La principal obsesión de Asraf es que su hermano pequeño, Mohamed, de trece años, no tenga que sortear en un futuro las mismas barreras con las que él choca a diario por residir en Melilla en situación administrativa irregular. Tiene 21 años y llegó a la ciudad autónoma desde Tetuán con solo uno, pero todavía no ha podido acreditar su arraigo ante los ojos de la Administración. Según cuenta, lleva 14 años viviendo con su familia en la misma casa, en el barrio de Reina Regente, pero sin un contrato que lo demuestre.
Ahora, a través de su hermano, este joven ha visto cumplido uno de sus sueños. “Él ha logrado algo que yo deseaba cuando era un crío, ir a un colegio español. Por mucho que me nieguen la documentación y a mi hermano también, somos de Melilla. Existimos y estamos aquí”, sostiene en una conversación con eldiario.es.
Su hermano Mohamed es uno de los 120 niños que este curso han sido escolarizados en centros públicos de Melilla sin estar empadronados o disponer de la tarjeta de residencia. Los menores que no pueden acceder a la escuela, la mayoría nacidos en Melilla, son hijos de familias de origen marroquí que no cuentan con residencia regular en España.
De una manera u otra, terminaron estableciéndose en esta ciudad ante la falta de oportunidades al otro lado de la frontera, aunque eso conlleve vivir en situación irregular. En muchos casos, fue un permiso de trabajo lo que permitió a los progenitores cruzar el perímetro melillense y terminar quedándose en territorio español. Esta circunstancia se ha ido perpetuando a lo largo de décadas: muchos de estos niños son la segunda y tercera generación que crece en Melilla.
El anterior Gobierno central exigía su empadronamiento para poder matricularse en la escuela, pero la Ciudad de Melilla negaba la emisión del padrón a sus padres. La falta de documentación era el motivo por el que la anterior Dirección Provincial del Ministerio de Educación les negaba el derecho a ir a una escuela. Después de que el Ejecutivo cambiase de manos, se permitió a los familiares que entregaran otro tipo de documentación para estudiar caso por caso.
“Han aportado la tarjeta sanitaria de los niños, el libro de familia, facturas de la luz o del butano, contratos...”, explica el actual director provincial, Juan Ángel Berbel. Así, se ha llegado a la conclusión de que son menores que residen de forma habitual en la ciudad y se ha procedido a su matriculación.
El hermano de Asraf se enteró de que había sido admitido en un colegio de Melilla el 21 de septiembre cuando se publicó la lista de nueva escolarización extraordinaria. “Empezó a dar saltos de alegría, estaba como loco de contento... no paró en todo el día de la emoción”, relata el joven.
Antes, Mohamed acudía a la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes, un centro que no es compatible con el sistema educativo español. “Siempre protestaba y decía que por qué iba a tener que ir a un colegio para alumnos marroquíes, si él es melillense; eso es lo que duele, que te hagan sentir diferente cuando llevas toda la vida viviendo aquí, hablas la misma lengua y tienes las mismas costumbres que el resto de las personas”, asegura.
Asraf trabaja por las tardes y por las mañanas cursa segundo de Magisterio, aunque estuvo cerca de renunciar a la formación universitaria. Conoce de primera mano las dificultades que se presentan a los alumnos de la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes cuando pretenden continuar sus estudios en España.
“Tuve que viajar en muchas ocasiones a Marruecos para homologar mis estudios, que equivalían a Bachillerato, y encontré muchísimos problemas a la hora de tramitar toda la documentación que me solicitaban”, resume. Ahora que sabe que su hermano no tendrá que pasar por este proceso, dice estar mucho más tranquilo. “Al menos, esta barrera ya la habrá superado”, apunta.
Un año de protestas
Como Mohamed, otros muchos niños de Melilla han vivido durante años en un limbo educativo a causa de su situación administrativa. Fue en noviembre de 2017 cuando un grupo de madres y sus hijos iniciaron una serie de movilizaciones, de la mano de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), para reivindicar que los pequeños pudieran estudiar en los centros de la ciudad.
Sumia y Abdessamad, de cinco y nueve años, son dos de los menores sin empadronar que, hasta el pasado julio, se manifestaron semana sí y semana también frente a la Dirección Provincial de Educación, la Delegación del Gobierno o la Fiscalía.
Repitieron una frase hasta la saciedad: “Hola, cu cú, queremos ir al colegio”. En las primeras concentraciones, los niños reían como si aquello fuera un juego, pero conforme pasaban los meses y se aproximaba el fin del año escolar, se hacía más evidente la rabia y la desesperación en los gritos de protesta.
Ahora que Sumia y Abdessamad tienen un colegio, su madre, Latifa, se pregunta cuál es el “verdadero motivo” por el que se ha permitido que los niños pasen un curso entero reclamando una escuela. “No creo que fuese tan difícil comprobar que vivimos en Melilla, podrían haber mandado a la Policía a nuestras casas e incluso vigilarnos, pero no querían”, comenta.
Esta madre cuenta que nació hace 41 años en la ciudad autónoma, pero sus padres nunca la registraron porque tampoco tenían papeles, indica. “Sé lo que es vivir siendo invisible, sin tener derechos, por eso estoy feliz de que mis hijos empiecen a tener más oportunidades de las que yo he tenido”, sostiene la mujer, que saca adelante a su familia trabajando como costurera y limpiando viviendas sin contrato.
El Gobierno local se opone a la escolarización
Mientras las familias y los pequeños celebraban la noticia de la matriculación como una victoria, el Gobierno local, del Partido Popular, reaccionó manifestando su rechazo en bloque. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, afirmó que denunciaría al director provincial y que llevaría este asunto hasta el Parlamento Nacional.
Imbroda incidió públicamente en que se estaba obligando a los centros a admitir a niños de Marruecos que, en ningún caso, debían ser escolarizados en la ciudad sin un padrón. Además, cifró a este grupo de menores en unos 700, cuando Educación habla de 120. Una de las madres afectadas, Naima, no da crédito a las palabras de Imbroda. “Ellos saben perfectamente que estos niños son de Melilla porque todos los años viene una asistente social a la casa para comprobar que se encuentran bien atendidos”, responde molesta.
Por otro lado, algunos sindicatos educativos de Melilla también han protestado por la escolarización de estos niños poniendo el foco en que la ratio de las aulas, la más alta del país, podría verse aún más sobrecargada, además de incidir en la falta de centros y medios que padece la ciudad.
No obstante, Berbel está convencido de que ha hecho lo que había que hacer: “Los únicos requisitos que tienen que cumplirse para que estos niños vayan al colegio es que demuestren su arraigo, cosa que han hecho, y que tengan edades comprendidas entre los seis y los 16 años”, defiende. E insiste en que el padrón no es determinante. “Ni situación administrativa irregular, ni regular: son niños”, subraya.
Además, cuenta que las solicitudes de matriculación de estos 120 pequeños fueron encontradas en un despacho, sin que hubieran sido registradas de forma oficial. Ni siquiera se sabe en qué fecha fueron entregadas, explica, ya que no tienen ningún sello. Berbel dice que desconoce si hubo intencionalidad por parte de la anterior Dirección Provincial de no mostrar estos documentos o si se llegó a hacer algún trámite al respecto.
“Cuando se entrega un papel en Educación tiene que ser registrado oficialmente, con su sello de entrada, y devolviéndose una copia al padre o la madre correspondiente; este es el procedimiento que debe seguirse y que, en estos casos, no se llevó a cabo, por lo que estos documentos se cogieron sin garantías para los usuarios”, recalca.
Según sus cifras, 32 menores se han quedado sin matricular a la espera de aportar la documentación que demuestre su arraigo en Melilla. Se estima que el 15% de la población en edad escolar infantil residente en la ciudad autónoma no está matriculada.
“Lo han pasado muy mal, pero han ganado la batalla”
Al presidente de la asociación Prodein, José Palazón, que ha acompañado a los menores y sus familias durante el año de protestas, no le sorprenden las declaraciones del presidente ni tampoco la postura de algunos sindicatos educativos de Melilla. “Una vez más, queda de manifiesto todo el racismo, el rechazo que hay en la ciudad y la ilegalidad que se ha cometido al permitir que estos niños pasen todo un año en la calle pidiendo ir a un colegio”, comenta.
El activista, que lleva más de dos décadas denunciando vulneraciones en la frontera sur, prefiere quedarse con lo positivo de esta historia. “Los niños lo han pasado muy mal, pero han ganado esta batalla y han aprendido lecciones que tienen un valor incalculable: saben lo que cuesta ir al colegio y, lo mejor, que lo han conseguido ellos mismos con su esfuerzo”, resume.
Las familias, por su parte, se muestran convencidas de que el apoyo de la ONG local ha sido crucial en este proceso, que ha terminado con final feliz: “Nunca vamos a tener suficientes palabras para agradecer lo que ha hecho por nuestros hijos”.
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Todos los nombres de los menores mencionados en este reportaje son ficticios para preservar su intimidad.