Ambos tienen objetivos distintos: unos trafican con drogas y los otros persiguen el “sueño americano”. Y ambos viajan por rutas paralelas y, en el camino, se encuentran. Pero la balanza en este encuentro se inclina hacia los traficantes de drogas. Descubren todo un negocio aparte en los migrantes centroamericanos que cruzan por la República Mexicana con la esperanza de llegar a Estados Unidos: secuestro, extorsión, reclutamiento y trata.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha calificado la frontera entre México y Estados Unidos como la ruta terrestre más peligrosa junto con el tránsito por el desierto en la parte occidental de África. ¿Qué es lo que la hace tan arriesgada? La situación se agravó desde que, hace siete años, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzara su guerra contra el narcotráfico. Una tragedia que algunos señalan como emergencia humanitaria.
“Ahora que el Estado Mexicano está diseñando estrategias de contención contra el crimen organizado, la migración se está convirtiendo en un esquema de diversificación de los propios narcotraficantes. Lo que está haciendo el narcotráfico cuando toma en sus manos al migrante es tener una alternativa adicional de ingresos, ahora que ha perdido gran parte del dinero recibido tradicionalmente por la compra, venta y traslado de drogas”, asegura Javier Urbano Reyes, de la Universidad Iberoamericana de México (UIA).
“Por un lado, en todos los casos el migrante, por las circunstancias, viaja por la mismas rutas que el tráfico de drogas y, por otro, se ha integrado como una fuente de recursos. Están saliendo dos tipos de productos: el migrante utilizado como mercancía y el reclutado como sicario, pero este último vínculo está muy forzado por el narcotraficante”, explica Urbano.
Según el experto, no existen cifras exactas del porcentaje de migrantes reclutados en las filas del narco. Tampoco las hay sobre los abusos a los que son sometidos durante su paso por la Ruta del Migrante a bordo de La Bestia, el tren de mercancía utilizado por estas personas para cruzar México y llegar a la frontera con EEUU. Lo que sí está demostrado es que el negocio masivo para los criminales en cuanto a los indocumentados es la extorsión y el secuestro. “Se sabe bien que la cuota para poder viajar sobre La Bestia oscila entre los 100 y los 500 dólares. Si la persona no tiene para pagar, es arrojado del tren. También se sabe que existe gran número de casas de seguridad donde llevan a los migrantes secuestrados, que desde allí se pide rescate a sus familiares y, si no pagan, los matan”.
Las mujeres son violadas y secuestradas para utilizarlas como esclavas sexuales. Sin embargo, para Urbano, esta realidad apenas se conoce por la falta de registro, atención y seguimiento de las autoridades mexicanas. San Fernando le dio rostro a una realidad que los activistas y expertos en el tema migratorio denunciaban desde hace tiempo.
La tragedia de San Fernando
La masacre que acabó con la vida de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, todavía está fresca en la memoria, pese a que ya pasaron tres años. Aquel 22 de agosto de 2010, México recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres maniatados, ejecutados por la espalda y apilados en un terreno baldío.
Los muertos provenían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil. El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de sus secuestradores y de la muerte (a pesar de que le dispararon) y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
La funcionaria a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) era una mujer sin experiencia en el tema, con la única credencial de ser amiga del presidente. Después de presentar la renuncia de su cargo en la Secretaría General del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en una entrevista que la tragedia de San Fernando sería “una línea más” en su currículum.
Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique (Tabasco), un activista social que permanece amenazado de muerte, bautizó con ese nombre, en memoria de los masacrados en San Fernando, al lugar que hoy recibe alrededor de 150 indocumentados centroamericanos diarios. Para el sacerdote, la tragedia sólo puso sobre la mesa una realidad que sucedería todos los días a lo largo del país. “Cuando pasa una masacre, todos se vuelven a ver el problema. Esos 72 fallecidos son los que se conocen gracias a que uno logró escapar, pero cuántos hay como ellos en las fosas clandestinas”.
“Mientras Estados Unidos levanta fosas, aquí cavamos fosas para enterrarlos”
Fray Tomás está familiarizado con el drama que viven los migrantes. A lo largo de su trayectoria como defensor de los centroamericanos, ha sido testigo de toda clase de vejaciones. El sacerdote y otros activistas que lo apoyan, igual que el padre Alejandro Solalinde, han visto a estas personas muertas en las vías del tren. Los han descubierto en fosas. “Mientras Estados Unidos levanta fosas, aquí cavamos fosas para enterrarlos”, dijo Fray Tomás.
Hace apenas unas semanas, Alejandro Solalinde denunció el hallazgo de fosas clandestinas en Oaxaca con una cantidad “escandalosa” de cuerpos sin órganos, aparentemente de migrantes, en fosas clandestinas. El director del albergue Hermanos en el Camino afirmó que el hallazgo podría corroborar que “existen organizaciones que usan indocumentados para el tráfico ilegal de órganos”.
“Me preocupa porque sí hay tráfico de niños, me preocupa porque hay tráfico de órganos. Hay, en algún lugar que por ahorita no puedo revelar, yacimientos de cuerpos sin órganos y esto es grave. Fui informado por autoridades de un estado, no puedo decir en dónde porque necesitamos estudiarlo con las autoridades”, indicó Solalinde.
Sin embargo, el Estado mexicano parece permanecer estático ante la evidencia. Una semana después de la masacre de San Fernando, cometida por el crimen organizado, el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un programa para proteger a los inmigrantes en situación irregular que pasan por el país.
Consistía en cinco medidas: establecer convenios de colaboración con los Gobiernos de los estados de la Ruta del Migrante, desarticular a las bandas tratantes de personas, vigilar las vías férreas, un plan para informar sobre los peligros en el cruce por México y mejorar la atención a las víctimas extranjeras.
Pero el plan de Calderón Hinojosa sólo se quedó en buenos deseos, mientras que el nuevo Gobierno, bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, no hizo gran cosa por detener los asesinatos y secuestros que suceden todos los días a lo largo de las vías del tren.
“El Gobierno le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”
“En términos prácticos, no creemos que hayan servido los compromisos que se desprendieron después de la masacre, porque no se han cumplido. El programa se dio durante la administración anterior, pero la obligación de proteger a los migrantes y a los activistas sociales que luchan por ellos no se está cuidando tampoco en la presente administración. No se están dando los pasos adecuados para perseguir a quienes cometen abusos, asesinan y secuestran a los inmigrantes”, dijo Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México. Zapico agregó que la situación de estas personas en su paso por el país no es mejor que hace tres años. “Hay una enorme preocupación porque no sabemos cómo piensa el Gobierno Federal abordar este problema”.
Fray Tomás González Castillo critica que el Estado mexicano no aprendió nada de la masacre de San Fernando. “Al contrario, no se ha hecho nada. Estamos a tres años y no hay justicia ni reparación del daño. Hace unos días tuvimos contacto con dos familiares de los masacrados, una señora de Guatemala que perdió a su esposo y otros parientes, y una mujer de Brasil. La brasileña nos dijo que el Gobierno mexicano le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”. Fray Tomás estimó que el 70% de los migrantes centroamericanos que tratan de cruzar México son asaltados entre Tenosique y Coatzacoalcos y alrededor del 1% son asesinados.
Rubén Figueroa, un activista que se encuentra exiliado del país por las amenazas de muerte en su contra debido a su activismo en La 72, aseguró que diariamente tenía conocimiento de cuatro migrantes muertos sobre las vías del tren. Las mujeres centroamericanas son violadas y secuestradas para obligarlas a prostituirse y los niños son víctimas de trata de personas, según informa. “La tragedia humanitaria es enorme. Ahora el albergue se ha quedado vacío y qué crees que puede pasar con esa gente”.
Inexistencia de datos precisos
Desde Amnistía Internacional, advierten que el problema principal de México en torno al tema migratorio es que no cuenta con datos precisos de cuántos migrantes son secuestrados y asesinados en el país. “Si no hay información, si no hay datos oficiales, es difícil realizar políticas públicas. Nunca sabremos si mejora o no. Hay muy pocos datos disponibles.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en su último informe sobre migración en 2011 que cerca de 11 mil migrantes fueron secuestrados en seis meses, es decir, si lo llevamos a un año, son 22 mil“, denuncia el director de Amnistía México. Pero a pesar de que existen esfuerzos de organizaciones civiles por darle datos duros al tema migratorio en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) carecen de estas cifras.
“La Segob y la PGR no dan esas cifras porque no se molestan en recoger los datos. No se molestan en saber lo que hay y difícilmente van actuar. Hay estudios que apuntan que hasta el 60% de las mujeres y niñas que atraviesan México sufren algún tipo de violencia sexual”, indica. Zapico recuerda que las mujeres centroamericanas antes de viajar a México se inyectan anticonceptivos de larga duración para evitar un embarazo ante la posibilidad de ser violadas en el trayecto de la Ruta del Migrante.
Sobre la cantidad de migrantes secuestrados, las cifras que las autoridades le reportan a la CNDH son marginales. Pero de acuerdo con el trabajo de campo que realizó la comisión que entrevistó a 68.095 personas, la violencia en contra de los migrantes no disminuye, sino que se incrementa y el crimen organizado se especializa para cometer sus delitos.
“En un periodo de seis meses se documentó un total de 214 casos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y de los testigos de hechos, resultaron 11.333 víctimas. Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”, dice el documento.