“Quiero construir el muro, tenemos que construir el muro”, repetía una y otra vez Donald Trump durante la campaña electoral de 2016. “Lo pagará México, aunque ellos no lo saben”, insistía el magnate en cada mitin. El prometido muro “grande y hermoso” con el que el presidente pretendía blindar los 3.142 kilómetros de frontera no llegó nunca a materializarse. Las obras se han limitado a la construcción de 507 kilómetros de barrera, la mayoría reparaciones de obstáculos ya existentes. La verdadera muralla de Trump, sin embargo, ha sido otra. Una menos perceptible, pero con un impacto directo en miles de personas.
A golpe de órdenes ejecutivas, cambios en la dirección de las políticas departamentales y cientos de ajustes técnicos, el Gobierno de Trump ha construido una nueva barrera burocrática que en la práctica “ha desmantelado y reconstruido” buena parte del sistema de inmigración estadounidense, reformado por última vez en 1996, según concluye el último informe de Migration Policy Institute. La limitación del acceso a las visas de trabajo permanentes, los vetos a determinadas nacionalidades para entrar al país, la drástica reducción de los cupos de refugiados y el incremento de las trabas al acceso al asilo, son algunos de los obstáculos jurídicos elevados por el presidente estadounidense durante los últimos cuatro años.
Caída de los refugiados aceptados
Trump ha colocado la política de asilo en la diana debido a que, según sus argumentos, se producía un “abuso” del sistema del que los migrantes, decía, se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos. Desde su llegada al poder, año a año, ha reducido de forma drástica el número de refugiados acogidos en el país. En 2017, el país admitió a 33.000, una cifra casi dos tercios inferior respecto al 2016 cuando 97.000 personas fueron acogidas, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde la adopción en 1980 de la Ley del Refugiado, era la primera vez, que EEUU acogía a menos solicitantes de asilo que el resto de países del mundo juntos. El anuncio fue un escándalo, pero tan solo era el principio.
Desde entonces, el Ejecutivo estadounidense ha reducido a límites históricos el cupo máximo de refugiados marcado cada año por la Casa Blanca. En 2020, el techo de solicitudes aceptadas se encontraba en 18.000, mientras que de cara a 2021 ha dado un paso más: esta semana, Trump ha fijado en 15.000 la cuota de refugiados que el país podrá recibir en el año fiscal 2021.
“Al reducir aún más el objetivo de admisión de refugiados a un nuevo mínimo histórico, está cerrando de golpe la puerta de Estados Unidos a los que corren más riesgo”, ha señalado esta semana en un comunicado el reverendo John L. McCullough, presidente de la organización Church World Service (CWS). Según CWS, las constantes disminuciones de los cupos de refugiados desde la llegada de Trump a la casa blanca han “causado un daño irreparable a las familias de refugiados”.
Obstáculos a nacionalidades de mayoría musulmana
En los últimos cuatro años, Trump ha vetado el acceso al asilo a ciertas nacionalidades de mayoría musulmana, como los originarios de Somalia, Siria y Yemen, a pesar de las crisis humanitarias existentes en estos países. “Las personas de ciertas áreas de alto riesgo de presencia o control terrorista, incluidas Somalia, Siria y Yemen, no serán admitidas como refugiados, excepto aquellos refugiados de especial preocupación humanitaria”, sostiene la última orden presidencial publicada al respecto.
El resultado es que el número de refugiados procedentes de países como Irak, Somalia, Irán y Siria es prácticamente nulo desde que asumió el poder, según un análisis de datos publicado por la BBC, que cifra en una caída del 65% las solicitudes de asilo aceptadas en los últimos cuatro años. El desplome se debe a la reducción de las cuotas y a las reformas realizadas en el sistema de asilo durante estos años, que obligan a los demandantes a hacer su solicitud desde el extranjero y convencer a las autoridades de su temor a ser perseguidos en sus países de origen. Por su parte, Trump ha anunciado que el año que viene solo aceptará un total de 1.000 solicitudes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador.
De estos tres países, que conforman el llamado Triángulo Norte, procedía la mayoría de las miles de personas que marcharon en 2018 en la primera caravana migrante numerosa. Mientras Trump, enfurecido, arrojaba amenazas ante las cámaras ante su aproximación a la frontera de Tijuana, miles de familias caminaban hacia su destino, en un giro del paradigma del flujo migratorio hacia EEUU. Si hasta entonces la clandestinidad, el riesgo de abusos y secuestro reinaban en el trayecto de los migrantes hacia el país; su unión en una caravana, el cuidado mutuo y la atención mediática recibida limitaban los peligros habituales de la ruta, especialmente en el caso de las mujeres.
Este fenómeno migratorio empujó una serie de órdenes que afectaban de forma directa a los migrantes de origen centroamericano. El Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional anunció en 2019 que los migrantes que pasen por un tercer país de camino a Estados Unidos y no soliciten asilo en esa nación no podrían optar al asilo, en una decisión que ha sido cuestionada por tribunales estadounidenses. Las caravanas también precipitaron las negociaciones entre EEUU y México. Aunque el Gobierno mexicano no ha pagado el muro fronterizo como el presidente EEUU prometía a su llegada a la Casa Blanca -aunque Trump insiste en que lo hará de forma indirecta a través de las remesas-, Andrés Manuel López Obrador cedió ante las presiones de Trump y alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para aumentar la presencia policial y frenar el tránsito de migrantes por el país en su camino a la frontera sur.
Los efectos de la anulada política de separación de niños continúan
El inicio del aumento del número de llegadas a EEUU de familias completas coincidió con la aplicación de una política de “tolerancia cero” hacia la inmigración, por la que la Administración separaba a los niños y padres migrantes en la frontera sur de Estados Unidos como una forma de disuasión general y sin autorización judicial. Según la Administración, 2.737 niños fueron separados de sus padres, aunque la cifra podría ser mayor, dado que una investigación de The New York Times reveló que esta práctica ya había comenzado en 2017 bajo un programa piloto. A mediados de julio de 2018, la fuerte oposición de la opinión pública surgida tras la difusión de imágenes de los llantos de cientos de niños, alejados de sus familias y encerrados en jaulas, forzó a Trump a anular su política: “No me gustaba ver o sentir a las familias separadas”, dijo el presidente.
No obstante, sus efectos aún continúan. Según los abogados encargados de reunificar a las familias migrantes que fueron separadas por la administración de Estados Unidos entre 2017 y 2018, todavía no han sido capaces de localizar a los padres de 545 niños. “La gente pregunta cuándo encontraremos a todas estas familias, y tristemente, no puedo dar una respuesta. Simplemente no lo sé”, indicó este mes Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, a la NBC. “Pero no dejaremos de buscar hasta que encontremos a cada una de las familias, no importa cuánto tiempo lleve. La trágica realidad es que cientos de padres fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, que permanecen aquí con familias de acogida o parientes lejanos”, añadió.
El coronavirus, nuevo aliado de Trump en su política migratoria
Durante su mandato, Trump ha endurecido el ya difícil laberinto burocrático para aquellos que desean entrar en el país por la vía regular de forma temporal o permanente, sostienen desde Migration Policy Institute. Su políticas parecen tener el efecto previsto. Según sus cifras, entre 2017 y 2018 el número de ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos disminuyó, especialmente entre los originarios de América Latina debido tanto a la disminución en el ritmo de sus entradas como por el aumento del número de salidas del país, indica la última investigación de MPI. Del mismo modo, entre 2016 y 2019, las solicitudes de tarjetas de residencia han disminuido en un 17%, apuntan.
A medida que la COVID-19 se extendió por todo el mundo a principios de 2020, la respuesta de Trump a la pandemia ha alcanzado el sistema de inmigración de los EEUU. Entre las medidas aprobadas, se ha incluido la prohibición de viajar desde 31 países, la suspensión de la mayoría de las categorías de visas familiares y de empleo, así como la anulación de cuatro programas destinados a trabajadores temporales. El presidente estadounidense también ha aprovechado la crisis sanitaria para proponer el uso de un estatuto de salud pública de 1944 con el objetivo de expulsar a los solicitantes de asilo sin necesidad de una audiencia previa.
Estas son solo algunas de las trabas a la inmigración impuestas por Trump, un muro burocrático nada fácil de derribar. Tampoco en caso de una hipotética victoria de los demócratas, a pesar de las promesas de Joe Biden. Según MNP, revocar cada una de las directrices migratorias aprobadas durante la última legislatura “requeriría un enorme esfuerzo financiero” por lo que, auguran, “parece probable que muchos de los cambios en la política surgidos desde 2017 continuarán siendo parte del sistema de inmigración de EEUU en los próximos años”.