El Parlamento Europeo investigará a la agencia de fronteras de la UE por las devoluciones en caliente en el Egeo

Una vuelta de tuerca más. El Parlamento Europeo ha puesto en marcha este martes un Scrutiny Working Group, un grupo de trabajo que fiscalizará en los próximos meses la agencia europea de fronteras, Frontex, en el punto de mira tras las denuncias sobre operaciones en el Egeo que acabaron en devoluciones en caliente irregulares y supuestas violaciones de derechos fundamentales. Se espera que la primera sesión, con el director general de la agencia, Fabrice Leggeri, y la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson (S&D), se celebre la próxima semana. El grupo de trabajo podrá realizar recomendaciones finales a la agencia en estas áreas: el respeto de la agencia por los derechos fundamentales; la gestión interna de Frontex, incluidos los procedimientos de notificación y tramitación de quejas; la transparencia y la responsabilidad de la Agencia ante el Parlamento Europeo.

El presidente de la delegación del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno, ha subrayado que “Frontex es un instrumento esencial para luchar contra inmigración irregular” y que se debe llevar a cabo una investigación “transparente para supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la agencia de fronteras, incluido su cumplimiento de los derechos fundamentales, y corregir los posibles errores y problemas de administración y de dirección”. 

Varios grupos, entre ellos los Verdes y La Izquierda (GUE/NGL) se movieron para que el formato fuera una comisión de investigación. Sin embargo, fuentes de LIBE, la comisión de la que cuelga este grupo de trabajo, explican por qué se ha aprobado al final este formato de Scrutiny Working Group: “Si fuese una comisión de investigación las conclusiones se podrían alargar hasta un año. Y se ha optado por este formato por eficacia y operatividad: es más rápido y el control democrático se ejerce igualmente. De hecho, en ambos casos el resultado final será un informe que se votará en el pleno”.

“Se trata de recabar toda la información posible sobre las investigaciones que están abiertas y para ello queremos contar con la presencia de responsables de Frontex, la OLAF, la Defensora del Pueblo Europeo, así como organizaciones humanitarias y periodistas que han estado denunciando los abusos en los últimos meses”, señala la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, quien explica que el hecho de que las reuniones sean semanales “permitirá agilizar la investigación: cada mes daremos cuenta a la comisión de Libertades de lo que hemos ido encontrando”.

Una de las denuncias abiertas ante la Defensora del Pueblo Europeo es de la propia Rego, quien solicitó hasta en dos ocasiones información sobre el posicionamiento de unos buques de Frontex que supuestamente habían estado envueltos en operaciones de devoluciones en caliente en el Egeo: la agencia primero se negó a dárselos porque “contenían información sensible” y, después, alegó que no los tenía. La sospecha era que los barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados.

“Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo”, se justifica Leggeri este martes en una entrevista en El Mundo: “Una dimensión geopolítica, con Grecia contra Turquía y Turquía contra Frontex. No puede subestimarse en absoluto en el caso de las supuestas devoluciones en caliente, pues son parte interesada. Hay un debate político, a nivel europeo, en un tema extremadamente delicado: la migración y el asilo. Si a eso se suma que nos estamos convirtiendo en un cuerpo de policía fronterizo, con mayores poderes...

En efecto, Frontex está siendo investigada por la Defensora del Pueblo, pero también por la Oficina Antifraude (OLAF) de la UE a consecuencia de las devoluciones en el Egeo, asunto por el que un grupo de eurodiputados está promoviendo una comisión de investigación en la Eurocámara.

Además, la Comisión Europea ha enviado una carta a Leggeri en la que le acusa de haber “obstruido” y “retrasado” la puesta en marcha de los controles internos e independientes previstos en el reglamento de Frontex. Al mismo tiempo, el medio EUobserver ha publicado que el organismo ha gastado más de dos millones de euros desde 2015 en celebraciones.

Al margen de la investigación a raíz de la denuncia de Rego, la Defensora del Pueblo Europeo abrió en noviembre otra investigación para analizar cómo Frontex se ocupa de las presuntas violaciones de los derechos fundamentales. En particular, la investigación evalúa la eficacia y la transparencia del mecanismo de denuncias de Frontex para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas de Frontex, así como el papel y la independencia del responsable de derechos fundamentales de la agencia.