El Gobierno se gastará 9,9 millones de euros en vuelos de deportación para expulsar a migrantes en 2018 y 2019
El Gobierno se gastará 9,9 millones de euros en los vuelos para deportar a migrantes durante 2018 y 2019. El Ejecutivo ha adjudicado el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha adelantado Europa Press.
En el contrato se incluyen los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará en los próximos 18 meses para trasladar, bajo custodia policial, a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y desde estos, expulsarlos de forma forzosa sus países de origen.
Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex), incluidos en el contrato. Además, las repatriaciones que también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.
Las ONG llevan años denunciando las vulneraciones de derechos humanos que suceden en los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuertos. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto.
El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.
Sin embargo, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos, resulta complicado monitorizar las vulneraciones de derechos humanos que puedan producirse en su transcurso. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias.
Así, un año más, el contrato contempla una cláusula específica que obliga a las compañías adjudicatarias a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto” del contrato, como “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.
