El pasado 24 de junio de 2013, el parlamento israelí aprobó el Plan Prawer, que prevé la expulsión masiva de la población palestina-beduina del desierto del Naqab, en el Sur de Israel, con el objetivo de permitir tan solo la presencia de colonias judías. Cuando se haya implementado en su totalidad, el Plan Prawer implicará la destrucción de 35 pueblos, el desplazamiento forzoso de 70.000 palestinos-beduinos y la pérdida de las tierras de esta comunidad a favor de los intereses del Ejecutivo Israelí.
Este sábado ha marcado el incio de una campaña internacional bajo el título 'Paremos el Plan Prawer'. Liderada por las organizaciones de derechos humanos Beduinas, Israelíes y Palestinas, la campaña cuenta con el apoyo de ONGs y movimientos sociales de todo el mundo. El objetivo es exigir a las autoridades europeas que presionen a Israel para que no continúe lo que califican como: “la mayor limpieza étnica cometida en Oriente Medio desde 1948”.
El Plan Prawer: apartheid contra la población beduina
Amir Qweider, un estudiante de la Universidad de Ben Gurion residente en la aldea no reconocida de Zarnouq describía recientemente la discriminación que sufren los habitantes de las aldeas beduinas en el Naqab. A pesar de haber habitado en las mismas tierras desde antes de la creación del Estado de Israel, los beduinos tienen prohibido construir cualquier estructura permanente y dotarse de unas mínimas infraestructuras. “En los pueblos beduinos, el ejecutivo israelí no ha pavimentado los caminos, no hay escuelas, ni electricidad, ni redes de agua, ni líneas telefónicas; ni tan siquiera disponemos de un sistema de alcantarillado” declaraba Amir.
La situación de total abandono en que se encuentra la población Palestina en el Naqab contrasta con el trato que reciben las modernas ciudades que acogen a la población judía. Esta población dispone, en la misma zona, de todas las comodidades que corresponden a un estado que goza de un nivel de riqueza mayor que el del estado español. “La diferencia entre los asentamientos judíos y los pueblos árabes es la encarnación de la discriminación racial, a pesar de que ambos son ciudadanos israelíes”, apuntaba Amir.
La historia de la discriminación racial que sufre la población palestina-beduina en el desierto del Naqab se remonta a los años anteriores de la creación de Israel en 1948. En una carta escrita a su hijo en 1937, el que acabó siendo el Primer Ministro fundacional del estado israelí, David Ben Gurion, afirmaba: “Debemos expulsar a los árabes y ocupar su lugar ... y si tenemos que usar la fuerza, tenemos la fuerza para hacerlo (…) con el fin de garantizar nuestro propio derecho a establecernos en en el Naqab.”
Durante la campaña de limpieza étnica, la Nakbah, que siguió al establecimiento del Estado de Israel en 1948, destinada a forzar el desplazamiento de la población local para poder acoger la llegada de la población judía, el Naqab fue objeto de una especial atención. El ejército israelí forzó al 90% de los habitantes beduinos-palestinos que la habitaban a dirigirse hacia Jordania, Gaza o Cisjordania y abandonar sus poblados. El 10% de la población restante siguió viviendo en sus tierras y obtuvo la ciudadanía israelí, lo que no fue óbice para que sus aldeas no fuesen reconocidas y recibiesen el trato de invasores palestinos.
Los hijos de aquellas personas que decidieron no abandonar sus tierras en 1948 son los que hoy se propone expulsar el Plan Prawer. Las aldeas que quedaron en pie en 1948 son las que ahora se proponen demoler. Los legítimos propietarios de la tierra, que jamás fueron reconocidos, son los que ahora definitivamente verán para siempre perdidos sus derechos.
¿Y cómo explica Israel la necesidad del Plan Prawer? En los debates en el Parlamento Israelí se explicó que era necesario “ordenar” y “planificar” la anomalía que supone que existan aldeas con unos 70.000 habitantes que no están reconocidas y se ha propuesto su destrucción. Los ocupantes del desierto del Naqab pasarían a recolocarse en el 1% de sus tierras ancestrales con el objetivo de “ayudar a la población beduina a modernizarse”. Quienes se nieguen a ser “modernizados” y resistan en sus aldeas serán criminalizados y encarcelados. La presentación de un Plan Alternativo por parte de la población local con el apoyo de destacadas organizaciones israelíes y palestinas de Derechos Humanos ha caído en el silencio.
Estas medidas violan el derecho a una vivienda digna y el Derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, así como la Convención de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas. Thabet Abu Ras, Director de la organización de Derechos Humanos Adalah en el Naqab, afirma que “éste es uno de los pasos más graves que realizará Israel en su intento de implementar sus políticas de apartheid y discriminación racial.”
La Comunidad Internacional ante el Plan Prawer
Este sábado se convocaron diversas manifestaciones en todo el mundo para demandar a la comunidad internacional que se movilice para impedir que se implemente el Plan Prawer. Y no tan solo eso. Se pide que se reconozcan las aldeas que acogen a 70.000 habitantes y su derecho a habitar en sus tierras ancestrales, que se detenga la demolición de casas y que se invierta en ofrecer salud, educación y oportunidades de empleo a la población Beduina residente en el Naqab.
Dentro de la inoperancia de la diplomacia internacional ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos en la zona, se han realizado varios pasos. Algunos en la dirección equivocada. Mientras la sociedad civil eleva su voz para exigir que se condene el Prawer Plan, 60 representantes de instituciones catalanas, incluyendo al Alcalde de Barcelona, el Presidente de la Generalitat y el Consejero de Economía se trasladaron a principios de noviembre a Oriente Medio para anunciar que Israel es su “referente” y su “modelo”. Y no tan solo, quizás lo más grave fue la omisión completa de cualquier referencia a la cuestión Palestina en todo el viaje. Ni tan siquiera para hacerse la taimada foto encajando las manos con las autoridades palestinas.
También se han dado pasos en la dirección correcta. El Parlamento Europeo aprobó una resolución histórica (291 votos a favor y 274 en contra) condenando enérgicamente el Prawer Plan y los desplazamientos forzosos y demolición de casas que realiza Israel contra la población palestina. Ahora toca tomar medidas. Pasar de la retórica a la práctica. Y, por supuesto, no en la línea que sugiere la Generalitat de Catalunya.