La jefa de menores de Ceuta insistió en aplicar la ley en la devolución de menores a Marruecos, pero fue ignorada

Ha pasado más de un año desde la devolución, sin procedimiento, de decenas de menores desde Ceuta a Marruecos, pero aún no está claro el origen del operativo, que está siendo investigado por un juzgado de Ceuta. La vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones del Ejecutivo de Ceuta, María Isabel Deu, aseguró ante la Fiscalía de la ciudad autónoma que “la jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería”, es decir, defendió que se aplicase el procedimiento marcado por la normativa española, algo que finalmente no ocurrió en la repatriación de 56 de los niños y adolescentes llegados durante la crisis migratoria de mayo de 2021.

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que prestó Deu en calidad de “testigo” ante la Fiscalía de Ceuta el 10 de diciembre de 2021. A raíz de esta y otras declaraciones que se realizaron en el marco de las diligencias que llevaba el Ministerio Público, se presentó el pasado junio ante los Juzgados de la ciudad autónoma una denuncia por presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la propia Deu.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”. Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre.

Según explicó la vicepresidenta de Ceuta a la Fiscalía, “la jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería” y “solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior dicho procedimiento”. Deu, de acuerdo a lo que declaró ante al Ministerio Público, consideró que las “dudas jurídicas” que se plantearon “no eran trascendentes” y que quedaron “solventadas” en una de las reuniones celebradas aquel agosto.

Así, la vicepresidenta local aseguró que no tenía dudas de la “competencia y capacidad por parte de Marruecos para reagrupar a los menores con sus familiares” y señaló que creía que el acuerdo firmado con el país vecino era “el apropiado, dada la situación de urgencia”. Finalmente se apostó por el acuerdo de 2007. Sin embargo, dicho pacto obliga a cumplir la legislación nacional e internacional, que incluye el seguimiento de un procedimiento administrativo.

La ahora investigada insistió en que “los equipos de protección estaban desbordados porque el centro de menores estaba colapsado”. Por ello, a raíz de un decreto de emergencia, contrataron los servicios de entidades “con mucha experiencia en este tipo de cuestiones” y se reunieron con alguna ONG “para ver la vulnerabilidad que pudiesen tener los menores”.

Según indicó, “localizaron a familiares de los menores y se entrevistaron con ellos para determinar su vulnerabilidad”. Ella, sin embargo, reconoció que “no le constaban quiénes eran las familias de origen” ni conocía los expedientes porque no tenía acceso, aún cuando dijo haber pedido los documentos.

Al hilo, Deu explicó que desde el Ejecutivo local “entablaron conversaciones con el Gobierno de España y pidieron el impulso del acuerdo del año 2007 y el retorno de los menores a sus hogares con sus familias, que lo solicitaron a la Delegación de Gobierno”. En este sentido, precisó que mantuvieron “contacto directo” y diario con el Ejecutivo central a través de la vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior.

Encuentro en la frontera

En el marco de su declaración, Deu indicó que les convocaron a un “encuentro” en la frontera el 11 de agosto con las autoridades españolas y marroquíes con la finalidad de “ver cómo se iba a hacer ese retorno y comprobar que los menores no tuvieran una situación de vulnerabilidad”.

A dicha reunión, subrayó, acudió el jefe de la Delegación de Gobierno, el secretario general, la vicepresidente y la jefa del servicio del área de protección de menores. Allí se trató “cuál era el trámite a seguir para que el menor se reuniese con su familia” y se concretó que “tenían que recibir posteriormente los datos de los familiares de los menores retornados”.

Según explicó Deu al Ministerio Público, la jefa del área del servicio de protección “no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de 2007”. La propia Deu, sin embargo, consideró que era “apropiado” ponerlo en marcha por la “situación extraordinaria”, aunque no se hubiese aplicado en el pasado.

Así, procedieron al retorno de los menores que tenían “más edad” y que “no se encontraban en situación de vulnerabilidad”. Deu dijo no haber recibido informe alguno, pero indicó que “a diario” veía que “menores que eran vulnerables eran enviados a la península, a otra comunidad, y que los que se quedaban en Ceuta se protegían”.

Deu aseguró que “se hicieron entrevistas individualizadas de todos los menores” y que “había mucho personal dedicado a ello”, algo que ha sido negado por la Fiscalía y por ONG como Save The Children. Según defiende Deu, posteriormente, los menores fueron “identificados en la frontera por las autoridades marroquíes”. Según aseguró, allí también se les entrevistaba, les tomaban las huellas y “localizaban a los familiares para devolverlos”; en caso contrario “los ingresaban en un centro”.

“Lo que le consta es que hubo despedidas con aplausos, salida de los menores con sus objetos personales que posteriormente se metían en el autobús de forma voluntaria”, relata el Ministerio Público en la transcripción de su declaración. En el marco de su comparecencia, sin embargo, Deu aseguró que “algunos interpusieron habeas corpus” --es decir, que pidieron comparecer ante un juez de forma inmediata para que decidiera sobre su detención-- y fueron llevados al Juzgado.