- El ministro del Interior ha señalado que algunas ONG “favorecen o potencian” la inmigración irregular por salvar vidas en el Mediterráneo
Primero fue Frontex, después el fiscal de Catania. Luego llegó la propuesta de Italia y Libia de elaborar un código de conducta para “controlar” a las ONG que han desplegado barcos de rescate en el Mediterráneo. Este jueves fue el turno de Juan Ignacio Zoido. El ministro del Interior español ha insinuado que algunas organizaciones sociales “favorecen o potencian” la inmigración irregular por salvar a personas en peligro en el mar.
El Gobierno retoma así el antiguo argumento del “efecto llamada” para sumarse a lo que algunas ONG consideran como “una campaña” contra las organizaciones que, hace cerca de dos años, se vieron empujadas a movilizar barcos de rescate en el Mediterráneo ante las incesantes muertes de migrantes y el bloqueo de las autoridades europeas de una operación conjunta de salvamento marítimo.
“Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular está dando lugar a que corran peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia”, señaló el responsable de Interior sobre la medida estudiada en Bruselas que plantea la creación de un código de conducta para controlar la actuación de las organizaciones que rescatan embarcaciones de migrantes.
Aunque ya empiezan a acostumbrarse a las acusaciones recibidas, las ONG que cada mes están salvando centenares de vidas no han tardado en responder. “¿Ayudar a quién? No estamos para ayudar a los Estados insolidarios y sus políticas de externalizar fronteras que buscan frenar la llegada de quienes huyen. Estamos sacando del agua a la gente que deberían rescatar los Estados miembros”, contesta Paula Farias, responsable del proyecto de rescate de Médicos Sin Fronteras.
“Desde hace años, miles de personas desaparecen intentando llegar a Europa. Respondemos a una situación que ya existía antes de llegar nosotros”, señala Óscar Camps, director de Pro Activa Open Arms. “Desde que hay más ONG, hay más ojos. Vemos que ocurrían muchas más muertes de las que cuentan las cifras oficiales y eso no les gusta”, apunta.
“La UE y Frontex creen que dejando morir a unos miles de refugiados generarán un efecto disuasorio sobre quienes quieren huir”, asevera con indignación Camps. Por eso, dice, “han iniciado esta campaña en contra de nosotros, a la que se ha unido Zoido”.
“Para quienes huyen, lanzarse al mar no es una opción”
Tanto el director de la organización catalana como la responsable de la operación de salvamento de MSF recuerdan la suspensión de la operación de rescate italiana Mare Nostrum, que salvó 170.000 vidas. A su juicio, a partir de entonces, los Estados miembros dejaron un vacío que, dicen, se vieron obligados a suplir.
“La UE no destinó los fondos que pedía Italia sabiendo que esto traería miles de muertos. Continuó llegando cada vez más gente. Estamos en el Mediterráneo porque no es necesario que nadie fallezca en el mar”, añade Camps.
“El discurso del 'efecto llamada' es miserable porque pone sobre la mesa el debate de dejar que la gente se ahogue o rescatarlos. Si alguien piensa que, porque no haya una operación de salvamento, van a descender las salidas de Libia es que no entiende en absoluto la base de este problema”, considera Farias, que recuerda que, para estas personas, “lanzarse al mar no es una opción”.
Desde MSF, una de las primeras organizaciones en decidir enviar buques de salvamento al Mediterráneo, reiteran las explicaciones con las que, desde hace meses, responden a cada una de las acusaciones recibidas por salvar vidas en el mar. “Enviamos barcos de rescate porque las personas morían al ritmo de una guerra. Si estuvieras al lado de una persona que se está ahogando, ¿qué harías?”, sostienen en un vídeo realizado para desmontar argumentos que culminan en frases como las que Zoido hizo suyas este jueves.
“El código de conducta pretende eliminar testigos”
El “código de conducta” estudiado planteado por la Comisión Europea pretende poner a estas organizaciones bajo control de las guardias costeras de Italia y Libia, que podrían así restringir su capacidad de salvar a los pasajeros de las inestables embarcaciones en las que viajan. En lo que va de año, 1.889 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo Central.
La medida fue impulsada por los gobiernos de Libia e Italia, pues consideran que las ONG que han movilizado barcos de rescate generan un supuesto efecto llamada hacia las costas italianas. “No tiene sentido porque nunca hacemos nada sin control.”, sostiene Camps. En la misma línea, Farias considera que pretenden “regular lo que ya está perfectamente regulado”.
Las labores de salvamento realizadas por estas organizaciones no se realizan de forma unilateral y sin normas, insisten. “Todas nuestras operaciones de búsqueda y rescate son coordinadas por la Guardia Costera italiana”, relatan desde MSF. “Ellos nos indican dónde y cuándo intervenir y a qué puerto llevar a las personas rescatadas”, explican.
Por ello, apuntan, sospechan que la necesidad de “controlar” a las organizaciones esconde otras razones. “Buscan un límite para que no nos podamos acercar a la zona adonde pretenden enviar a la guardia costera libia, a la que financian barcos y armas. Quieren que no veamos lo que ocurre, cómo los frena esa supuesta guardia de un país sin gobierno”, dice el director de Pro Activa Open Arms.
“Los Estados miembros, con la operación Sofía, buscan devolver a estas personas a un país del que huyen. En Libia los torturan, las violan, los ajustician de forma sumaria”, asevera Farias. “A lo mejor hay que decir al ministro Zoido que a quienes hay que concienciar es a los Estados miembros por estas políticas inhumanas”.
Por qué las ONG actúan en el Mediterráneo
No es la primera vez que el Ejecutivo relaciona las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo con un “efecto llamada” de migrantes y refugiados hacia la Unión Europea. El Gobierno español, junto a otras administraciones comunitarias, se esforzó en defender este razonamiento para rechazar la creación de una operación conjunta europea de salvamento marítimo, como proponía la Comisión Europea.
El Consejo Europeo declinó en marzo de 2015 la aprobación de un organismo de rescate en el que se vieran implicados todos los Estados miembros. La cumbre de los líderes europeos en respuesta a los grandes naufragios de aquellos meses finalizó con una medida concreta: triplicar los fondos de la operación Tritón, cuyo mandato no consiste en salvar vidas, sino en vigilar las fronteras. Es decir, sus barcos solo rescatan cuando encuentran una embarcación en apuros o son avisados, como debe hacer cualquier buque.
“Frontex es una agencia que tiene por misión securizar las fronteras y no se puede convertir en una agencia de salvamento y rescate”, había defendido Jorge Fernández Díaz en las reuniones previas a la decisión. “El principio humanitario siempre está presente y, por tanto, bajo cualquier circunstancia si hay unas personas cuya vida corre riesgo esas personas deben ser rescatadas”, precisó el entonces ministro del Interior. “Pero una cosa es eso y otra cosa es que se pueda generar un efecto llamada porque se desnaturalice la misión que se está realizando”.
Fue a partir de entonces, cuando las ONG como Médicos Sin Fronteras observaron la falta de soluciones por parte de las autoridades europeas y decidieron llevar ellos mismos los barcos de rescate a las aguas fronterizas entre Italia y Libia, la ruta migratoria más mortífera.
“Criminaliza a quien salva vidas”
La Coordinadora Española de ONGD y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han tachado las declaraciones del ministro del Interior de “irresponsables”. “Zoido, no contribuya a criminalizar a las ONG que hacen lo que deberían hacer los Estados: rescatar”, ha señalado Estrella Galán, secretaria general de Cear. “Son declaraciones peligrosas. No criminalice a quien salva vidas”, han reiterado desde la Plataforma que aglutina a las las organizaciones sin ánimo de lucro españolas más importantes.
Para Óscar Camps, tanto la Unión Europea como el Gobierno español buscan precisamente eso: criminalizar. “Como no nos pueden prohibir navegar en aguas internacionales, sí pueden influir en que la gente deje de realizar donaciones vertiendo semejantes acusaciones, como ya hacen sobre las personas que huyen”, añade.
“Nosotros no somos el problema. Estamos ahí porque Europa no ha dado ninguna respuesta. Nosotros no sabemos qué hacer con ellos, cómo evitar que tengan que migrar, lo que sí sabemos es que su muerte es innecesaria. Lo único que podemos hacer nosotros es evitar que mueran en el Mediterráneo. Y no vamos a dejar de hacerlo”, concluye Camps.