Más de 200 personas residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), incluidas varias mujeres, han acampado a las puertas de la Delegación del Gobierno para exigir la reanudación de los traslados a la Península.
Los migrantes han tomado esta decisión después de trasladar a la Delegación del Gobierno que llevan más de un mes en el que, denuncian, tan solo 13 personas -tres familias pertenecientes a grupos de riesgo- han salido de Ceuta y que algunos de ellos llevan más de nueve meses sin poder continuar con su rumbo hacia Europa, según han explicado a Efe fuentes del colectivo de migrantes.
Los migrantes, todos ellos de origen subsahariano, han iniciado en la mañana de este lunes una marcha desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y tras llegar a las puertas de la Delegación del Gobierno y leer un manifiesto de protesta han decidido permanecer acampados.
Según las fuentes, cuatro representantes del colectivo han sido recibidos por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para exponerles la situación de “bloqueo”, dice, en la que se encuentran los centros de acogida de la Península, comprometiéndose a agilizar los trámites para solucionar la situación y emplazándolos a un nuevo encuentro el próximo miércoles.
Tras esta reunión, los migrantes han decidido que permanecerán acampados frente a la Delegación del Gobierno. En la actualidad, alrededor de 640 personas están residiendo en el CETI, el lugar donde son acogidos los migrantes o solicitantes de asilo que acceden de forma irregular, mientras que su capacidad máxima es de 512 plazas.
Los traslados de migrantes en situación irregular desde Ceuta y Melilla al resto de España, donde comienza el espacio Schengen, pueden realizarse a través de dos procedimientos. El primero, gestionado por el Ministerio del Interior, consiste en la detención de estas personas en comisaría para proceder, por orden judicial, a su internamiento en un CIE de la Península e intentar proceder a su expulsión, algo complicado con personas procedentes de determinados países de África Subsahariana debido a la falta de acuerdos de readmisión entre España y algunos de estos Estados.
El segundo tipo se basa en la ejecución del traslado a través de la vía humanitaria, competencia del Ministerio de Trabajo y Migraciones, por el que las personas son acogidas durante unos meses por ONG en la Península y quedan en libertad. Los criterios utilizados a la hora de decidir la activación de una u otra vía se desconocen, por lo que el Consejo de Europa ha denunciado la “arbitrariedad y poca transparencia de este proceso”.