Más de la mitad de las personas que huyen de Centroamérica sufren violencia a su paso por México, según MSF

Violencia, más violencia o arriesgar la vida. Esos son los tres destinos que enfrentan los migrantes centroamericanos. Según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras, el 45,8% de las personas que huyen de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tomaron la decisión de abandonar sus hogares tras sufrir un episodio violento. Pero, en su decisión de migrar a EEUU para encontrar seguridad, un 57,3% asegura haberse expuesto a la violencia en su tránsito por México, revela un informe de la ONG a partir de 480 entrevistas realizadas en 2018.

No pueden volver atrás y, para seguir adelante, enfrentan niveles de peligro similares aún mayores del lugar del que quieren escapar, mientras el Gobierno mexicano cada vez les obstaculiza más su paso a EEUU. “La situación ha empeorado” y “los migrantes y refugiados son víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias y del desmantelamiento de las políticas de protección (asilo y refugio), lo que aumenta los riesgos para una población ya de por sí vulnerable”, resalta la organización humanitaria sobre el impacto de la criminalización por parte de Estados Unidos y México.

A Carlos -nombre ficticio- le tiembla el labio inferior al entrar a la consulta de MSF en Reynosa, ciudad mexicana al noreste de la frontera. Diagnóstico: estrés postraumático. Causa: intento de secuestro. Este joven hondureño se niega a salir del albergue Senda de Vida, que extrema las medidas de seguridad ante la amenaza del crimen organizado que a menudo envía a sus halcones (vigilantes) a merodear la zona para amedrentar a los migrantes.

El 78% de 3.695 personas atendidas por MSF presentaban algún factor desencadenante relacionado con la exposición a la violencia. Un 39,2% de los entrevistados por la organización sufrieron un asalto violento en México y un 27,3% amenazas o extorsión. “En ocasiones, estos actos se perpetran con la connivencia de las autoridades mexicanas”, indica el documento.

“Hemos visto que al momento de regresar de su cita migratoria en EEUU, ya hay camionetas afuera del puente esperándolos para secuestrarlos (…) Cuando son retornados de EEUU Migración mexicana no les apoya con traslados a lugares seguros. Nos dicen que los devuelven a altas horas de la noche en plazas públicas. Esto los expone muchísimo”, asegura a este medio la responsable de Apoyo Social de MSF en ese punto, Anayeli Flores, quien atiende a Carlos.

Sobrevivir a la espera

El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) sellado entre Washington y México en enero pasado, obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se cursa su proceso de asilo, lo que eleva el peligro que enfrentan los migrantes a ser víctimas del crimen organizado, según concluye el informe Sin Salida.

Ocho de cada diez personas atendidas por MSF en Nuevo Laredo durante los nueve primeros meses del pasado año refirieron haber sufrido violencia. En septiembre, el 43,9% de los pacientes acogidos a los MPP habían sido secuestrados recientemente, en octubre el porcentaje se disparaba al 75%. Nuevo Laredo se ubica en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país y que EEUU sitúa en el nivel 4 de peligrosidad para viajar, el mismo de Siria o Afganistán.

Los MPP, mejor conocidos como el programa Quédate en México, han favorecido el 'secuestro exprés' como una práctica sistemática. Se calcula que el llamado negocio de la migración representa 2.500 millones de dólares para las organizaciones criminales, que se adaptan a los cambios en el flujo migratorio y en los últimos dos años han duplicado hasta cerca de los 11.000 dólares sus tarifas por cruzar de Guatemala a Estados Unidos, lo que indica un aumento en el pago de sobornos a las autoridades migratorias mexicanas, según recopila MSF. Además, la organización destaca que cada vez resultan más comunes los secuestros en grupo de migrantes que encierran en casas de seguridad por largos períodos, como demuestran las numerosas liberaciones en los últimos meses.

A esta amenaza se enfrentan más de 59.000 solicitantes de asilo, incluidos 16.000 menores de edad, que fueron enviados a México, entre quienes apenas un 4% logra ser representado por un abogado -puede costar alrededor de 6.000 dólares- y menos del 1% ha recibido protección en un año de vigencia del programa.

Represión contra los migrantes

Sin embargo, tampoco esta política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump sirvió para aminorar la llegada de migrantes, casi un millón en 2019. Por ello Washington ejerció una “enorme presión” sobre México para adoptar “medidas más agresivas” a fin de frenar el flujo, según considera MSF. Tras la amenaza de imponer aranceles a México en junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desplegó 25.000 efectivos de la Guardia Nacional, la mayoría en la frontera sur, y en un mes triplicó las detenciones de extranjeros.

Numerosos organismos han denunciado el uso de la fuerza en esas aprehensiones y la violación de derechos humanos en los centros de detención, colapsados “por el doble de personas de su capacidad real en algunos casos (…). No se respetan los servicios mínimos, no se ofrece información sobre el proceso jurídico y aumentan los abusos y situación de discriminación y maltrato”, informa MSF en base a visitas propias y denuncias de numerosas organizaciones.

Esto ha provocado que entre los detenidos haya más del doble de casos con trastorno de estrés agudo en comparación con albergues y otros puntos de la ruta donde trabaja MSF. Dicho trastorno grave se manifiesta al poco de un evento traumático asociado muy probablemente con la detención y estancia en dichos centros, según la organización médica.

“Había bebés de dos meses. Si los niños lloraban porque tenían hambre, querían leche, (los agentes migratorios) les pegaban durísimo a las madres, incluso una se cayó y la dejaron en el piso, nadie hizo nada”, relata a este diario una migrante cubana sobre el “infierno” en la estación migratoria Siglo XIX, de la que escapó en abril tras un motín. Luego trabajó en un burdel de esa misma ciudad, Tapachula, un embudo para los migrantes en la frontera sur.

El presidente de EEUU forzó a AMLO a dar un giro radical en su política migratoria hacia medidas represivas contra los migrantes que, en la práctica, representaron levantar una barrera militar y psicológica para frenar la llegada de extranjeros. Y el mandatario estadounidense redobló su presión durante la segunda mitad del año, en que, también bajo amenazas comerciales, selló acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador para reconocerlos como “terceros países seguros”. Esto es, que cualquier migrante que hubiese pisado alguno de estos territorios antes de llegar a EEUU podría ser devuelto a dichos países.

“Se trata de un enfoque contrario al derecho internacional, que podría dar lugar al traslado de personas muy vulnerables a países donde sus vidas podrían correr el riesgo”, reprendió en un insólito comunicado ACNUR, que recoge que un 70% de migrantes encuestados aseguraron que, en caso de regresar a su país, se enfrentarían a un riesgo contra su vida, integridad o libertad por la situación de violencia.

En ese sentido, 138 salvadoreños fueron asesinados en su país desde 2013 tras ser deportados y 70 sufrieron agresiones, según datos de Human Rights Watch. Pese a ello, EEUU deportó a 267.258 personas el pasado año fiscal, un 4,3% más que el anterior, mientras que México deportó a 119.000 centroamericanos el pasado año natural, un 6,4% más que el anterior, según datos oficiales.

Esas medidas disuasorias contuvieron considerablemente la llegada de migrantes. De mayo a noviembre disminuyeron un 70% las detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos: 42.710 aprehensiones en noviembre. En esos siete meses también cayeron un 60% hasta los 7.651 los migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano.

Barreras burocráticas y psicológicas

Sin embargo, Washington mantiene la presión. Stephen Miller, el principal asesor en migración de Trump, dejó claras sus intenciones: “Mi mantra persistente ha sido enfrentar a los extranjeros con múltiples dilemas irresolubles, para lograr un impacto ya desde el mismo momento en el que reflexionan si iniciar el arduo viaje”, declaró cuando EEUU implementó a finales de 2018 la práctica del metering o “regulación”, que restringe las solicitudes de asilo que se procesan a diario en los puertos de entrada regulares a EEUU.

Desde entonces los turnos se han ido dilatando y ahora la espera puede durar hasta varios meses o más de un año, lo que “limita drásticamente el derecho de asilo”, reclama el informe. En noviembre se estimaba que había 21.398 casos en lista, sumados a los cerca de 800.000 procesos pendientes en los saturados juzgados estadounidenses. Ese largo período en la zona fronteriza multiplica el riesgo para los migrantes, especialmente para las mujeres.

Una de cada cinco migrantes habían sido violadas en los dos años anteriores a abandonar su país y un 36,4 fueron acosadas sexualmente. Mientras, en su tránsito por México, el 22,5% de las mujeres habían sido acosadas sexualmente, el 12,8% tuvieron una relación sexual no deseada y un 10% fueron forzadas a tener sexo a cambio de algo, según la encuesta de MSF, que revela que cerca de la mitad de las centroamericanas han sufrido violencia sexual en la ruta. El impacto psicológico es alarmante: un 37% de las mujeres atendidas tenían pensamientos suicidas.

Por esa violencia, quedarse en México no es una opción. Tampoco resulta viable el asilo para los centroamericanos. En 2018 se tramitaron 17.116 peticiones de asilo, de las cuales un 72% provenían del Triángulo Norte. El pasado año hubo más de 70.000 solicitudes, lo que colapsó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Asimismo, el informe de MSF reclama que México “deniega de forma arbitraria el reconocimiento de la condición de refugiado (…). Aunque existen otras formas de legalizar la situación migratoria en el país, son precarias y temporales, y existe muy poca información o confianza en el sistema”.

“Los migrantes quedan atrapados en un conglomerado de muros burocráticos y barreras administrativas que les impide escapar de la violencia recurrente”, sintetiza el informe Sin Salida. La última alternativa: jugarse la vida para llegar a EEUU. El pasado año murieron 497 migrantes en su intento por cruzar la frontera norte, 26% más que en el año anterior. La mayoría perdieron la vida ahogados en el río Bravo, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ese incremento deja a los límites entre México y Estados Unidos como la segunda frontera más letal. La primera, el Mediterráneo, con más de un millar de muertes.