ONG, partidos políticos y sindicatos exigen al Gobierno el veto al acuerdo UE - Turquía
Entre tiendas de campaña y chalecos salvavidas, un total de 16 organizaciones se han plantado frente al Ministerio de Exteriores para pedir al Gobierno español en funciones que vete el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se discutirá durante la cumbre europea celebrada este jueves y viernes. La acción se complementará esta tarde con concentraciones en toda España para pedir el rechazo a un pacto “ilegal e inhumano”, en las que estarán presentes PSOE, Izquierda Unida y Podemos.
Como portavoz, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha leído un comunicado que insiste en la necesidad de que nuestro país se oponga al acuerdo, que la Unión Europea abra rutas legales y seguras para estas personas y que se adopten medidas urgentes de acogida.
La aprobación del pacto, han dicho, “supone graves violaciones de derechos humanos para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales en el caso de apoyarlo”.
El acto se ha realizado justo antes de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, ante la Comisión Mixta en el Congreso de los Diputados. Allí, el Ejecutivo busca el apoyo para que Mariano Rajoy acuda a Bruselas con una posición concertada sobre las negociaciones con Turquía en relación a los refugiados. No obstante, se encontrará con una oposición que le exige que comparezca antes en el Parlamento, según informa la agencia Efe.
Rechazo de los grupos políticos
A las organizaciones que participaron en el acto se han sumado partidos, sindicatos y entidades sociales para llamar a la movilización en las distintas concentraciones que tendrán lugar en 52 ciudades españolas este miércoles. Todas ellas con el mismo objetivo: instar al Gobierno español a no apoyar el preacuerdo, cuya aprobación se debatirá esta semana, en el Consejo Europeo de los días 17 y 18.
Distintos partidos políticos ya se han posicionado en contra de la aprobación del acuerdo que, salvo el PP -que no acaba de concretar su postura- todos los grupos parlamentarios consideran ilegal. Esta mañana, diputados de todos los grupos políticos recogían en el Congreso las más de 108.000 firmas contra el pacto que Oxfam ha reunido en menos de una semana.
Todos los partidos, a excepción del PP, que dice estar dispuesto a dialogar, han apoyado las recomendaciones de la ONG para un acuerdo europeo sobre los refugiados basado en los derechos humanos y el Derecho Internacional. Además, PSOE, Podemos e Izquierda Unida han confirmado su asistencia a la manifestación de la capital.
El responsable de campañas de Oxfam Intermón, Jaime Atienza, ha recalcado que el Gobierno debe escuchar la opinión popular: “Conseguir tantas firmas en tan poco tiempo demuestra el frontal rechazo de la ciudadanía española ante un acuerdo que es inmoral e ilegal. España debe responder al sentir ciudadano y bloquear, en el seno de la UE, este preacuerdo con Turquía”, ha dicho.
Según la ONG, la campaña #StopAcuerdo, liderada por numerosas organizaciones sociales, visibiliza la movilización de la ciudadanía en contra de un acuerdo que el propio Ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, ahora critica. “Cada ser humano tiene derecho a presentar una solicitud individual y que se pueda recurrir”, ha dicho el ministro, pese a que su Gobierno aprobó el año pasado la regulación de las devoluciones colectivas en España.
Desde Amnistía Internacional aseguran que la paralización del acuerdo es el primer paso para poder exigir que España acoja a los refugiados y garantice la existencia de vías seguras. “Primero hay que pararlo. Una vez que lo logremos, tenemos que conseguir que nuestro país los realoje. Estamos hablando de que España acoja a 16,000 personas. ¡No es nada! Es un número de refugiados que cualquier país de Europa peude asumir”, ha dicho Beltrán.
“Lo que pretende hacer la UE con Turquía vulnera la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de Ginebra para los Refugiados. España tiene una obligación legal que cumplir”, insiste el director de Amnistía Inetrnacional y portavoz de las 16 ONG que impulsaron la protesta.
