Juliet (nombre ficticio), de 16 años, llegó a uno de los centros de recuperación de víctimas de trata con su cuerpo repleto de moratones. La Guardia Civil la encontró desfallecida en una rotonda de Torrevieja, después de haber sido brutalmente explotaba por una red de trata nigeriana. “Venía destrozada, tuvo que estar ingresada durante un tiempo. Se había negado a prostituirse y la dejaron casi muerta”, dice una de las responsables del punto de protección en el que se encuentra. Su testimonio fue el punto de partida de una investigación internacional que ha culminado con 39 mujeres liberadas y 89 detenciones.
La Guardia Civil ha dado a conocer este jueves los resultados de la operación policial Nanga-Parbat. Tras ser captadas en Nigeria y trasladadas a Italia por la ruta del Mediterráneo Central, las jóvenes eran explotadas sexualmente en diferentes puntos de España, como en Almería, donde las mujeres permanecían encerradas en “casas-cuevas” en condiciones infrahumanas. La Europol lo ha calificado como uno de los golpes más duros contra la mafia nigeriana en Europa pero, una vez difundidos los resultados policiales y publicados los grandes titulares, ¿qué pasa con las víctimas de trata localizadas?
“Llegaron tras haber pasado muchas horas en comisaría”, describe una de las responsables del proyecto de la congregación religiosa de Adoratrices que presta asistencia a las mujeres víctimas de trata liberadas tras la operación Nanga-Parbat. “Vienen muy asustadas y muy cansadas. Van encontrándose con otras mujeres que hablan su idioma y van dándose cuenta de que aquí están seguras, pero todas pasan por periodo de miedo”, explica.
“Preguntan preocupadas por su deuda, si las volverán a encontrar… Los daños físicos y psicológicos son muy fuertes. Vienen destrozadas. Aunque, poco a poco, vamos viendo cómo se les cambia la cara”, añade. Ni el nombre de la portavoz del proyecto ni el lugar en el que se encuentra puede hacerse público para proteger a las víctimas de trata.
Primer paso: su identificación como víctimas
Tras un operativo policial contra la trata con fines de explotación sexual, el primer paso para comenzar el proceso de protección es la identificación como víctimas de las mujeres localizadas. En este punto comienzan las discusiones con algunas organizaciones especializadas, como Women’s Link o SICAR, que solicitan que el personal de las ONG encargadas de su posterior protección puedan formar parte del proceso de identificación.
Según describen desde Adoratrices, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil avisan a la ONG, generalmente, cuando las mujeres liberadas ya han testificado en comisaría. Son los agentes quienes las identifican o no como víctimas de trata. “Desarticulan la mafia y las chicas pasan a comisaría porque tienen que hacer una denuncia formal. Si ellos determinan que son víctimas de trata y requiere la protección, ellos nos avisan y llevan a las chicas a los centros. A veces nos llaman antes, cuando las mujeres están muy nerviosas”, detallan.
Esta forma de actuar es, precisamente, la que critican otras muchas organizaciones sociales. Desde SICAR Cat, apuntan que, aunque “se ha mejorado mucho” en la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las ONG especializadas, en ocasiones continúa sin producirse un contacto previo con la organización a la identificación de las víctimas. “Hay veces que una operación libera a 20 mujeres pero solo vemos a tres. ¿Qué pasa con el resto?”, se pregunta Rosa Cendón, coordinadora del programa SICAR Cat.
“Hemos defendido que la Policía no nos tiene que utilizar como un plus, sino que somos nosotras las que tenemos que hacer ese trabajo. No se puede brindar ayuda únicamente a quienes colaboran con la Policía. Somos nosotras las que tenemos presentar a las víctimas nuestro trabajo y darles la información, no solo la Policía”, añade Cendón.
Una vez desarticulada la red, las mujeres liberadas identificadas como víctimas de trata que se encuentren de forma irregular en España tienen derecho a un periodo de restablecimiento y reflexión, en aplicación de la Ley de Extranjería. “Este orden no es casual. Primero, es necesaria la recuperación de la víctima tras haber vivido en un contexto de explotación, seguramente les ha asustado la operación policial y tienen que recuperarse”, reiteran desde SICAR.
Entonces, el Estado tiene la obligación de facilitar los medios necesarios para ofrecer una asistencia especializada con una ONG durante un mínimo de 90 días. “Las mujeres deben ser informadas de los derechos que tienen y, durante este tiempo, tomarán una decisión que sobre si quieren colaborar con la justicia. Según el Artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, en el caso de que se quiera denunciar, la víctima obtendrá un permiso provisional de un año de estancia en España que puede convertirse en un permiso de cinco años si el caso acaba en condena.
“No obtienen los papeles por el hecho de ser víctimas”
Varias ONG especializadas critican que acceder a colaborar con la policía a través de su testimonio no supone una garantía para que las víctimas de trata puedan permanecer en España legalmente. Si no hay condena, una mujer que se haya arriesgado a denunciar a sus tratantes y que haya iniciado una nueva vida en España a través del sistema de protección, puede ser objeto de una deportación a su país si no logra regularizar su situación a través de otra vía.
“La ley no blinda a las víctimas de trata para que se queden aquí. En un primer momento, puede ser que estas mujeres se puedan hacerlo porque son necesarias para una investigación pero el hecho de ser víctimas no significa que obtengan los papeles”, sostiene Gema Fernández, abogada de Womens Link.
“Algunas prefieren regresar a sus países. Si se quieren quedar, creemos que debería permitirse su residencia como mecanismo de reparación pero, con la normativa actual, existe el riesgo de que en futuro puedan deportarlas a Nigeria, donde podrían volver a exponerse a la violencia de las redes”, considera la letrada.
¿Liberadas? La deuda y el miedo continúa
Más allá de los problemas burocráticos, los tentáculos de las redes de trata continúan coaccionando a muchas víctimas a pesar de haber logrado escapar de esta. “El hecho de que se detengan a los tratantes no significa que estas se puedan liberar de la deuda, pues se hereda por parte de otros miembros de la red extensa. Y estos pueden lograr contactarlas y continuar con las amenazas”, explican desde Women’s Link.
“Estas mujeres tienen deudas que están selladas por lo que supone el Vudu-yuyu, que no hay que entenderlo como una ceremonia ritual, sino como un contrato que se establece con la red. Si las víctimas lo rompen, la parte de la red que está en Nigeria puede amenazar a las familias para que sigan pagando”, explica Helena Maleno, defensora de derechos humanos e investigadora de trata de seres humanos.
A veces, las amenazas se cumplen. “Hemos tenido mujeres en nuestros centros a las que han quemado sus casas en sus países de origen, han atacado a sus familiares. O incluso dos asesinatos. Las amenazas son reales”, detalla Cendón.
Por miedo a posibles ataques contra sus familiares, muchas víctimas continúan pagando la deuda. “Nada más llegar, nos preguntan: ¿ahora podré trabajar en otra cosa rápido? Tengo que seguir pagando. Por eso decimos, en ocasiones, el sometimiento de estas mujeres no acaba tras la supuesta desarticulación de la red. Muchas no son liberadas realmente”.
Para evitarlo, sostiene Gema Fernández, es muy complicado por lo que es necesario empezar a trabajar en esta dirección. “Desde las instituciones se debería iniciar esa conversación con ellas en torno a la deuda con las mujeres: su familia, seguir considerando a la mujer”.
Para aislarse de los cabos sueltos de la red, las autoridades aconsejan a las víctimas de trata desvincularse de sus compatriotas, para que los tratantes no acaben conociendo datos sobre su paradero. Pero mantener este aislamiento no es fácil. “A las mujeres nigerianas les cuesta mucho romper con sus orígenes y eso también les provoca mucho dolor. La ruptura es muy grande. Para autoprotegerse, tienen que evitar el contacto con comunidades nigerianas, no ir a sus iglesias…”, dice la coordinadora de SICAR Cat.
En la operación anunciada este jueves, una de las mujeres liberadas estaba embarazada. Según su testimonio, recogido por la Guardia Civil, durante el transcurso de la investigación era forzada a tomarse pastillas abortivas, cuando la joven deseaba tener el bebé.
Finalmente, fue rescatada antes de tiempo pero la red, apuntan desde el Instituto Armado. Ahora, la joven “está a punto de dar a luz”, pero las amenazas ya han llegado a su familia en Nigeria. Los investigadores sospechan que el asesinato de dos personas en su país puede estar relacionado con los hechos.
“Nos alegramos de los resultados de esta operación, pero es necesario que las autoridades entiendan que no es el fin del sometimiento de las mujeres. Y debemos trabajar para mejorar su protección a nivel estatal”, solicita Rosa Cendón. “Hasta que no ocurra, la liberación real de estas mujeres no se producirá”, concluye.