Juan Branco (Estepona, 1989) está convencido de lo que acaba de hacer. Es uno de los abogados que firma el escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados miembros por la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo en los últimos años, así como los abusos que sufren en Libia.
“Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria”, afirma tajante el letrado francoespañol desde su despacho en París en una entrevista con eldiario.es. “Ha sido un ataque sistemático contra una población civil”, agrega. Está parafraseando, casi palabra por palabra, lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende por crímenes contra la humanidad. Junto al genocidio, los crímenes de guerra y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional con sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no están dispuestos a investigarlas y perseguirlas.
Su denuncia ha sido difundida por medios de comunicación de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, pero también hay quien duda de que pueda llegar a prosperar, como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE, quien ha asegurado en Twitter que “pese a las evidencias morales y políticas”, existen “considerables dificultades técnico-jurídicas” a la hora de que la solicitud tenga recorrido.
Branco, que estuvo trabajando durante un año en la Fiscalía del tribunal internacional, defiende que la demanda es “muy viable y muy difícil de rechazar”. “La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político”, esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.
Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE “tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola” y subrayó que “no es la política europea la que causa estas tragedias”, sino los traficantes que “explotan la miseria humana”. Bertaud insistió en que el presidente Jean-Claude Juncker ha dicho que poner fin a la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los abogados identifican como momento clave, “era un gran error”. “En lugar de culpar, hay que trabajar juntos”, zanjó.
Han estado dos años trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el pasado lunes. ¿Por qué decidieron emprender el proceso?
La organización Forensic Architecture contactó con nosotros. Había hecho un análisis de los que entonces todavía se llamaba “drama” en las costas libias y que mostraba cómo justamente actores de la Unión Europea habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención muy extraña de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía desde un punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y nos dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que podría ser juzgada.
¿Por qué considera importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?
Es esencial porque hoy en día, políticamente, tiene ventajas emprender este tipo de acciones porque te permite resolver una cuestión que aparece como problemática en el espacio público, como las migraciones, sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que la resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea es a través de, simplemente, muertes.
Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes porque no hay ningún tipo de imputación. Pero por eso se crearon herramientas como la Corte Penal Internacional, para evitar, precisamente, que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener beneficios políticos. Cuando introducimos un riesgo para los políticos, por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI, evidentemente empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de las ONG, quizás lo tengan más en cuenta.
Pero no es la primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los tribunales. Hay casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la diferencia ahora?
Una decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias penales, en particular para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden correr el riesgo, pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y pueden permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya. Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan con las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.
¿Creen que es jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a juzgar a dirigentes de la UE por su política migratoria?
Demostramos que han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población civil, las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, inclusive aliarse con mercenarios en Libia que han hecho el trabajo en su nombre. Ellos los han financiado y los han apoyado operacionalmente.
Han puesto en marcha una política extremadamente represiva sin que esto acarree ninguna responsabilidad jurídica porque oficialmente no eran ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros desenmascaramos ese sistema y demostramos que la verdadera responsable de los crímenes masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha calificado de crímenes contra la humanidad– es la UE.
¿Qué papel jugaría entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al Estatuto de Roma?
Es un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes, pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se contente con los ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a quienes las han elaborado.
Libia no tiene ningún interés propio en estas políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas. Ese sistema existe desde la época de Gadafi. El problema es que con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica.
Frente a eso, la Unión Europea reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó porque los migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las ONG los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones criminales que cometen crímenes gravísimos de los que la UE se ha vuelto de facto corresponsable.
Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?
Hay tres niveles de responsabilidad. Primero, los responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. Segundo, responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Luego están quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del lado de Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión Europea.
En cada etapa, hay que determinar quién es el mayor responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande? ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Depende mucho de lo que la investigación demostrara y de la capacidad de establecer quién, detrás de las apariencias, era el que pesaba más para llevar a cabo estas políticas. Evidentemente, el comisario griego de migración actual [Dimitris Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera que la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debería ser juzgado, se necesita una investigación, y pedimos que sea en estas tres dimensiones.
Acusan a la UE de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?
Hay dos periodos. El primer período es la transición del programa Mare Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato directo, dejando morir por omisión -lo calificamos así-, a miles de personas a las que podían salvar y rechazaron hacerlo. La segunda parte son estos crímenes cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los campos de detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG, de la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.
¿Por qué consideran que el paso de la operación liderada por Italia Mare Nostrum, que salvó miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las pruebas que aportan para acusar a la UE?
Demostramos cómo los dirigentes de la Unión Europea eran perfectamente conscientes, antes de hacerlo, de que iba a provocar un auge inmenso de las muertes en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera consciente porque consideraban que era prioritario poner fin a estos tránsitos migratorios aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron justamente para adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo, el caso 'Hirsi', que prohibía volver a llevar a territorios que no eran seguros a las personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea decidió dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus países.
Esa fue la primera razón. La segunda fue simplemente disuadir a estas personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el límite que marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo políticas migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de manera consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual sea la opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no en el sentido moral, sino de la ley.
En el escrito repiten la misma idea, que tenían “conocimiento pleno” de las consecuencias de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?
Nos apoyamos en documentos internos, inclusive de Frontex, que demuestran que los dirigentes europeos conocen la situación. Cuando ellos hablan de tragedia, la realidad es que fue una tragedia provocada.
Sin embargo, hay quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido que puede tener su denuncia ante la Corte Penal Internacional.
A nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda es muy viable y muy difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea así, por eso hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe ni es de nuestro interés. Nosotros consideramos que debe hacerse justicia cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y ha llegado en uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30 personas [Germain Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es uno de los casos, de lejos, más graves que la CPI tendría que tratar. No podemos anticiparnos pensando que por razones políticas no abriría una investigación.
Es una investigación muy fácil de llevar a cabo. Hay un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que la autoriza a investigarla como quiera. Sería suficiente con que los funcionarios de la Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la Comisión Europea de París, Bruselas, Roma y Berlín para investigar cuáles fueron las cadenas de responsabilidad que se establecieron. No es ir a investigar en un terreno de guerra, por lo que no hay razón para no hacerlo.
Es decir, se muestra confiado en que la demanda puede seguir adelante.
Si la Unión Europea considera que es inocente, no debería oponerse a la investigación, que ya está abierta, para demostrar su inocencia. Me parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha reaccionado a través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos: admitió que la UE cometió “un error” en su política migratoria que ha causado miles de muertos.
La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos, que no fue un error, sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con miles de muertos y una institución que reconoce su implicación en esa crisis, lo mínimo es investigar y asegurarse de que no fue voluntaria. ¿De qué sirve la Corte Penal Internacional si no es para hacer este trabajo?
¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?
Pedimos que abra una investigación rápida y vaya a las capitales que he mencionado a interrogar a las personas que han participado en esta política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay que acusar a alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen preliminar tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.
Pero a nuestro juicio deberían abrir la investigación inmediatamente. Una vez se establezca que se han cometido actos criminales, hay que ir a buscar a quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya está establecida, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra investigación. Desde un punto de vista jurídico debería tardar un par de meses, si tarda más será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque la Fiscalía puede abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.
En el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, ¿qué puede pasar?
La única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la comisión de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el escrito. Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio para extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de concentración. Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por lo menos, cómplice de estos actos.