El turismo irrumpe en Sri Lanka a costa de los derechos humanos

“Claro que hay problemas. Cualquier país en desarrollo tiene problemas cuando sufre un Gobierno como el nuestro”, cuenta Riash, de 40 años, omitiendo usar la palabra “corrupto”. El hombre habla a media voz bajo el sol abrasador de Kalpitiya, una pequeña localidad costera al noroeste de Sri Lanka. Este punto, junto a otras comunidades vecinas, ha sido señalado por un reciente informe de una ONG suiza que alerta de “sistemáticas violaciones de derechos humanos” en la reciente llegada del turismo a la isla asiática.

Riash habla del sistema político que rige Sri Lanka desde el fin de su guerra civil hace ahora seis años. La conversación, con interrupciones constantes para saludar a los vecinos que se paran a curiosear y restarle así –entre sonrisas– importancia a la misma, tiene lugar bajo la escasa sombra que proyecta la motocamioneta de este pequeño empresario dedicado a la depuración del agua contaminada con arsénico. Es el único habitante que parece hablar inglés –o que, al menos, se presta a ello– en Kalpitiya.

La localidad, junto a otras vecinas, ha sido recientemente señalada por la ONG suiza Sociedad Para los Pueblos Amenazados (STP), en su informe 'A shadow on the sunny paradise' (Una sombra en el paraíso soleado). En dicho informe (que puede leerse completo, en inglés, aquí) se denuncian serias y “sistemáticas violaciones de derechos humanos” entre los locales, devenidas del floreciente entramado turístico de la isla, que en el norte del país se remonta apenas dos años atrás. Esa industria crece a un ritmo vertiginoso desde el final de un conflicto que mantuvo aislado al país durante casi tres décadas (1983-2009) y afecta ya a 1.200 familias de la región, según la ONG.

Se trata de familias, en su mayoría de pescadores, que han visto cómo la aparición de nuevos resorts de lujo han convertido muchas de las antiguas playas desde las que antes salían a faenar, en paraísos privados al alcance de unos pocos occidentales. Hoy, muchas de estas permanecen cerradas al paso por unos alambres de espino que los nativos no pueden cruzar. A ellos ya no se les permite el acceso, ni por tanto, trabajar, confinándoles a la miseria.

La responsabilidad de los turoperadores occidentales

Desde que la “Lágrima de India” abriese sus fronteras al turismo, la antigua colonia portuguesa, holandesa y británica, sucesivamente, de Ceilán, una idílica isla de postal trufada de bosques tropicales y bañada por las aguas del océano Índico, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Sólo en 2013, cuatro años después de abrir sus puertas al extranjero, Sri Lanka ocupó el número uno en la selecta lista de los “países a visitar” que elabora la editorial de guías de viaje Lonely Planet.

Del millón y medio de extranjeros de vacaciones que Sri Lanka recibió durante 2014, 144.168 entraron con pasaporte británico, el principal y más nutrido contingente de visitantes que arriban procedentes de Europa Occidental, seguidos de 102.977 alemanes. Así, y según se desprende del informe emitido por esta ONG, “al menos 49 agencias de viajes alemanas y 21 suizas” ofrecen hoteles en dichas zonas turísticas.

Es por eso que la ONG insta a los turoperadores europeos a “asumir su parte de responsabilidad”, en lo que considera una creciente violación de los derechos humanos fundamentales, perfecto caldo de cultivo, además, para la pobreza. A expensas del desarrollo, una gran mayoría de pescadores se ha quedado sin lugar de trabajo. Algo paradójico, si se tiene en cuenta que la isla tiene la más alta renta per cápita de toda el Asia meridional.

Con un proyecto de desarrollo que sólo en Kalpitiya pretende establecer 10.000 camas en 17 hoteles de lujo –cuestan un mínimo de 35 dólares la noche–, las cuentas no salen. “Ha habido mucha inversión” cuenta Riash refiriéndose a “gente rica de Colombo” [la capital], pero también a compradores “chinos y malayos”, quienes igualmente adquieren terrenos donde luego construirá el capital patrio.

El gasto militar, en auge tras la guerra

Las expropiaciones de terrenos también tienen un apartado en el informe de la ONG. “Durante décadas las Fuerzas Armadas se han cobrado grandes extensiones de tierra al norte de la isla”. El documento expone que, durante la guerra, muchos tamiles huyeron y se asentaron en el extranjero o en otras regiones de la isla. Una vez terminado el conflicto muchos han querido volver y recuperar sus tierras, pero se han encontrado con que el Ejército las ha convertido en “campos militares”, en “Zonas de Alta Seguridad (HSZ)”, cuando no en “zonas económicas especiales”.

La ONG señala unos 6.000 acres de tierra que, sólo en la península de Jaffna, el Ejército quiere convertir en “Zonas de Alta Seguridad (HSZ)” permanentes.

A pesar del fin de la guerra civil, y tal como refiere el mismo informe, “el gasto militar ha aumentado continuamente durante los últimos años”. Si en 2009, último año de conflicto, se destinaron hasta 1.100 millones de euros para gastos militares, en 2015 tal presupuesto ascendió a 1.900 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 16,6% de los presupuestos generales del estado.

Asimismo, se señala que los militares han centrado este aumento del presupuesto cada vez más en el turismo —además de en otro tipo de “tareas comunes” o “promoción de la agricultura”—, con los tres cuerpos del ejército, Tierra, Mar y Aire, abriendo hoteles por todo el país y ofreciendo cada vez más actividades turísticas. En declaraciones de un teniente coronel recogidas en el informe, “la intención de las Fuerzas Armadas en los próximos años es la de gestionar más de 150 hoteles en todo el país”.

Debido a estas incautaciones, la organización apela a los proveedores de viajes a que no ofrezcan hoteles administrados por militares u otras actividades turísticas que se rigen bajo supervisión del Ejército, “a menos que se pueda demostrar que [dichas ofertas] no se basan en la adquisición de tierras ilegales u otras violaciones de los derechos humanos”. Y cita, como ejemplo, a uno de sus investigadores, quien reportó el caso de un residente que vio cómo comenzaban las obras de construcción de un hotel de lujo en sus tierras sin que nadie del Gobierno cingalés le hubiera avisado ni pedido ningún permiso.