Naim sale del autobús y mira hacia a los lados, desconcertado. Un enjambre de periodistas se acerca en busca de alguien que hable griego. Naim, un pakistaní de 36 años, saluda a algunos compatriotas que han acudido a recibirlos, pero se marcha solo. “No tengo adonde ir, lo he perdido todo”, asegura mientras deambula por la plaza de Omonia, “llevo ocho años en Grecia y me he pasado los últimos siete meses encerrado, ahora tengo que empezar de cero”.
Son dos de los cientos de inmigrantes que están siendo liberados de los centros de retención griegos que el nuevo Gobierno ha prometido eliminar, para dejar paso a otro modelo menos represivo. La pasada semana llegó el anuncio: el Ejecutivo de Syriza informaba del fin de una parte de la pesadilla de los 500.000 inmigrantes en situación irregular en territorio griego al anunciar el cierre progresivo de los centros de detención para inmigrantes irregulares y la puesta en libertad de 4.000 internos, según cifras oficiales, entre ellos 216 menores no acompañados.
“Fue un infierno. En un contenedor dormíamos 20 personas”, cuentan Mahdi y Amin, de 22 y 24 años, tras salir el jueves pasado del centro de retención griego de Amygdaleza, tras 14 meses de internamiento. Cuando salieron no tenían ni teléfono móvil. La policía se lo había requisado al entrar y nunca más lo recuperaron. Apenas han podido buscar a algún compatriota por la calle, aunque no piensan quedarse mucho tiempo en Atenas. “Vamos a ir a Patras esta semana”, explica Mahdi. Frente al puerto de esa ciudad, decenas de inmigrantes se esconden en fábricas abandonadas a la espera de colarse debajo de un camión que embarque hacia Italia.
La decisión de liberar a los reclusos se precipitó tras el suicidio de un joven paquistaní de 28 años en Amygdaleza, el “Guantánamo griego”. En agosto de 2013, los 1.650 internos en ese centro –con capacidad para 400– tuvieron que soportar temperaturas de 50 grados encerrados en contenedores. Sus nefastas condiciones no eran puntuales.
El centro de Amygdaleza no dispone de calefacción ni cubre las necesidades básicas. Según la ONG Médicos del Mundo, en los últimos dos meses los internos han recibido una ración de arroz y patatas, debido al impago del Estado a los proveedores. Desde el anuncio de elecciones anticipadas a finales de diciembre, los inmigrantes tampoco tuvieron asistencia médica por ese mismo motivo. “Tampoco teníamos dentífrico”, asegura Mahdi, que deja ver sus dientes negros las pocas veces que sonríe.
El proceso de liberación
Hace dos semanas, el viceministro de Protección Ciudadana, Yanis Panousis, ordenó el cierre del centro tras una visita en la que reconoció “sentir vergüenza” por las condiciones que sufren los detenidos. Estos días las autoridades dejan salir a unos 30 inmigrantes por día, por lo que en tres meses culminará el proceso de liberación de los 1.000 reclusos de ese centro en la periferia de Atenas. Las personas que serán liberadas son aquellas que no tengan una orden de expulsión ni delitos pendientes.
Naim carga toda su vida en una bolsa de plástico y una carpeta verde. “En la bolsa tengo mis pertenencias y en la carpeta, los papeles para poderme quedar tres meses más en el país”, afirma Naim; “Esto es lo único que me queda” tras salir de Amygdaleza. El Gobierno entrega permisos de entre uno y seis meses a los recién liberados para permanecer en Grecia, tiempo suficiente para buscar otro destino. Algunas ONG consideran que esa medida no protege a los inmigrantes, si no que tan solo les da una “segunda oportunidad” para huir a otro país.
Hasta ahora Grecia encerraba sin distinción a todas las personas en situación irregular, a diferencia de otros países de Europa, como España, donde se recluye en los Centros de Internamiento de Extranjeros a aquellos que cuentan con una orden de deportación (aunque en ocasiones no puede aplicarse al no existir convenio con los países de origen y los inmigrantes son retenidos sin que finalmente se cumpla su presunta finalidad).
Muchos de los inmigrantes fueron interceptados en las islas griegas cercanas a Turquía, donde llegaban por mar en pequeñas embarcaciones, y fueron trasladados directamente a los centros de detención sin opción a pedir asilo. En estos lugares, donde carecían de libertad de circulación, podían permanecer durante un periodo máximo de 18 meses, según la legislación. No obstante, estos plazos suelen ser superados con creces, según denuncian algunos de los internos y ONG. En otros casos, fueron capturados en macrorredadas policiales, como la Operación Xenios Zeus, un operativo bautizado, en un aparente alarde de humor negro, con el nombre del 'Dios de la hospitalidad' según la mitología helena.
Nuevo concepto de centros
El objetivo del Gobierno izquierdista consiste en convertir los centros de detención en campos abiertos y semiabiertos –que ahora solo llegan a las 1.000 plazas–, como anunció la recién nombrada viceministra de Migración, Tasia Christodoulopoulou, en una entrevista para el diario griego Kathimerini.
Los campos abiertos permitirán la entrada y salida de los reclusos durante el día, un modelo que aplican países como Bulgaria, y contribuirá a que los inmigrantes puedan tramitar con normalidad los papeles. La concepción de estos lugares se asemeja también a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes existentes en las ciudades autónomas de España (Ceuta y Melilla), donde los internos, a diferencia de en los CIE peninsulares, cuentan con libertad de circulación.
A Trésor, un congoleño de 34 años, lo detuvieron en la puerta de Caritas, donde esperaba para recibir un plato de comida, y pasó 19 meses en Corinthos, otro centro a las afueras de la capital. “Una vez por semana había algún intento de suicidio. Entonces nos castigaban a todos. Nos daban menos comida o nos dejaban salir al patio menos tiempo, o incluso nos golpeaban”, cuenta Trésor, que salió hace cuatro meses gracias a la acción legal de un grupo de voluntarios que le permitieron acceder al proceso de petición de asilo.
Desde el centro de Corinthos, Gholamreza, un joven afgano denuncia la falta de asistencia. “Todavía no he visto un médico y algunos de mis amigos tienen heridas sin curar”, explica a eldiario.es través de Facebook. Duerme en una habitación de 12 metros junto a otras cinco personas, algunas en el suelo por falta de camas, añade. Fue detenido hace dos meses en una fábrica abandonada de Patras.
Esta es otra de las acciones encargadas por el Ministerio de Migración a la rama local de la ONG Médicos del Mundo: evaluar la salud de los internos. Un equipo de especialistas médicos visitó Amygdaleza hace diez días y se encontró un panorama desolador. “La mayor parte sufren problemas digestivos, dermatológicos y respiratorios, debido a las condiciones de insalubridad en las que viven”, cuenta la jefa de Misiones de MDM, Garifallia Anastasopoulou, avergonzada por que algo así suceda en su país.
La política migratoria heredada
Los anteriores Gobiernos griegos basaron la política migratoria en la detención administrativa. La apertura de Amygdaleza, por ejemplo, fue un reclamo electoral de los conservadores de Nueva Democracia en 2012, que en las elecciones de enero volvieron a usar un discurso antiinmigración para ganar votos. El Ejecutivo de coalición encabezado por Antonis Samaras destinó 10,5 millones de euros en 2014 para mantener Amygdaleza e invirtió 28 millones en la detención de 5.000 personas en todo el país.
La férrea política migratoria griega siguió directrices comunitarias con el fin de proteger las fronteras de la Unión Europea (UE). Entre 2008 y 2013, sea por medio de la Comisión Europea –386 millones de euros– o por fondos privados, los países europeos financiaron tres cuartas partes de los costes de las medidas antiinmigración en el país heleno. Entre los fondos europeos, 130 millones se destinaron a retorno (Frontex, centros de detención y Policía) y 56 millones se dirigieron a programas de acogida (campos de refugiados, derechos de asilados).
Frágil sistema de asilo
La nueva Oficina de Asilo creada en junio de 2013 tampoco sirvió para mejorar el sistema de asilo griego. El pasado año Grecia concedió el estatus de refugiado al 14% de los solicitantes, un notable aumento comparado con el 1% del año anterior. No obstante, sigue sin garantizar los derechos como refugiado que establece la ley europea: comida, alojamiento, acceso a la sanidad y curso de idiomas.
Esta situación está lejos de resolverse, según indica Muhamadi Yonous, presidente del Fórum Griego de Refugiados. “Los que salen de Amygdaleza siguen sin tener nada. Muchos se esconderán en casas abandonadas junto con otros compatriotas. Siguen sin tener unos derechos mínimos”.
El Gobierno de Syriza ha dado un giro diametral a la política migratoria al atender la problemática desde una perspectiva humana. La semana pasada, el viceministro Panousis se reunió con representantes de diferentes comunidades de extranjeros para discutir las preocupaciones de ese colectivo. “Es un gran paso. Ahora podemos llamar a la puerta de las instituciones”, indica Yonous, presente en ese encuentro.
Una de las principales necesidades, según algunas ONG, radica en la creación de centros de primera recepción, donde los inmigrantes puedan recibir asistencia legal antes de ser detenidos. Eso facilitaría la tramitación de las solicitudes de asilo y ofrecería garantías legales a los solicitantes, así como una mayor sensación de protección.
“¿Grecia? No he venido a Europa para quedarme aquí”, afirma Amin, uno de los jóvenes afganos que salió de Amygdaleza después de un año y dos meses. “Esto no es Europa”. Para muchos, el sueño europeo de lograr una vida digna se truncó hace tiempo en territorio griego, donde quedaron atrapados y no confían tener un futuro mejor.