Tenían prácticamente la maleta hecha. El pasado 29 de junio, un día antes de que su permiso de residencia expirara, los refugiados afganos en Pakistán vieron cómo el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, anunciaba la extensión de sus visados. Esta vez el plazo sería el más pequeño concedido hasta la fecha: podrán quedarse como máximo seis meses más y luego tendrán que volver, algunos después de haber huido hace más de 30 años. Otros, los hijos y nietos de segunda y tercera generación, sin haber pisado siquiera suelo afgano en toda su vida.
La guerra entre Afganistán y la Unión Soviética en los años ochenta forzó a tres millones de afganos a cruzar la frontera. Quienes llegaron con lo puesto han hecho del país vecino su casa durante más de tres décadas, pero tras el ataque talibán en 2014 a una escuela de Peshawar en el que murieron 125 estudiantes, el Gobierno intensificó sus ultimátums. El millón y medio de refugiados afganos registrados que actualmente acoge Pakistán tendrá que irse, aunque su país siga inmerso en un conflicto bélico.
Aunque la guerra afgana ahora es otra, contra los talibanes, aún alimenta los motivos de muchos de sus habitantes a huir del país: solo en 2015 la cifra mundial de refugiados afganos ascendía a 2,7 millones, siendo el segundo país del mundo del que proceden más refugiados.
“Yo quiero volver a Afganistán, ¿quién quiere morir enterrado en una tierra que no le pertenece? Pero solo puedo ir cuando la situación sea estable, y escucho por mis parientes que allí la vida es muy dificil”, dice Haji. Llegó a Pakistán en los años ochenta y desde entonces sueña con poder volver. Mientras, regenta un negocio de alfombras que le proporciona los ingresos de su familia y unos dolores de espalda difíciles de llevar a sus 70 años. Su nuera Khadija, sin embargo, quiere quedarse.
Sus testimonios, recogidos por una de las encuestas que Acnur realiza rutinariamente a los refugiados afganos en Pakistán, revelan una historia de opiniones contradictorias que allí es frecuente, según explican desde la organización, entre generaciones que sienten arraigo por la tierra que dejaron y otras que no quieren “volver” a donde, simplemente, nunca han estado.
La Ley de Ciudadanía Paquistaní no concede la nacionalidad automáticamente a cualquier persona que nace en su territorio, por lo que los hijos y nietos de los refugiados que huyeron en los ochenta son considerados “ciudadanos afganos nacidos en Pakistán”.
El retorno “voluntario”
Desde que en 2002 Acnur puso en marcha el programa de “retorno voluntario”, –por el cual se presta ayuda económica y apoyo burocrático a quienes quieran volver– se calcula que 3,9 millones de personas han regresado a Afganistán, 8.900 de ellas solo en lo que llevamos de año.
“Esperamos que la cifra vaya aumentando, porque hemos duplicado la ayuda de 200 a 400 dólares”, dice Duniya Aslam Khan, responsable del área de comunicación de la Agencia de Refugiados de la ONU en Pakistán, en referencia a la cuantía económica que recibe cada miembro de la familia que decide volver.
La cantidad sirve de “empujón” para que los refugiados reinicien su vida al otro lado de la frontera, explica la experta, pero es algo que no todos pueden lograr con tanta facilidad. “Algunos no tienen apenas vínculos con Afganistán, y así es complejo iniciar un negocio. Más aún cuando se les exige que esto lo hagan en un plazo de seis meses, porque algunos deben primero zanjar su vida aquí, vender sus casas, ahorrar, etc.”, incide.
Solo el 34% de los refugiados registrados vive en alguno de los 54 campos del país. El resto vive afuera, en casas propias, con sueldos y trabajos propios y al margen de toda ayuda económica externa. Volver significa, para muchos de ellos, penar por un plato de comida.
Como hace Raz en Kabul, cuyo testimonio recogió Aministía Internacional en su último informe sobre la situación de los desplazados internos en Afganistán: “Aquí la comida es un lujo, nadie se la puede permitir. La mayoría del tiempo vivimos a base de trozos de pan y restos de verduras que encontramos por el mercado”, decía el joven a la ONG. El informe denuncia que en los últimos tres años, el número de desplazados internos en el país se ha multiplicado por dos hasta alcanzar la cifra de 1,2 millones, en parte promovida por el endurecimiento de la política migratoria paquistaní.
La necesidad de apoyo internacional
Aún no hay respuesta para el enigma de cómo conseguirá el Gobierno afgano, integrar a los que vuelven y garantizar alojamiento a quienes no pueden regresar a sus ciudades porque se encuentran en zonas de guerra, todo ello en un plazo de seis meses.
“Desde luego, no se consigue sin apoyo de la comunidad internacional”, explican desde Acnur. Según aseguró a Efe el ministro paquistaní de Estados y Regiones Fronterizas, Abdul Qadir Baloch, Pakistán recibe únicamente 5,2 dólares anuales por cada refugiado registrado, una cifra que, en su opinión, “choca” con la que reciben otros países.
En el caso de Turquía, por ejemplo, la Unión Europea transfirió 3.000 millones de euros iniciales en el marco del acuerdo de refugiados firmado entre los 28 y el país euroasiático en el mes de marzo.
En el punto de mira
“Cada vez que hay algún incidente relacionado con la seguridad ellos están en el punto de mira automáticamente. La xenofobia está presente, y que se culpe a los refugiados de casi todo es bastante habitual. Es similar a lo que está ocurriendo en todo el mundo, pero aquí es constante”, explica Aslama eldiario.es.
Basta resaltar que solo en 2015 se registraron en Pakistán 625 atentados que mataron a 1.069 personas para comprender la frecuencia con la que los refugiados afganos son señalados con el dedo. “Ya no es solo que la sociedad les culpe, sino que la propia policía se fija en ellos como principales sospechosos, les detiene y encarcela. En esos casos Acnur les defiende y ayuda, entre otras cosas porque no se puede deportar automáticamente a quien está registrado como refugiado y tiene permiso para residir aquí”, dice Aslam.
Pero no todos corren la misma “suerte”. Se estima que sólo la mitad de los refugiados afganos en Pakistán están registrados. El resto, otro millón y medio, queda fuera de las estadísticas, de las ayudas y del estatuto del refugiado y, en casos como el que describe Aslam, se les deporta.
Para los que sí tienen los papeles de asilo, la cuenta atrás les deja apenas cinco meses para empaquetar toda su vida. En declaraciones a Efe, Tariq Fatemi, asesor en Política Exterior del primer ministro paquistaní dijo: “No vamos a utilizar la fuerza para obligar a los refugiados a irse, queremos que vuelvan a su país con dignidad y honor”. “Pero tienen que irse”, sentenció.