Las autonomías no cumplen con la solidaridad prometida para acoger a los menores migrantes tutelados

Las imágenes de menores durmiendo en colchones en el suelo, unos junto a otros, en un centro de acogida de Melilla, son publicadas cada cierto tiempo. En Catalunya, hay niños y adolescentes que se ven forzados a dormir en comisarías ante la falta de plazas en centros de acogida. En Madrid, duermen 135 niños en un espacio con capacidad para 35. Mientras, a otras comunidades como Extremadura o La Rioja apenas llegan menores migrantes solos.

Este verano, el Gobierno de Sánchez se comprometió a buscar una solución para atender de forma digna a los menores extranjeros que están llegando a suelo español sin la compañía de un adulto. La propuesta era “impulsar” un sistema de distribución solidaria entre comunidades para acabar con las condiciones de saturación de algunos centros de acogida, así como el apoyo económico a aquellas autonomías que más migrantes reciben. Su plan apelaba a una “solidaridad” entre comunidades que no ha sido respondida.

El Ejecutivo ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se destinan 40 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para financiar medidas con el objetivo de mejorar la situación de los menores migrantes no acompañados. Para decidir los fondos destinados a cada gobierno regional, el Ministerio de Sanidad ha ideado un sistema de reparto de fondos basado en el incremento del número de niños y adolescentes inscritos por cada comunidad entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de septiembre de 2018.

Por su parte, las comunidades autónomas que acojan a menores de otras autonomías recibirán un aumento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos.

Aquí es donde el Ejecutivo se encuentra con el primer problema. Tal y como ha reconocido el Gobierno y llevan años denunciando las ONG especializadas, el único registro oficial de menores migrantes no acompañados está caracterizado por un amplio margen de error. Se trata del Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior, nutrido de los datos proporcionados por las comunidades autónomas.

Denuncias sobre la poca fiabilidad del registro

Una de las razones de la desconfianza es el riesgo de que los niños sean registrados en más de una ocasión cuando se desplazan de una comunidad a otra, algo que podría estar sobredimensionado la cifra total de MENAs. “El hecho de que el número que se esté contabilizando sea la del Registro de Menores Extranjeros no Acompañados de la Brigada de Extranjería lo único que aporta es la cifra de niños y niñas que han entrado por cada comunidad autónoma y que han sido identificados por la policía y registrados como menores, lo que no quiere decir que estén siendo atendidos ni tutelados por esa comunidades autónomas”, explica Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raices.

La organización especializada en infancia migrante recuerda que no es un problema nuevo. “¿Por qué no dan las comunidades autónomas el número de niños y niñas extranjeros que han llegado solos a España y que han tutelado en lo que va de año?”, se pregunta Reyzabal.

Según asegura, “en Andalucía, Catalunya y en Madrid desde hace tiempo no se declaran en desamparo a muchos de estos niños y niñas y no se constituyen sus tutelas, pero son niños y niñas que ingresan en sus centros de acogida y de esta manera los menores se pueden contar hasta cuatro y cinco veces, al pasar de unos centros a otros”.

El Gobierno no es ajeno al margen de error ligado al único registro oficial de menores migrantes no acompañados. La ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, reconoció este verano las sospechas que despierta el sistema de recuento durante la Conferencia Sectorial de Migraciones.

El comunicado de prensa lanzado por Sanidad este viernes para anunciar la aprobación del real decreto se reconoce que la Mesa de Coordinación Interterritorial de menores extranjeros no acompañados está trabajando en “abordar aspectos relacionados con el registro”, así como con la “determinación de la edad”.

En este sentido, la Fundación Raíces lamenta que se haya construido un sistema de reparto de 38 millones de euros sobre una base de datos “poco fiables”, antes de corregirlo. “El Gobierno debería exigir a todas las comunidades que tutelen de manera inmediata a todos los niños y niñas que tienen en sus centros, también a los que tienen durmiendo en el suelo”.

Finalmente, Andalucía, que ha inscrito 3.412 menores no acompañados en 2018 más que a finales de 2017, recibirá 24 millones y medio de euros a través del nuevo sistema. País Vasco, con un aumento de 275 menores, ingresará más de dos millones de euros; seguido de Catalunya, que inyectará a sus arcas públicas otros dos millones de euros, pues este año tiene registrados a 269 niños y adolescentes más.

Este es el reparto total de los 38 millones que el Ejecutivo dotará a las comunidades autónomas:

Solo 199 plazas ofertadas por las autonomías

El segundo obstáculo con el que se ha chocado el Ejecutivo y no ha logrado sortear con éxito es la reticencia de ciertas comunidades a acoger más menores migrantes de los que llegan a sus regiones. Las comunidades autónomas que han dado un paso adelante para recibir de forma voluntaria a algunos de estos menores son Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Illes Balears, Navarra y Cantabria. La oferta, sin embargo, se queda en escasas decenas de plazas por cada autonomía.

Castilla y León, con 23 menores no acompañados inscritos, se ha comprometido a recibir a 40 niños y adolescentes, el número de plazas más alto de las ofrecidas entre todas las autonomías.

Extremadura, que no ha registrado un incremento del número de MENAS en 2018, ha aceptado la acogida de 34 niños o adolescentes. Mientras que Asturias, con 11 menores inscritos más en septiembre de este año que a finales de 2017, acepta el traslado de 31 menores desde las comunidades autónomas con mayores cifras.

Uno de los datos destacables es el de Comunidad de Madrid. Según los números del Ministerio del Interior, basados en el parte enviado por las autonomías, la región no ha inscrito en 2018 un número mayor de menores extranjeros no acompañados al registrado en diciembre de 2017. De acuerdo al sistema de Sanidad, no es merecedor por tanto de la inyección presupuestaria extraordinaria, algo que ha criticado durante el último mes el presidente regional Ángel Garrido.

Ante los ataques lanzados al respecto por el Gobierno madrileño, Interior responde que el registro se nutre de los datos proporcionados por la misma región.

Por su parte, la abogada experta en derechos de la infancia, Violeta Assiego, vislumbra un poco de luz en el Real Decreto aprobado por el Gobierno. “Cuelga del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Es positivo que el liderazgo en materia de menores migrantes lo tenga Bienestar Social y no Interior o Trabajo. El mensaje es claro: son niños, no extranjeros. Es una buena noticia”, sostiene.

Assiego celebra que el Ejecutivo haya puesto el foco en la situación de los menores no acompañados tras años de “inacción” por parte de los anteriores gobiernos, aunque recuerda la importancia de “establecer un criterio” para que los fondos proporcionados a las distintas comunidades autónomas se utilicen “sin reproducir los errores pasados, primando la Ley de Protección del Menor sobre la de Extranjería”.

“Allí donde se les mande, las comunidades deberían atender el interés del menor y estudiar un proyecto individualizado para cada uno de esos niños. Tienen derecho a ser escuchados como cualquier persona, que las decisiones que se tomen los tengan en cuenta”, continúa la especialista, “como niños, no como inmigrantes”.