades europeas no tienen reparo en dar ese dinero a empresas privadas para que estas apliquen unas políticas que están dictadas por la extrema derecha”.