Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes los ataques de las fuerzas israelíes contra trabajadores de ayuda humanitaria en Gaza desde octubre de 2023, en los cuales han muerto o resultado heridas 31 personas, según recoge en un informe.
La organización recrimina a Israel que estos incidentes, que han matado a 15 personas –dos de ellas niños– y herido a 16, se llevaron a cabo contra grupos de ayuda humanitaria que habían provisto a las autoridades de sus coordenadas para que garantizaran su protección. “Las autoridades israelíes no enviaron avisos previos a ninguna de las organizaciones humanitarias antes de los ataques”, añade la organización.
Naciones Unidas ha registrado la muerte de 254 de sus trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza desde el asalto de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí. Del total, 188 pertenecían a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), en cuyas instalaciones se refugian miles de personas. Este lunes, la ONU confirmó que uno de sus empleados murió y otro resultó herido cuando el vehículo en el que iban, parte de un convoy humanitario, fue alcanzado por un proyectil, presuntamente israelí, mientras se dirigían al Hospital Europeo en Gaza.
El caso más conocido de los recogidos por HRW fue el bombardeo del 1 de abril contra un convoy de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, en el que murieron siete personas. Un dron israelí disparó tres misiles contra las furgonetas, que habían compartido sus coordenadas con las autoridades, en lo que el Ejército calificó como “un fallo por una identificación errónea”.
“Lejos de ser un 'error' aislado, este es solo uno de los al menos ocho incidentes que HRW identificó en los que las organizaciones humanitarias y agencias de la ONU comunicaron a las autoridades israelíes las coordenadas GPS de un convoy o de sus instalaciones e igualmente las fuerzas israelíes atacaron el convoy o el refugio sin advertencia alguna”, sentencia el informe.
Los otros siete casos estudiados por HRW afectaron a Médicos Sin Fronteras (MSF), UNRWA, el Comité Internacional de Rescate (ICR), Medical Aid for Palestine (MAP), y la American Near East Refugee Aid Organization (Anera); habiéndose producido algunos de ellos contra las casas que acogían a sus trabajadores. Todas estas entidades coinciden en que “no había objetivos militares en el área al momento del ataque”.
HRW pide suspender la venta de armas a Israel
“Estos incidentes ponen de relieve la incapacidad de Israel para proteger a los trabajadores y operaciones humanitarias, y un mayor desprecio por su deber de minimizar el daño a civiles en general”, indica HRW, que cuestiona la capacidad del Estado gobernado por Benjamín Netanyahu para cumplir con el derecho internacional.
La ONG demanda a Israel transparencia, dando acceso a los expertos encargados en investigar los ataques a todos los procesos de coordinación con las organizaciones que se produjeron “antes, durante y después” de estos incidentes, así como cualquier información con la que cuenten sobre el presunto objetivo militar en las proximidades que motivó el ataque.
Por otro lado, HRW llama a los aliados de Israel –especialmente a Estados Unidos y Reino Unido, cuyas armas se utilizaron en al menos uno de los ataques recogidos en el informe– a suspender la asistencia militar y venta de armamento a dicho Estado “mientras sus fuerzas violen de manera sistemática y generalizada las leyes de guerra contra civiles palestinos palestinos con impunidad”. “Los gobiernos que continúan proporcionando armas al Gobierno israelí corren riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra”, concluyen.