Apenas se acabó poniendo el foco sobre inmigración en el debate parlamentario sobre inmigración. Aunque el PP había pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para profundizar en estas políticas, sus argumentos sobre ETA dinamitaron su propia petición. Pero antes de la intervención de Alberto Núñez Feojóo, el presidente del Gobierno se centró en reinvindicar la posición con la que pretende enfrentarse desde hace meses al auge de la xenofobia en el panorama político español y europeo: apostar por un enfoque “humanitario” de la gestión migratoria y destacar su dimensión económica ante una aparente falta de mano de obra, mientras lanza ciertos guiños a la supuesta necesidad del control fronterizo y de la “integración” como respuesta a algunos de los argumentos de las posiciones anti-inmigración.
Con esta perspectiva, Sánchez mencionó algunas de las medidas en las que su Gobierno lleva meses trabajando, como la reforma del reglamento de Extranjería para facilitar los trámites necesarios para obtener un permiso de residencia y trabajo. También anunció una iniciativa nueva, como “el impulso de un plan de integración” que apenas entró a detallar. Y destacó una petición realizada por su Ejecutivo a la Comisión Europea: acelerar la entrada en vigor del pacto europeo de migración, duramente criticado por las organizaciónes en defensa de los derechos humanos. No mencionó, sin embargo, la reciente devolución de decenas de solicitantes de apatridia saharauis desde el aeropuerto de Barajas ni las constantes devoluciones en caliente impulsadas desde Ceuta y Melilla, cuestiones que también han despertado numerosas quejas por parte de la sociedad civil.
Simplificar los permisos
En su discurso, Sánchez destacó la próxima aprobación de una reforma del reglamento de la ley de extranjería. Se trata de una modificación legislativa que no es novedosa, dado que ya fue anunciada el pasado mes de diciembre por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz. Aunque en un primer momento estaba previsto que saliese adelante en el primer semestre de este año, su aprobación se ha retrasado. El presidente ha detallado que en noviembre llegará al Consejo de Ministros.
¿Qué busca esta medida? La reforma pretende reducir los tipos de permisos de residencia y trabajo vigentes actualmente para simplificar la documentación y trámites exigidos a los ciudadanos extranjeros que pretenden regularizarse en España. Con ella, el Gobierno también cumplirá con la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas, la de permiso único y la de residencia de larga duración.
Según el borrador hecho público a finales de julio, sujeto a posibles modificaciones, la reforma simplificará el sistema de autorizaciones de residencia, a través de la reducción de la burocracia y la agilización de los requisitos. El objetivo es reducir algunos de los farragosos procedimientos habituales y disminuir sus plazos. Por ejemplo, uno de los colectivos que en principio se verán beneficiados serán los estudiantes extranjeros, dado que el visado de estudios presentará varios cambios, como la supresión de la obligación de renovar cada año la residencia o más facilidades a la hora de pasar de un permiso de estudios a la autorización de trabajo, con el objetivo de atrapar el talento de quienes hayan estudiado en España.
También habrá novedades para las personas sin papeles residentes en España que busquen conseguir un permiso de residencia por arraigo. Según el borrador, se reduce un año el tiempo que deben probar haber vivido en el país de manera clandestina. Este tiempo pasará de tres a dos años. También se elimina el requisito de presentar un informe de arraigo social, aunque se mantiene la exigencia de presentar una oferta de trabajo, algo que suele ser una traba debido a la dificultad de lograrlo debido a su situación de clandestinidad.
Para las personas sin papeles también se intentará corregir algunos de los problemas detectados en otra de las vías para regularizarse, “el arraigo para la formación”, creado en otra reforma del reglamento de extranjería, aprobada por José Luis Escrivá en 2022, a través del cual las personas sin papeles que llevan dos años en España pueden obtener un permiso de residencia para cursar una formación profesional. Los cambios pretenden, por ejemplo, facilitar la actividad laboral mientras se realizan estos cursos.
Otra de las claves de la reforma afecta a los familiares extranjeros de ciudadanos españoles. Atendiendo al texto provisional, la normativa busca simplificar los canales por los que los seres queridos de inmigrantes que han obtenido la nacionalidad española puedan acceder a un permiso de residencia. Además de unificarse el procedimiento en uno solo -antes había dos fórmulas que complicaban los trámites-, ahora se multiplica el número de familiares que pueden beneficiarse de este tipo de autorización. También cambia la edad máxima de las personas que pueden solicitar estos permisos, colocándolo en 26 años para los descendientes; y en 80, para los ascendientes. Quienes se acojan a esta autorización podrán también solicitar la reagrupación familiar y tendrán permiso de trabajo temporal de forma automática, sin tener que esperar a la resolución definitiva de su petición.
El avance de esta normativa, que busca ampliar los canales habituales que tienen las personas extranjeras para obtener un permiso de residencia, va en paralaleo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la sociedad civil, para la regularización extraordinaria de los cerca de 200.000 personas que se calcula que viven en España sin papeles, la mayoría de origen latinoamericano.
Plan de “integración”
“En las próximas semanas les anuncio que vamos a poner en marcha un Plan Nacional de Integración y de Convivencia Intercultural, que tendrá recursos y medidas para fomentar la integración de los extranjeros en nuestra sociedad”, dijo Sánchez en su comparecencia. “Este plan tendrá como objetivo no solo facilitar su incorporación en ámbitos como el laboral, como el educativo y el social, sino también prevenir los errores del pasado”, añadió.
El presidente no aportó ninguna medida concreta incluída en dicho Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural. Este medio ha preguntado al Ministerio de Migraciones y a la Moncloa sobre ello, pero en sus respuestas no especifican las medidas concretas que irán ligadas a dicha iniciativa. Fuentes el Ministerio de Migraciones han explicado, de manera genérica, que el Gobierno “busca avanzar hacia una sociedad cohesionada, inclusiva, diversa y justa, que genere riqueza, empleo y desarrollo; y donde no hay cabida para el racismo, la xenofobia y la intolerancia”. Según el departamento dirigido por Elma Sáiz, el plan anunciado por Sánchez es “un paso más en la concreción del ”Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia“, un documento aprobado en 2023 que cumplía con el compromiso asumido por los Estados miembros de la UE de adoptar planes nacionales contra al racismo.
Para desarrollar dicho objetivo, el Ministerio asegura que aprovechará el “conocimiento y experiencia en lo relativo a la integración de las personas migrantes” acumulados en sus programas de acogida del sistema de asilo y de atención humanitaria. “A día de hoy, cuando una persona entra en nuestro sistema de protección, pasa por distintas fases que buscan, precisamente, su plena inclusión en nuestra sociedad”, dicen las fuentes ministeriales. También dicen que, para implementarlo, tendrán que contar con las comunidades autónomas y entidades locales con competencia en la materia.
Acelerar el pacto europeo de migración
Según ha anunciado Sánchez, el Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que adelante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo europeo, de modo que sus herramientas de control fronterizo y reparto de personas migrantes empiecen a usarse en el verano de 2025 y no el verano de 2026, como está previsto. Se trata de un acuerdo muy criticado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, en el que prima un enfoque de vigilancia dificulta el acceso a la protección internacional.
Frente a las críticas, el presidente ha asegurado que para aplicar dicho pacto el Ejecutivo contará “con las ONG y asociaciones civiles que están trabajando en primera línea para afinar e implementar estos mecanismos”. Las organizaciones sociales que se reunieron este lunes con Sánchez le trasladaron su preocupación por el acuerdo. “Han alertado, entre otras cuestiones, sobre la introducción de nuevos controles ”previos“ a la entrada, los procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención”, apunta un comunicado lanzado de manera conjunta por ONG como CEAR, Accem o Red Acoge. “Estas medidas podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas”, han alertado.