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El Gobierno quiere tres nuevos CIE aunque la mayoría de internos no son expulsados y sobran las plazas

Crisis en los CIE: casi 100 fugas y varios motines en la recta final del año

Gabriela Sánchez

En un momento en el que las voces contrarias a los Centros de Internamientos para Extranjeros suenan más fuerte que nunca, cuando la ocupación máxima de los CIE no sobrepasa la mitad de su capacidad y más de la mitad de las personas encerradas en él no son finalmente expulsadas, el ministro del Interior ha anunciado la creación de otros tres centros más.

¿Por qué? Juan Ignacio Zoido asegura que el objetivo consiste en “mejorar la situación” de estos centros y menciona la intención de formalizar un “cambio de modelo”, pero aún no aclara si la apertura de nuevos CIE en Madrid, Málaga y Algeciras supondrá el cierre de aquellos ya existentes en estas ciudades, excepto en Málaga, donde tuvo que cerrarse debido a sus malas condiciones.

Fuentes de Interior explican a eldiario.es que el proyecto se encuentra en una “fase provisional” y, por el momento, prefieren no dar más detalles hasta que no concreten sus planes en “futuras reuniones” porque, apuntan, “cualquier cosa puede cambiar”. Según indican, por el momento no se ha especificado el presupuesto que acarrearía el acondicionamiento de tres nuevos centros de internamiento.

La mayoría de los internos no son expulsados

Las críticas sobre el anuncio de Zoido han destacado las denuncias de vulneraciones de derechos humanos que pesan sobre los siete centros de internamiento desperdigados por España: falta de asistencia sanitaria adecuada, maltrato policial, falta de información, obstáculos al derecho de asilo... Pero también su ineficacia.

Interior ve necesarios tres nuevos CIE pues, argumentó el ministro, son “una herramienta para controlar la política migratoria de la UE”, que recientemente ha pedido a los Estados miembro un aumento del número de deportaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas encerradas en estos edificios no son expulsadas.

De las 6.930 migrantes que pasaron por ellos en 2015, fueron deportados 2.871, el 41% de estos, según los últimos datos recogidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura(MNP) del Defensor del Pueblo.

El último dato de ocupación media es de 2014

Al bajo cumplimiento de la razón por la que, según defiende el Gobierno, se priva de libertad a personas por una falta administrativa se une la baja ocupación de los CIE. El número de internamientos, dictados por orden judicial, ha descendido en los últimos años, según el MNP. Si en 2011 11.456 personas fueron encerradas en estos lugares, la cifra bajó en 2016 a las 6.930 personas.

Por otra parte, en 2014, la ocupación media en el conjunto de los centros de internamiento fue del 36%, según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior en su respuesta a una pregunta realizada en 2015 por el entonces diputado de Amaiur Jon Iñarritu.

El coste de los CIE

El Gobierno no da pistas sobre el dinero público que requeriría la creación de tres CIE y tampoco aporta información clara sobre el coste que supone a las arcas del Estado los siete centros ya existentes. Los últimos datos se encuentran en una respuesta del Ministerio del Interior a una serie de preguntas parlamentarias del diputado socialista Antonio Ramón María, en la que solicitaba el presupuesto dedicado al mantenimiento de los CIE.

Según las cantidades aportadas, de las que Interior obvia anualidades completas y determinados gastos como el agua o la luz, desde 2010 el Ejecutivo se ha gastado en mantener estos edificios al menos 2.858.257,01, a lo que hay que añadir otros muchos costes, como los salarios del personal policial.

Este dato choca con la cifra aportada en 2012, cuando Interior admitió que el funcionamiento del CIE supuso al Estado el desembolso de 8,3 millones de euros en 2011, lo que incluía la alimentación, limpieza, consumos de luz, agua y gas, y servicio médico. Según sus cálculos, el Ejecutivo se gastaba 17 euros por interno y día. Estas cifras tampoco incluían los gastos de los funcionarios que garantizan el funcionamiento de los CIE.

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