En junio de 2013 la Comisión Europea presentó los resultados de la consulta lanzada meses atrás para saber qué pensaba la ciudadanía sobre la explotación de combustibles no convencionales en Europa. Los resultados, ponderados por población, fueron contundentes. El 64% no quiere que, bajo ningún concepto, se utilice la técnica de la fractura hidráulica o fracking para extraer gas de esquisto. Un 20% considera que no existe un marco regulatorio adecuado, que proteja la salud y el medio ambiente, para desarrollar el fracking en el continente.
La oposición pública es indiscutible y se refleja en el terreno. En el Estado español, el cuarto de la UE que más contribuyó en número de respuestas a la consulta, las plataformas ciudadanas no han parado de surgir como setas allá donde las empresas han solicitado permisos de investigación. Los movimientos de resistencia empezaron en Cantabria, durante el verano de 2011, y en seguida se extendieron a Álava, Navarra, Burgos, La Rioja, Andalucía, Asturias, Cataluña, Albacete, etc.
Esta fuerte respuesta se ha traducido en alrededor de 400 municipios que ya han aprobado declaraciones contra la fractura hidráulica y siete Comunidades Autónomas que se han posicionado contra la técnica: aprobando leyes que la prohíben (en Cantabria y La Rioja), votando en contra en sus parlamentos (en Asturias, Andalucía, Navarra y Galicia), o negando las licencias para investigar (Cataluña). Un clamor popular contra el fracking que el gobierno central, favorable a desarrollar la actividad, afronta aprobando leyes de rango estatal que sorteen las prohibiciones regionales. Muy democrático.
Otros países de Europa están en peor situación. En Polonia, donde ya hay alrededor de 50 pozos perforados, la oposición popular es objeto de una campaña de criminalización y espionaje. Desde hace siete meses campesinos polacos resisten ocupando un campo en Zurawlow donde Chevron quiere empezar a perforar, a pesar de que solo tiene licencia para unos sondeos sísmicos. La ley minera polaca estipula que las actividades de las compañías solo se pueden llevar a cabo con el conocimiento y aceptación de la sociedad, una premisa que no se cumple.
En Reino Unido -donde cerca del 50% de la población es contraria al fracking, frente a un 15% que se muestra favorable- el gobierno ignora la voluntad popular: ha prometido un régimen fiscal favorable a las empresas, ha presentado planes para perforar dos terceras partes del país, ha intentado sobornar con incentivos económicos a los ayuntamientos que no pongan trabas a las perforaciones y ha reprimido con dureza a quienes se resisten. Es lo que sucedió en Balcombe, en las protestas contra Cuadrilla Resources, y lo que sucede estos dias en Barton Moss3, contra IGas.
En Rumanía, con un 70% del país afectado por permisos para perforar, se vive desde diciembre pasado una situación totalmente antidemocrática. Las fuerzas antidisturbios tomaron durante días la localidad de Pungesti, imponiendo un estado de sitio de facto, restringiendo los movimientos de la población, vetando el acceso a la prensa, golpeando, entrando en las casas y deteniendo aleatoriamente y sin garantías legales para quebrar la resistencia de los campesinos a los planes de Chevron de empezar a perforar. En otra parte del país, en Mosna, se levanta desde hace semanas un campamento de resistencia contra la licencia concedida a otra empresa. En Dobrogea, otra de las zonas afectadas en el sureste del país, ha quedado clara la oposición masiva a la actividad con la celebración de varios referenda populares. Es importante señalar que las promesas de prohibir el fracking fueron uno de los elementos que contribuyeron a la elección, en mayo de 2012, del actual gobierno socialdemócrata de Victor Ponta. Promesas que, huelga decirlo, fueron incumplidas.
La semana pasada la Comisión Europea presentó su esperado paquete de medidas para regular el fracking en Europa. Los estudios encargados por el Ejecutivo comunitario y publicados hace algo más de un año detectaban hasta once lagunas legislativas en materia de agua, minería o participación pública, para que el fracking en Europa disfrutara de una regulación “adecuada”. Todo sugería la necesidad de una directiva exigente que estableciera un nuevo marco regulatorio vinculante. Según se filtró en octubre esa norma exigente estaba en marcha, lista para ser presentada a finales de año. Sin embargo, la campaña de presión liderada por Reino Unido ha torcido el brazo de la Comisión, que se ha limitado a presentar una colección de recomendaciones de buenas prácticas que no serán de obligado cumplimiento. La Comisión ignora así los resultados de la consulta pública que hizo a los ciudadanos.
En una vuelta de tuerca más contra la democracia en Europa, la Comisión negocia actualmente de forma totalmente opaca el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) con EEUU, un acuerdo que amenaza con relajar la normativa ambiental y social europea para facilitar el desembarco de empresas americanas, incluyendo empresas gasísticas. Según este acuerdo, si una empresa americana considera que una ley que prohíbe el fracking daña sus intereses económicos, puede perseguir la medida en tribunales de arbitraje poco transparentes.
Por todas estas razones, cerca de 400 organizaciones europeas han dirigido una carta abierta a las instituciones comunitarias para exigir que se escuche a la ciudadanía europea, que está diciendo alto y claro que NO quiere continuar por la senda de los combustibles fósiles, poniendo en riesgo el agua que beben o el aire que respiran a cambio de más cambio climático. Es urgente cambiar de modelo energético. El futuro solo será posible si consumimos menos energía y si lo hacemos principalmente de fuente renovables. Cualquier alternativa es un suicidio planetario.