En plena crisis migratoria en Ceuta, cuando cientos de marroquíes vivían escondidos en cualquier rincón ante el temor de ser descubiertos por los agentes policiales, muchos migrantes ni siquiera veían en el hospital un lugar seguro para ellos. Aunque el recelo a las instituciones es habitual entre las personas sin papeles, su desconfianza no es siempre infundada: los hospitales de Ceuta y Melilla avisan a la Policía cuando atienden a personas que carecen de un documento identificativo y no tienen tarjeta sanitaria, según ha confirmado a elDiario.es el Ministerio de Sanidad, del que depende la atención sanitaria en las ciudades autónomas.
“Desde siempre, el protocolo dice que ante una persona que está sin identificar se debe avisar a la Policía para proceder a su identificación”, explica el portavoz en Ceuta del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad dependiente del Ministerio de Sanidad encargada de la gestión sanitaria pública en las ciudades autónomas.
Preguntados por la razón que está detrás de esas llamadas a la Policía desde el hospital ceutí tras atender a inmigrantes en situación irregular, el departamento dirigido por Carolina Darias justifica que los centros sanitarios de las ciudades autónomas avisan a las fuerzas de seguridad cuando los pacientes carecen de un documento de identidad físico —por ejemplo, pasaporte, documento identificativo de su país o cédula de inscripción emitida por España a su llegada— y no tienen “derecho a la asistencia sanitaria”. El objetivo, dicen, es emitir una factura por la asistencia prestada.
“Aquellos que no tengan derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se encuentran obligados al pago de los servicios que hayan recibido, según lo establecido en la normativa vigente. Solo en los casos en los que estos no aporten la preceptiva documentación identificativa, se solicita la asistencia policial en el caso de personas adultas, a efectos de identificar el obligado al pago”, explica un portavoz del Ministerio de Sanidad a través de correo electrónico. Según asegura, de no hacerlo, “el INGESA incurriría en responsabilidad contable por no tramitar los expedientes de los ingresos que le corresponden de acuerdo a la normativa vigente”.
La respuesta no deja claro en qué casos el protocolo del INGESA requiere la emisión de factura y por tanto llamar a la Policía y en qué casos no. Aunque la normativa vigente permite el acceso a la sanidad pública a las personas en situación irregular, no la garantiza de manera tajante para quienes llevan menos de tres meses en España. Estos pacientes, aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los 90 días en el país, pueden ser atendidos sin ser facturados mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos.
En el mostrador del Hospital de Ceuta, tal y como ha comprobado este medio, el personal de administración suele hacer una misma pregunta cuando sospecha que el paciente es uno de los marroquíes que rodearon a nado los espigones fronterizos de la ciudad: “¿Es uno de los que han llegado?”. El INGESA contabiliza en un listado específico el número de personas en situación irregular que entraron a la ciudad durante la crisis migratoria. “Tengo la orden de avisar para contabilizarlos. Además, en función de la situación del paciente y las patologías que presente, si son urgentes o son patologías o lesiones anteriores, una enfermera determina si es necesario atenderlo o no”, detallaba una administrativa a finales de mayo.
Dos sanitarios del Hospital de Ceuta consultados por elDiario.es ratifican que llamar a la Policía cuando el paciente no tiene documentación es una práctica habitual, aunque uno de ellos matiza que durante la crisis migratoria no se hizo de manera sistemática. Este medio ha preguntado al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional sobre el protocolo aplicado por los agentes en caso de recibir avisos desde los centros sanitarios ceutíes y melillenses, pero ninguna de estas instituciones ha respondido.
Tensión con la Ley de Protección de Datos
Verónica Alarcón, abogada de ePrivacidad, se sorprende al escuchar la justificación del INGESA para solicitar la asistencia policial desde los hospitales de Ceuta y Melilla. “La regla general es que no se pueden facilitar datos sobre una persona, en base a la Ley de Protección de Datos. En la norma queda prohibida cualquier comunicación de datos sanitarios. En este caso, avisar a la Policía de que una persona está recibiendo asistencia sanitaria en un momento determinado ya es una comunicación de información personal relativa a la salud”, advierte la letrada.
La abogada recalca que tanto los datos de salud como los raciales están especialmente protegidos por la ley y solo pueden ser transferidos apelando a dos excepciones: a través del consentimiento del paciente o por razones de interés público. “En este último punto se podrían incluir estas llamadas a la Policía, pero siempre y cuando exista una normativa con rango de ley que lo permita de forma expresa, ya que se trataría de la limitación de un derecho fundamental”. elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Sanidad y al INGESA por la legislación en la que se basa este protocolo aplicado en Ceuta y Melilla, pero no ha recibido respuesta.
Para Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, la identificación para la emisión de una factura no entra dentro de las funciones policiales. “Las identificaciones policiales se producen cuando hay una infracción administrativa o penal, pero eso no tiene nada que ver con identificar a efectos de una supuesta facturación para prestar servicios sanitarios”, sostiene. “Si yo tuviera un estudiante sin papeles en un examen, sin DNI, y llamara a la Policía para que le identificaran, ¿qué sería yo?”, se pregunta.
Miedo a acudir al hospital entre los migrantes de Ceuta
Abrir la posibilidad de que un hospital llame a la Policía cuando atiende a personas en situación irregular o sin documentación, aunque se produzca en casos muy específicos, puede disparar la desconfianza de quienes temen la devolución a su país, especialmente en un contexto como el vivido en Ceuta entre el miércoles 19 de mayo e inicios de la semana siguiente, cuando la Policía Nacional y la local batían las calles de la ciudad en busca de personas en situación irregular.
Este protocolo “puede tener un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva”, sostiene Pablo Iglesias, portavoz de Incidencia Política de Médicos del Mundo.
A pesar de desconocer la existencia de este protocolo, el miedo de los migrantes en situación irregular a acudir al médico es habitual, sobre todo en los casos en los que no se encuentran acogidos en instalaciones públicas.
El tobillo de Mehdi cada día estaba más inflamado, pero respondía de forma cortante cada vez que se le preguntaba si quería ir al hospital: “No, me da miedo que haya Policía”, dijo el joven de 18 años a elDiario.es. Mehdi caminaba apoyado en una muleta vieja que, según decía, se había encontrado en la calle. Desde su llegada a Ceuta a nado durante la crisis diplomática, estuvo malviviendo en las calles de la ciudad. A partir del miércoles 19, apenas dormía, pues pasaba las noches pendiente de los controles policiales activados tras el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos, que permitía devolver, sin apenas trámites, a los adultos marroquíes que entraron a la ciudad esa semana.
El labio de Mohamed corría el riesgo de infectarse tras un desgarro, pero tampoco quiso ser trasladado a un hospital por su temor a ser detenido por la Policía. La lesión fue sanando gracias a la intervención de Marina Pérez Hurtado, de la ONG Andalucía Acoge. “Nos envió unas fotos y vídeos de su boca, se lo pasamos a una enfermera y nos dijo una opción para tratarle sin tener que acudir al hospital, ya que el chaval estaba aterrorizado. Al principio ni siquiera confiaba en nosotras, temía que llamásemos a la Policía, pero finalmente logramos quedar con él y poco a poco ha ido mejorando”, explica.
Irina Samy forma parte del equipo que desde la organización No Name Kitchen también presta apoyo sanitario, alimenticio y asistencia letrada a los migrantes que malviven en las calles de Ceuta. “Atendemos a muchos chavales que vienen con heridas, algunas de porrazos de la Policía, moratones o agresiones por la población local. Algunas lesiones son graves y requieren acudir al hospital, pero los marroquíes muchas veces se niegan, tienen miedo”, describe. “'¡No, no! Hospital, Marruecos. Hospital, Marruecos', suelen decirnos”.
Uno de los que se negaba a acudir al hospital tenía una brecha en la cabeza, según su relato. “Ese chaval prefería desangrarse a ir al hospital, pero al final le convencimos. Le acompañamos, le apuntaron en una lista diferente, pero le atendieron y salió con nosotros. Nos quedamos allí por miedo a que pasase algo, pero no hubo problema”, indica Samy.