Cómo luchan las ONG para evitar casos de abuso y acoso sexual en misiones humanitarias

No solo Oxfam está siendo cuestionada tras el escándalo perpetrado por algunos de sus trabajadores en Haití en 2011. La lupa se dirige a todas las ONG que, tras la indignación despertada ante la gestión del caso de la organización británica, han revelado los diferentes episodios de abusos y acoso sexual registrados en misiones humanitarias durante los últimos años. Callar las coloca en el punto de mira. Difundir las denuncias registradas, también. Pero, ¿qué medidas toman para evitar en su seno el machismo y abuso de poder que atraviesan a toda la sociedad?

Lo primero es detectarlo. La filial española de Oxfam, Médicos Sin Fronteras Internacional, World Vision, Acción contra el Hambre y Save The Children Internacional, más allá de las organizaciones británicas, han aportado cifras de los diferentes tipos de acoso o abuso reportados durante los últimos años. Ayuda en Acción y La Cruz Roja Española han asegurado a eldiario.es no haber tenido constancia de “ningún episodio” .

Los 79 casos revelados por las ONG contactadas por eldiario.es se dividen en dos niveles: aquellos que se refieren a situaciones de acoso entre trabajadores y empleadas de las organizaciones y los producidos por parte de personal humanitario y personas ajenas a la ONG. De ellos, 60, la mayoría, tuvieron lugar en el ambiente laboral de ambas partes. El resto, 19 casos, se registraron entre empleados hacia población local (beneficiaria o miembros de las comunidades donde trabajan). Se trata de un número ínfimo en relación a los miles de trabajadores con los que cuentan en todo el mundo.

Antes de desvelar los datos, suele sonar una misma aclaración: como organizaciones formadas por personas que viven en una sociedad machista, las ONG no están exentas de estos episodios, repiten de una manera u otra cada portavoz contactado. La cuestión es cómo actúan para evitarlos, detectarlos y sancionarlos.

Primer paso: la concreción de normas internas

Todas las ONG consultadas cuentan con códigos propios de conducta a modo de reglamento interno. Aunque algunas no lo especifican de forma explícita, como es el caso de Cruz Roja Española, la mayoría detalla que los abusos de poder, la explotación y el acoso sexual están prohibidos, tanto entre compañeros como hacia la población que recibe la ayuda.

En el caso de Acción contra el Hambre, también se “prohíbe terminantemente” la contribución al ‘mercado del sexo’. “Los empleados (...) no podrán participar en ninguna forma de explotación sexual, aun cuando represente una costumbre social o sea legal en el país de acogida”, dice el documento. Un incumplimiento de esta norma conlleva despido inmediato, según explica Alicia García, de Acción contra el Hambre.

Save The Children, al estar dedicada a la infancia, tiene una normativa específica basada en reglas muy concretas para evitar posibles abusos entre sus trabajadores con los niños y niñas. El código detalla que un empleado no puede estar nunca a solas con un menor, ni llevarlo en su coche privado, ni “participar en actividades sexuales” con niños y niñas. Su código de conducta general no es tan explícito en cuanto a la prohibición del pago por servicios sexuales de sus empleados durante misiones humanitarias. Sí incluye el rechazo a “cualquier manifestación de discriminación, abuso de autoridad, acoso físico o psicológico”.

Desde Médicos Sin Fronteras, aseguran que su código de conducta interno (al que no ha podido acceder este medio) prohíbe “cualquier forma de abuso de poder o autoridad” por parte del personal de la ONG. David Noguera, presidente de la organización en España, aclara que la normativa no concreta la “prohibición de la prostitución” porque incluye una visión que, a su juicio, es “más sensible” con las circunstancias en las que se trabaja en el terreno.

“Prohibimos el abuso de poder y su incumplimiento conlleva el despido inmediato. Esto significa que nos permite también actuar sobre los casos en los que existen relaciones sexuales sin dinero de por medio, pero que suponen un abuso por la situación de vulnerabilidad de una de las partes ”, añade el responsable de MSF.

Varias organizaciones, como Ayuda en Acción, también forman parte de la Coordinadora de ONGD, que cuenta con otro código ético obligatorio para sus socias. En este caso no existe una mención explícita al acoso y al abuso sexual. La mención es más genérica: obligan al cumplimiento de la ley y a garantizar la igualdad de género de forma interna. “En estos momentos estamos ya reflexionando acerca de cómo podemos mejorarlo para prevenir y responder más adecuadamente a vulneraciones como el acoso y el abuso sexual”, señalan desde la Coordinadora de ONGD.

Segundo paso: buzones confidenciales de denuncia

Por lo general, existen trabajadores o comités encargados de vigilar si estas normas internas se están respetando dentro de las ONG. En la mayoría de los casos, estos reciben, mediante buzones, las quejas de empleados que denuncian o expresan su sospecha sobre algún compañero, o de población local que está siendo atendida por la ONG y quiere denunciar abusos por parte del personal. Las organizaciones insisten en que estas denuncias se tratan “de forma confidencial”. Algunas ONG contactadas comentan que hay que avanzar en estos canales para asegurar que las víctimas se sientan más seguras, ante, por ejemplo, el temor a represalias.

A veces los buzones están disponibles en la web, como es el caso de World Vision o Cruz Roja Española. Organizaciones como Acción contra el Hambre y MSF que cuentan con estos canales, también aseguran que es importante informar de su utilidad mediante, por ejemplo, folletos. Ayuda en Acción dispone de un buzón de quejas pero, según indican desde la ONG, la organización no ha detectado “ningún caso” de abuso sexual desde su existencia.

Al recibir las quejas, las organizaciones aseguran que abren una investigación interna que trata de confirmar los datos. “Cuando el hecho es grave y puede ser delito, nuestro protocolo es comunicarlo a las autoridades del país en cuestión”, destacan desde Acción contra Hambre. Desde MSF aseguran que “siempre respetan la decisión que tome la víctima en cuanto a si desea llevar o no un asunto ante la justicia”, aunque si se producen casos de abusos sexuales contra menores, sí informan del caso a las autoridades judiciales.

¿Cómo evitar que los abusadores pasen a otras ONG?

Uno de los hechos que más consternación ha despertado tras el escándalo de Oxfam Gran Bretaña en Haití, es que el jefe de misión, Roland van Hauwermeiren, había cometido años atrás abusos similares en otra ONG en Liberia y, posteriormente, trabajó para Acción contra el Hambre en Bangladesh. Esta ONG asegura que, a pesar de ponerse en contacto con Oxfam, no se le comunicó el motivo de su dimisión.

Las ONG señalan que, debido a las leyes de protección de datos, como la española o el reglamento europeo, “no pueden transmitir” razones específicas de despidos o dimisiones a través de informes o base de datos, a pesar de que a nivel interno sí conste en sus registros. “Estas limitaciones afectan a todas las instituciones y empresas, es importante destacarlo, no hay una normativa específica para las ONG”, explican.

Cuando otras organizaciones del sector les piden referencias sobre sus extrabajadores, algunas como MSF o Acción contra el Hambre explican que usan fórmulas como comunicar que ha sido despedido “por una violación del código” o “motivos graves”, pero, dicen, “no pueden entrar en más detalles por la protección de datos”. “Ante notificaciones así ninguna ONG suele contratar, porque los códigos recogen los comportamientos más básicos”, sostienen desde Acción contra el Hambre.

Así, no existen protocolos claros para evitar que los trabajadores implicados en casos de acoso sean contratados por otra ONG y algunas de las organizaciones contactadas defienden la mejora de estos mecanismos. Por esta razón, Oxfam Intermón ha propuesto abrir contactos con otras ONG para poner en marcha medidas conjuntas con las que evitar que “los perpetradores continúen trabajando en un sector dedicado a las personas vulnerables” y abren la puerta a “cambios regulatorios” desde la administración.